Los alegatos comenzaron el lunes. La defensa dice que fue una puesta en escena con fines políticos. El martes próximo se dictará la sentencia.
Miércoles 27 de abril de 2016
En septiembre del 2013, ocho policías de Córdoba fueron acusados de formar una banda que se quedaba con estupefacientes y dinero que secuestraban en allanamientos. Luego vendían la droga o la plantaban en otros allanamientos para fabricar causas. Varios de ellos pertenecían a divisiones relacionadas con la lucha contra las drogas. Uno de los policías, Juan Alós, apareció muerto de un balazo en la cabeza unos días después. La causa por esa muerte aún está abierta.
Desde ese momento los acusados están en prisión preventiva y en marzo pasado comenzó el juicio, en el Tribunal Oral Federal N° 2, que preside el juez Miguel Vaca Narvaja. Los delitos imputados son asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad.
El pasado lunes, el fiscal Abel Córdoba pidió penas de entre 15 y 8 años de prisión para los acusados. La más alta la pidió para Rafael Sosa, ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico. Córdoba planteó que “Sosa era un jefe con todas las letras en lo legal y lo ilícito y montó una estructura de poder organizada”, aunque “todos eran miembros activos y asignaron roles”.
Para el fiscal, fue “la flexibilidad estructural de la división [antidrogas] y su autonomía de financiamiento permitieron la asociación ilícita”. Solicitó además que los siete acusados tengan prohibido ejercer un cargo público de por vida. Aseguró que la muerte de Alós “está relacionado con el avance de la investigación” del narcoescándalo. “La última preocupación de Alós fue el avance de esta investigación y qué iba a pasar cuando la ilegalidad de la división llegara a la Justicia”, afirmó.
Ayer fue el turno de los defensores de los policías. Gustavo Franco, abogado de Sosa, pidió la absolución y la libertad de su cliente. Atribuyó el caso a un plan “maquiavélico” de la gestión kirchnerista para dañar a José Manuel De la Sota, en ese entonces gobernador de la provincia, en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2013.
Por otro lado, el letrado apuntó contra el testimonio del agente encubierto Juan Viarnes, a quien acusó de ser un “mitómano estafador y agente inorgánico de los servicios de Inteligencia” y de tener vínculos con el secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni. Franco reconoció que Sosa conoció a Viarnes en el 2012 y la acusación de asociación ilícita es por hechos de 2010 y 2011.
Viarnes, quien desató el escándalo en el 2013, se encuentra prófugo desde el 2014. El mismo lunes se conocieron indicios de que Viarnes estaría con vida y habría solicitado la renovación del documento de identidad en junio pasado. El juez Vaca Narvaja dijo en los medios que solicitó a las autoridades nacionales a profundizar la búsqueda del informante.
