El departamento de San Pedro, luego de la capital, es uno de los más populosos de la provincia de Jujuy, por lo que el gobernador Gerardo Morales y sus candidatos se apoyan en los intendentes de esas localidades, acusados en su amplia mayoría de actos de violencia, clientelismo y nepotismo.
Lunes 8 de noviembre de 2021 10:52
San Pedro de Jujuy es gobernada desde 2015 por el intendente radical Julio Bravo, que, a poco de iniciar su primer mandato un funcionario suyo fue filmado infraganti pateando al periodista Daniel Gómez Perri, porque le había cuestionado su trabajo en la recolección de residuos. El entonces Sub Secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Solsona, luego de lo sucedido, había declarado “si hay algo en la justicia me haré cargo”. Por supuesto, para aquel entonces Gerardo Morales ya contaba con la mayoría automática en el Superior Tribunal de Justicia, y Solsona es concejal del bloque radical.
El hecho más reciente en “La Perla del Ramal” fue producida por el propio intendente, quien fue filmado en un festival agrediendo e insultando a la policía local que labraba un acta por incumplimiento de protocolos covid. En este caso el intendente estaba acompañado por el jefe de bloque de legisladores de la UCR, Alberto Bernis. Los privilegios de los funcionarios saltan a la vista ¿se imaginan a un ciudadano común actuando de esa manera y sin sufrir consecuencias? Por supuesto no es el único hecho de violencia que rodea al intendente Bravo, pero sí el que quedó registrado. El gobernador Morales premió al intendente sanpedreño con el lanzamiento de la campaña electoral en su localidad y con Bravo entre los principales oradores y que en su discurso adelanto el intento de hacer fraude llamando a desnudar a la izquierda.
Bravo, que anunció su postulación a la gobernación jujeña, pertenece a una familia que planea tener continuidad en la política. Su hija, Gisel Bravo, fue funcionaria desde el inicio de su gestión y desde diciembre será legisladora provincial en la lista de Cambia Jujuy. El rápido ascenso en cargos familiares contrasta con la precariedad de los trabajadores del municipio, que en algunos casos no llegan a cobrar más de $8 mil por mes. En las últimas elecciones, muchos trabajadores denunciaron que desde las jefaturas se los obligaba a realizar campaña por el oficialismo bajo la amenaza de cortarles la tarjeta de trabajo.
Rodeito, el feudo de los Orellana
La familia Bravo no es la única con herencia de cargos políticos. El caso de Rodeito es, quizas, la expresión máxima del nepotismo: desde su fundación es gobernada ininterrumpidamente por la familia Orellana. El actual comisionado, Eduardo Orellana, fue filmado mientras declaraba a una vecina que sólo entregaría lotes a quienes realizan campaña por él. Por si esto fuera poco, otra vecina denuncio que el intendente le exigió que, para obtener un lote, debía volver con su ex concubino y que no le inicie juicio por la pensión alimentaria que le corresponde a su hija.
La falta de lotes para terminar con el hacinamiento no es un problema para la familia Orellana, una construcción faraónica, en un predio de casi dos hectáreas, se está realizando en medio de la localidad. Según denuncian vecinos, parte de los materiales y la mano de obra seria realizado por recursos del municipio. ¿A quién y con qué recursos se le compro semejante extensión de tierras? ¿se trataban de tierras fiscales vendidas a familiares del comisionado? ¿a qué precio? Cabe recordar que la hectárea, en esa zona, tiene una cotización de varios cientos de miles de dólares, y no es la única propiedad con la que cuenta la familia.
El comisionado, amparado en el apoyo de Gerardo Morales, no fue llamado a declarar, pese a las denuncias en la oficina anticorrupción y otros organismos. ¿No debería haber intervenido de oficio la justicia siendo que el video con sus declaraciones es de público conocimiento? Lejos de pagar algún costo por clientelismo explícito, luego de que se diera a conocer el video, Orellana fue visitado por la candidata a diputada nacional, Natalia Sarapura, para entregar bolsones alimentarios.
La Mendieta, el premio a las coimas
Un indicio de cómo obtienen fondos los funcionarios puede observarse en La Mendieta. En 2017 el Secretario de Hacienda, José Flores, fue filmado en una cámara oculta pidiendo coimas al Sr. Julio Cesar Maizares para poder cobrar cheques del municipio. La maniobra fue sencilla, Maizares reclamo por unos cheques del municipio rechazados por falta de fondos, y Flores le indicó que si quería cobrarlos, tenía que darles la mitad del dinero. En otro video el propio intendente Ricardo Farfán reconoce la maniobra.
Luego, y sólo luego de que el hecho saliera en medios nacionales, el funcionario fue separado del cargo, no así el intendente Farfán. Desde el 12 de mayo ambos funcionarios fueron denunciados por los delitos penales de cohecho (Art. 256 BIS del Código Penal) y exacciones ilegales (Art. 266, 267 y 268 del Código Penal). Además de las filmaciones a los denunciados, existe como prueba el cobro de los cheques solicitados por Flores para que la víctima pueda cobrar su dinero. Luego de cuatro años de la denuncia, la justicia adicta a Gerardo Morales no realizó ningún movimiento del expediente.
Una práctica común
Según denuncian en casi todos los municipios del ramal, las prácticas de aprietes a empleados para asistir a actos partidarios, de tener que poner en sus casas afiches o permitir pintadas es una práctica común. De la misma forma se denuncia la permanente utilización de empleados y recursos de los municipios para realizar tareas en casas de funcionarios o sus familiares o realizar contratos de los municipios para que algún familiar les facture la prestación de servicios.
En Jujuy, la justicia es utilizada para perseguir adversarios y encubrir a los aliados. Cabe destacar que gran parte de los jueces que permiten el cajoneo de casos (incluso dentro del Superior Tribunal de Justicia) fueron puestos durante gobiernos del PJ, que al igual que lo que sucede en la Legislatura de Jujuy con el PJ de Rubén Rivarola, actúan en acuerdos permanentes con el gobernador. Sin esa complicidad, sería imposible tanto encubrimiento al poder político de los intendentes.
La campaña de Gerardo Morales se apoya en este tipo de prácticas, donde la impunidad, la violencia y el clientelismo con la principal herramienta para imponer a Gustavo Bohuid y a Natalia Sarapura como diputados nacionales.
