El 9 de agosto se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento que evaluará la situación del juez Héctor Mariscal Astigueta y el fiscal Jorge Armando Cazón por su intervención en el caso de la niña wichi a la que se impidió acceder al aborto no punible.
Martes 2 de agosto de 2016
El próximo martes 9 de agosto a las 9 horas, en la provincia de Salta, se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que decidirá sobre la admisión formal de la denuncia que pesa sobre el juez de Garantías de Segunda Nominación de Tartagal Héctor Mariscal Astigueta y el Fiscal Penal de Salvador Mazza Jorge Armando Cazón, por su participación en el caso de una niña wichi a quien la justicia negó el derecho al aborto no punible tras ser víctima de una violación.
Recordemos que en noviembre de 2015 Juana fue víctima de una violación colectiva en Alto La Sierra, una localidad ubicada a 70 kilómetros de Santa Victoria Oeste , en una zona fronteriza con Bolivia y Paraguay, donde no hay siquiera cloacas ni agua potable.
Tres meses después, el juez Astigueta liberó a los ocho acusados de estos repudiables hechos sin realizar siquiera los análisis de ADN que exige cualquier procedimiento semejante. Por su parte, el fiscal Cazón sostuvo que la niña “habría estado embarazada antes de ser violada”, quitando cualquier tipo de responsabilidad a los acusados -que ya habían sido liberados de manera completamente irregular- y revictimizando a la niña. Sentando un escandaloso precedente, este fiscal llegó incluso a sostener que “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”.
Ante estos hechos, el juez de la Corte de Justicia de Salta Abel Cornejo solicitó en junio pasado el jury de enjuiciamiento, aduciendo mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes de estos funcionarios.
El caso de Juana, que despertó un enorme repudio al accionar judicial, mostró nuevamente la vulnerabilidad de los derechos de las comunidades wichi. No sólo “falló” la justicia: también las políticas implementadas demagógicamente por los Ministerios de Primera Infancia, Derechos Humanos, Salud y Asuntos Indígenas, dependientes del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Después del hecho, Juana no tuvo acceso a la anticoncepción de emergencia ni al derecho al aborto no punible. Fue sometida a una operación para interrumpir el embarazo con 6 meses de gestación, debido a que el feto tenía una malformación genética, y la vida de Juana corría peligro.
Como sucede actualmente con Belén en la provincia de Tucumán, el caso de Juana mostró que la justicia tiene un rostro patriarcal y de clase: tanto ella como la joven tucumana fueron revictimizadas por ser mujeres y pobres.
Recordemos a los lectores de La Izquierda Diario que en Salta no sólo se incumple con el Protocolo de aborto no punible sino que, mediante el Decreto 1170,se busca evitarlo desde la judicialización.
Florencia Gasparini
Nació en 1979. Es maestra en escuelas públicas de Salta y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Integra la redacción de La Izquierda Diario Salta.
