El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de dos víctimas del Operativo Independencia y la última dictadura militar.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Martes 9 de enero 23:30
Este martes la Justicia Federal notificó sobre nuevas identificaciones de restos óseos en el “Pozo de Vargas”, la fosa clandestina que funcionó durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar. Ubicada en Tafí Viejo, en el límite con San Miguel de Tucumán, fue la fosa más grande del país, llevando un total de 119 identificaciones a partir de los restos hallados por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Carlos Santillán, activista sindical del ingenio San Juan. Santillán era jornalero en el ingenio perteneciente a la Compañía Nacional Azucarera S.A. (Conasa) y fue secuestrado de su hogar en Banda del Río Salí el 11 de julio de 1976. Tenía 28 años.
La represión sobre el movimiento obrero azucarero fue una marca del carácter de clase del genocidio desde su inicio con el Operativo Independencia, iniciado con la ocupación militar ordenada por Estela Martínez de Perón. El ingenio San Juan fue uno de los lugares donde más obreros fueron secuestrados y desaparecidos, por ser un punto de la rebelión obrera y por los intereses empresarios en desguazar Conasa.
La segunda identificación está relacionado con los secuestros y desapariciones en la familia Boca Aragón y Arévalo, con algunos integrantes militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El 29 de febrero de 1976, en Maquinista Savio, en la zona norte del Gran Buenos Aires, fueron secuestrados Francisca Aragón de Boca, Confesor Arévalo y Antonio Arévalo. Confesor y Antonio eran el padre y hermano de Alberto Arévalo, respectivamente. Alberto Arévalo estaba en pareja con María Luisa Boca, otra hija de Néstor Boca (detenido-desaparecido el 3 o 4 de febrero de 1976) y de Francisca Aragón.
María Luisa Boca presenció escondida los secuestros y su pareja Alberto Arévalo decidió partir hacia Santiago del Estero, de dónde provenían los Arévalo. Lo hizo junto a sus hermanos Domingo y Alfredo. En la localidad santiagueña Los Juríes, los tres hermanos fueron detenidos el 1 de marzo y trasladados a Tucumán, dónde fueron vistos en el centro clandestino que funcionó el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Los restos hallados son compatibles con Alfredo y Domingo Arévalo, ya que por la poca diferencia de edades no es posible hacer una distinción (al momento de ser secuestrados tenían 18 y 17 años, respectivamente). Al no tener hijos ambos, fue imposible identificarlos por la descendencia.
Cada identificación en el Pozo de Vargas es una prueba contundente del plan genocida desplegado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles para el beneficio del gran empresariado. Actualmente, el gobierno de Javier Milei aloja a personajes como la vicepresidenta Victoria Villarruel —hija de un represor que actuó en el Operativo Independencia— que levantan las banderas del negacionismo y la impunidad de los genocida. Además sobre las actividades de peritaje e identificación también pesa un desfinanciamiento, que a su vez repercute en los pasos judiciales y agravia el reclamo de los familiares. Razones para seguir peleando por memoria, verdad y justicia.
