En un gesto que busca mostrar un cambio respecto a la política antimapuche de Bullrich, las ministras de Seguridad y de Justicia viajaron al sur y se pusieron “a disposición” de la familia del joven asesinado por Prefectura en 2017. El crimen sigue impune y los asesinos en funciones.
Viernes 4 de diciembre de 2020 17:27
Fotos Prensa Ministerio de Seguridad
El hecho fue inusual: dos ministras del gabinete de Alberto Fernández visitaron en su casa a los padres de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en noviembre de 2017 por la Prefectura luego del desalojo de su comunidad en Villa Mascardi. Están las imágenes que reflejan el gesto, y algunos compromisos con la madre y el padre de Rafita, como lo llamaban.
Sin embargo, el contexto del encuentro es un conflicto que más allá de las intenciones oficiales de diálogo no encuentra cauce para una solución sino que se intensifica. Las representantes del Poder Ejecutivo Nacional llevaron a esa familia algunas resoluciones referidas al congelamiento del cierre de los sumarios administrativos internos de los tiradores de Prefectura, a la espera de lo que suceda en una causa que el Poder Judicial aún mantiene en la impunidad.
La Izquierda Diario pudo saber que los Nahuel-Salvo se sintieron escuchados y esperan que las promesas oficiales se traduzcan en un apoyo económico, institucional y social que necesitan. “Sintieron que a lo mejor los ayudan”, dijo la fuente allegada sobre el cambio de estrategia de los nuevos funcionarios respecto del macrismo. Pero marcó que “más allá de la foto lo que ofrecieron dejó sabor a poco ante la magnitud del operativo represivo con disparos de armas de fuego que incluso fue negado por esa fuerza, y que culminó con el asesinato de Rafita”.
Pese a estar cumpliendo un año al frente de sus respectivas carteras, las ministras no llegaron a la casa de la familia de Rafita con muchas novedades para mostrar respecto a un verdadero cambio de gestión de cara a la verdad y la justicia por el joven asesinado por el Estado.
Hay que tener en cuenta que el conjunto de prefectos que mataron a Nahuel, que detuvieron a sus amigos cuando éstos bajaban su cadáver desde el cerro y que luego (junto a sus superiores regionales y nacionales) organizaron la operación mediática-institucional para tergiversar los hechos y criminalizar aún más a los mapuche; continúan cumpliendo tareas en Prefectura.
Más contundente que cualquier promesa hubiera sido que las ministras pusieran a disposición de la familia toda la información, archivos y demás elementos concernientes al caso que sus ministerios acumulan desde mucho antes del 25 de noviembre de 2017. Tal vez eso convencería a las comunidades originarias que hay una verdadera vuelta de página en el sistemático accionar represivo del Estado sobre los mapuche de Villa Mascardi.
Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos, y su par de Seguridad Sabina Frederic estuvieron en Bariloche para participar de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos que se realizó, según la versión oficial, “para avanzar en los acuerdos para reducir la violencia que se ha producido en las últimas semanas en la región”, junto con representantes de la Administración de Parques Nacionales.
Según la misma información, esto ocurrió en el marco de la agenda que el gobierno nacional ha propuesto para la “solución pacífica” de los conflictos de la zona andina de Río Negro, donde grupos de vecinos mantienen una actitud beligerante contra los mapuche.
La comitiva se reunió con representantes de esas comunidades, con el Obispo de Bariloche y con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la misma ciudad. El objetivo, expresaron, es “trabajar sobre la conflictividad y las deudas históricas en la relación entre Estado, nacional y local, y pueblos originarios”.
Antes, las ministras mantuvieron un extenso encuentro con la madre, el padre y el hermano de Rafael Nahuel. La reunión comenzó en la sede del INTA y se trasladó luego a la casa familiar del barrio Nahuel Hue. Allí la familia de Rafita pudo relatar su pesadumbre y desasosiego por la falta de avances judiciales y porque a tres años del hecho no hay procesados en la causa.
En este sentido, según pudo saber este diario, las funcionarias nacionales les explicaron que en los sumarios administrativos de los prefectos que participaron de la incursión, entre ellos quien habría disparado Javier Pintos, fueron congelados para que no corran los plazos de prescripción y sigan abiertos a la espera de los resultados en la causa judicial.
Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, junto a su hijo Ezequiel, también explicaron la situación que atraviesan, mostraron cómo viven actualmente y narraron las dificultades sufridas desde el 25 de noviembre de 2017. Fuentes que participaron del encuentro narraron al sitio En Estos Días que las ministras comprometieron apoyo a la familia y aseguraron que el Gobierno nacional “hará lo que esté a su alcance para garantizar que la Justicia investigue sin presiones”.
Rubén Marigo, referente de la APDH local, calificó como “muy buena” la charla, y valoró el “cambio de actitud” del Gobierno nacional “que antes (por la gestión de Mauricio Macri) criminalizaba el reclamo de Justicia por Rafa”. Marigo destacó que los ministerios de Seguridad y Justicia manifestaron estar “dispuestos a ayudar y a seguir una política de diálogo”.
Sin embargo, un repaso de lo ocurrido hace tres años pone en evidencia que las autoridades de Prefectura de aquel momento ni siquiera fueron alcanzadas por las intervenciones de actual administración. Tal como reflejó La Izquierda Diario el 27 de noviembre de 2017, durante una conferencia de prensa encabezada por Patricia Bullrich la Prefectura elaboró un cuento en el cual sus Albatros “no mataron a nadie, y nunca dispararon hacia los manifestantes sino solo a los árboles, es decir que Rafael puede haber sido asesinado por los mismos mapuches terroristas. La Prefectura, por el contrario, fue atacada por ese foco guerrillero y sólo atinó a salvar su vida”.
Cabe contextualizar que el 14 de febrero de este año los jueces subrogantes de la Cámara de General Roca Alejandro Cabral, Orlando Coscia y Marcelo Grosso dictaron la falta de mérito para Javier Francisco Pintos porque no existían, según ellos, pruebas como para procesarlo ni sobreseerlo. Y ordenaron una nueva pericia balística que despeje las dudas, la tercera.
Los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe concluyeron en 2019, con la adhesión de la perito designada por la querella, que la bala calibre 9 milímetros que extrajeron del cuerpo de la víctima salió del subfusil MP5 asignado a Pintos. En cambio, peritos de Gendarmería establecieron que el proyectil no salió del arma de Pintos ni del subfusil MP5 del albatros Juan Ramón Obregón. Ambos integraban la patrulla de Albatros de Prefectura Naval que interceptó la tarde del 25 de noviembre de 2017 a un grupo de jóvenes mapuches, entre los que estaba Rafael, en Villa Mascardi. Dos días antes el desalojo violento hizo que los represores detuvieran a mujeres y niños, y forzaran a una machi adolescente a comer tierra, entre otros actos barbáricos.
