Familiares encabezaron diferentes acciones por el joven que murió junto a otros tres en una metalúrgica, con complicidad de la UOM y la Secretaría de Trabajo.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 19 de noviembre de 2015
Fotografía: APA
A principios de noviembre de 2013 un “accidente”, como se denominan habitualmente las desidias patronales, ocupó los titulares de los diarios provinciales. En la madrugada del 2 de noviembre, entre las 3 y 3.30 horas, el horno de una metalúrgica se averió y según los primeros informes se desplomó una tapa y los restos de fundiciones cayeron sobre los operarios. Seis trabajadores fueron alcanzados por los restos que superaban los 1500°C, provocándoles graves heridas y quemaduras de tercer grado. Walter Ricardo Gómez (31 años), Juan Bautista Rodríguez, José Juárez y Marcelo Nuñez murieron en el transcurso de las semanas siguientes producto de las quemaduras. Ramón Jiménez y Manuel Ledesma sobrevivieron pero tuvieron graves secuelas productos de los traumatismos.
Los responsables de la empresa Proyectos Metalúrgicos presentaron los hechos como un accidente pero los testimonios de familiares describieron las condiciones de precarización laboral: no tenían ropa adecuada para una tarea tan riesgosa y trabajaban como ritmos extenuantes. Walter y sus compañeros llevaban trabajando 24 horas. El galpón ubicado en el corazón de la Ciudadela, en la esquina de Lavalle y Matienzo, tampoco reunía las condiciones: la gotera en las chapas hizo que la lluvia que se filtraba precaricen aún más las condiciones de trabajo.
Con unos 110 empleados, Proyectos Metalúrgicos se especializa en realizar cilindros para ingenios azucareros. Según un informe realizado por el periodista Diego Tomás para Infojus, Proyectos Metalúrgicos es propiedad de Luis Manuel José Paz, cuyo presidente es Rodolfo Eugenio Guerci. El único imputado es Héctor Luis Prado, asesor de Seguridad e Higiene.
La investigación se encuentra en la Fiscalía de Instrucción de la III Nominación, subrogada por Guillermo Herrera. Prado es el único imputado en la causa y adujó que se trató de un “accidente” productos de por “el exceso de confianza y descuido de los operarios”. Eva Giménez, madre de Walter, lucha desde hace dos años para que las responsabilidades se extiendan a los dueños, socios y encargados. También denuncia que la investigación no avanza y que inclusive tardan toda una mañana en encontrar el expediente.
La burocracia sindical y el Estado del lado de la precarización
Eva, integrante de la Comisión de Familiares víctimas de la Impunidad impulsada por Alberto Lebbos, señala que la responsabilidad también llega a la dirigencia de la UOM y a la Secretaría de Trabajo.
En el marco de una movilización, Eva declaró a la prensa: “El culpable es el Estado, las patronales, el sindicato. El Estado permite que estas patronales trabajen en la precariedad en la que trabajan. ¿Y los sindicatos? El sindicato nunca ha estado presente. Incluso yo he pedido que se haga presente el señor Antonio Caló (titular de la UOM), nunca ha respondido. Ellos están presente cuando tienen que cobrarle la cuota (sindical) al obrero, pero cuando el obrero necesita no”.
Lo que sucedió hace dos años en el taller de la Ciudadela es parte de la vida cotidiana de miles de trabajadores que trabajan en negro o en condiciones de precarización laboral. Situaciones que se repiten y en donde el único fin consiste en maximizar las ganancias. Cientos de “accidentes” laborales se suceden en fábricas y talleres sin que pasen “a mayores”. Para enfrentar esta precarización de la vida es necesario forjar una organización obrera dispuesta a batallar contra la “santa alianza” entre la patronal, la burocracia y el Estado.
