El gobernador armó una justicia con mayoría como lo hiciera Menem. No hay tampoco cambio en la elección de jueces por concurso, allí aparecen como evaluadores funcionarios radicales y peronistas.
Lunes 21 de marzo de 2016 08:53
El 16 de abril de 1990 el Senado de la Nación aprobaba la Ley Nº 23.774 por la cual, a pedido del gobierno, elevaba el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve. El 17 de diciembre de 2015, a propuesta del Poder Ejecutivo, la Legislatura de Jujuy aprobaba una reforma similar ampliando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de cinco a nueve miembros mediante la Ley N° 5878/15.
En aquel entonces Carlos S. Menem daba lugar a la tristemente recordada Corte con “mayoría automática”, conformada por su presidente Augusto César Belluscio y sus ministros, Julio Oyhanarte (R), Ricardo Levene (hijo), Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor.
La justicia con el voto abroquelado de cinco integrantes fieles al oficialismo, se manejó de acuerdo a la voluntad de su majestad. Esta Corte dejó correr innumerables actos de corrupción del personal político y de funcionarios que rifaron las empresas del Estado y dieron rienda suelta a un ciclo de endeudamiento con el exterior con terribles consecuencias sociales sobre la clase trabajadora y el pueblo que pagaron desocupación, precarización laboral y la pérdida de derechos conquistados durante años de duras luchas.
Los cortesanos en los 90 brindaban con “pizza y champagne” en el festival de la entrega menemista, cuestión que despertó un fuerte rechazo en amplios sectores de la población. En 2001 el grito de “que se vayan todos” contra la casta política fue también dirigido hacia los jueces.
En tiempos presentes Gerardo Morales configuró una corte a su medida con mayoría propia sin tener mucho decoro con su “compromiso republicano y el respeto a la división de poderes” que pregonó durante la campaña electoral.
A propuesta suya designó a tres miembros del partido radical, siendo dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, diputados que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal para horas más tarde asumir como jueces. El tercero en asumir, Federico Otaola, fue diputado por el radicalismo en 1983. Y en cuarto lugar, la Dr. Laura N. Lamas, una conocida aliada de Morales.
La decisión del gobierno dejó en minoría a los jueces, Sergio González, Juan Manuel Ocampo, María Silvia Bernal y Sergio Jenefes que respondían a Eduardo Fellner y al ex vicegobernador Jenefes para contar con sus propios jueces pero, como todo pacto entre partidos patronales, tiene un sello de impunidad. La nueva presidenta del STJ, la ex diputada radical Clara de Langhe de Falcone, fue funcionaria de Cultura en la Municipalidad de San Pedro durante el gobierno de facto. Una situación que comparte con Sergio Jenefes (hno. del ex vicegobernador) quien fue denunciando por organismos de DDHH por su participación en dos cargos como funcionario durante la última dictadura militar.
Concursos en manos de los mismos de siempre
Si la reforma de la justicia que prometió Gerardo Morales comenzó con una nueva mayoría adicta que reemplazó –ampliación mediante- a la anterior que respondía a Fellner, no se avizoran cambios “aguas abajo”. En la tan anunciada elección de jueces por concursos que promueve el gobierno se vuelven a encontrar entre los encargados de evaluar los concursos a los mismos jueces, diputados y funcionarios, radicales (en mayoría) y peronistas que conforman la casta política y de funcionarios de la oligarquía política que gobierna desde 1983. Ellos son:
Evaluadores titulares:
Pablo Baca, recientemente asumido en el STJ tras renunciar a su banca de diputado por la UCR.
Laura Nilda Lamas, recientemente asumió en el STJ a instancias del Poder Ejecutivo.
Fernando Zurueta presidente del Colegio de Abogados de Jujuy y de vínculos familiares con el radicalismo.
Ernesto Daniel Suárez: Secretario de Justicia de Gerardo Morales.
Luciano Rivas, militante de la UCR.
Ramiro Tizón, Diputado provincial del bloque oficialista “Cambia Jujuy”.
Cecilia Rodríguez, Vicepresidenta del Colegio de Abogados, ex socia del estudio de abogados de Isolda Calsina, actual Ministra de Educación y candidata del PRO por “Cambia Jujuy”.
Mónica Jáuregui De los Ríos, de filiación radical e hija del ex gobernador Rafael Z. Jáuregui designado por el gobierno de facto de Viola en 1981.
Néstor Hugo Paolini, miembro del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy.
Alberto Matuk, Diputado provincial FPV, ex ministro de Gobierno y Justicia de Fellner.
Suplentes:
Norma Beatriz Issa, Jueza de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, ll, cercana al ex gobernador Walter B. Barrionuevo.
Jorge Daniel Alsina, fue presidente del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Jujuy 2009-2011.
Javier Gronda, Secretario de Tierra y Vivienda, ex candidato a diputado nacional por la UCR en 2013.
Sergio Jenefes, juez del superior tribunal, hermano de Guillermo Jenefes, ex funcionario provincial durante la dictadura.
José Manuel del Campo, juez del STJ ligado al PJ de Jenefes.
Evaluador de Defensores Penales del Ministerio Público.
Ivone Leonor Haquim, hermana del vicegoberandor, Carlos Haquim.
Contra la impunidad de la casta judicial
A 35 años de conformada la Corte Menemista, el gobernador Gerardo Morales le rinde todo un tributo con su “corte exprés”. El nuevo STJ fue armado a la medida de rubricar desde la justicia el poder de persecución política y contra las libertades democráticas que se inició con la detención ilegal de Milagro Sala a pedido del gobierno.
Un cambio profundo empezaría si la elección de los jueces no queda en manos de la casta política radical-peronista. Una medida democrática elemental es que a los jueces se los elija mediante el sufragio universal, que los mismos sean revocables y se ponga fin a los privilegios materiales que perciben comenzando porque cobren igual que una maestra. Este es el planteo que sostiene el Frente de Izquierda como parte de pelear contra una justicia para ricos y fortalecer la pelea en calles de los trabajadores, las mujeres y la juventud con el ajuste y la represión de Macri y Morales.
