Durante el gobierno anterior miles de trabajadores del ferrocarril Roca fueron injustamente despedidos, cerrándose también Ferrobaires y varios ramales. Por ello iniciaron varios reclamos, desoídos por las autoridades, y hoy lanzan una campaña contra la criminalización tras haber sido espiados por orden de una fiscal.
Martes 23 de marzo de 2021 10:34
Durante el gobierno de Macri miles de trabajadores del ferrocarril Roca fueron injustamente despedidos incluido el cierre de Ferrobaires y ramales. Por ello iniciaron varios reclamos desoídos por las autoridades Macristas y por las del gobierno del Frente de Todos.
Luego de meses de lucha y sin obtener respuestas por su justo reclamo por sus puestos de trabajo arrebatados, luego de varias medidas de visibilización de su lucha, al día de hoy no solo pelean por su reincorporación sino también contra una injusta e infundada causa penal que le arman a los referentes de la lucha.
Indigna y no se puede permitir la criminalización de la protesta social, siendo el reclamo legítimo por sus puestos de trabajo. Pero aún más indigna y configura un escándalo que para tratar de inculpar a los trabajadores la Fiscal Silvia R. Cavallo, haya asistido a una reunión que los trabajadores tuvieron con personal del ministerio de trabajo para tratar de obtener datos para armar la causa, sin obtener elementos para criminalizar ordena realizar “inteligencia” persiguiendo, a través de la policía federal, a los principales voceros de los trabajadores. Como si fuera poco, la misma fiscal solicita “pinchar” intervenir los teléfonos celulares de aquellos voceros para realizarles escuchas. Todo para acusarlos desde la Fiscalía Federal de Quilmes a pedido del denunciante quien fuera su empleador, que los despidió Operadora Ferroviaria S.E. Se los acusa por el delito del artículo 194 del código penal artículo que viene del año 1968, cuando el dictador Juan Carlos Onganía emite el decreto-ley 17567 mediante el cual entre otras medidas se incluye esta norma para criminalizar la protesta social.
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Durante todos los gobiernos posteriores se ha mantenido esta ley. Incluso el último gobierno de Perón, a pesar de que derogó otros artículos de la 17567 mantuvo el referente al 194. La aprobación de la ley antiterrorista por el gobierno de CFK y el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich fortalecen esta figura represiva. La lucha de estudiantes y trabajadores ha conseguido fallos de sobreseimiento contra esta criminalización de la protesta, fue en el caso de los trabajadores ferroviaros en lucha por el pase a planta en 2010, y recientemente ocurrió a quienes apoyaron la histórica lucha de los trabajadores de Lear.
Es preocupante esta situación en un momento donde los trabajadores vuelven a poner sobre la mesa la tercerización laboral, como en el caso de los trabajadores de EMA tercerizados de EDESUR, y también de MCM tercerizados del ferrocarril Roca, justamente donde la última gran lucha contra la tercerización en 2010 terminó con 3.000 trabajadores pasando a planta, pero también con Mariano Ferreira asesinado por la burocracia sindical con la complicidad de la policía.
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A días del 24 de marzo, donde se rememora el golpe de estado genocida de 1976, donde se persiguió, torturó, mató y desapareció a decenas de miles de trabajadores, es intolerable que se armen este tipo de causas, donde se pretende a través de espionaje y seguimiento policial y la intervención y escucha de teléfonos, criminalizar un justo y legitimo reclamo por puestos de trabajo.
Sin quedarse de brazos cruzados los trabajadores ferroviarios despedidos en el día de hoy realizaron una asamblea donde votaron, marchar este 24 de marzo, impulsar una gran campaña por la reinstalación en sus puestos de trabajo y contra el intento de criminalización de la protesta. Luego se votó y se marchó en solidaridad a la casa de Neuquén a apoyar al FOL en su denuncia por el ataque de patotas que sufrió dicha organización en su local de la provincia patagónica.