La Legislatura de Jujuy ratificó el decreto del Ejecutivo para la contratación de un paquete que incluye cámaras de seguridad en todo el territorio provincial. Una avanzada más contra las libertades democráticas por parte del gobierno y el Estado.
Eduardo Hernández Diputado provincial Jujuy MC | @hehernandez2
Jueves 16 de febrero de 2017
En una avanzada, todavía aún más represiva, el gobierno de Jujuy encabezado por el CPN Gerardo Morales, hizo convalidar en la Legislatura de la provincia el Decreto N° 2743-MS-2016, por el cual el estado provincial, aduciendo la emergencia en seguridad, contratará con la empresa china ZTE la provisión e instalación de varios centenares de cámaras de seguridad en la provincia.
La votación en la sesión extraordinaria en la legislatura fue un trámite formal porque además de contar con la mayoría de votos para hacerlo, el mismo gobernador Morales, días atrás presentó ante la prensa el acuerdo con la empresa de capitales chinos como si ya fuera un hecho.
Bajo el rimbombante título “Proyecto Integral Jujuy seguro e Interconectado” el mencionado decreto habilitaba a la contratación con dicha empresa, ya que esta resultó la única oferente en el proceso licitatorio que habría llevado adelante en tiempo y forma el Estado provincial. El monto al que asciende dicho convenio es cercano a los 25 millones de dólares más IVA.
En este contexto y siguiendo la lógica represiva del ejecutivo nacional, el gobierno de Jujuy, se valió de la mayoría legislativa de radicales y del bloque propio del ViceGobernador, el massista Carlos Haquim para convalidar este mecanismo que lo único que busca es instaurar un sistema que le permita a las estructuras represivas del Estado tener un control total sobre la población. Se trata de instalar 600 cámaras en los centros urbanos, calles y edificios públicos de la provincia.
Claramente y haciendo uso de una falsa emergencia de seguridad las políticas del gobierno del “cambio” llegaron para criminalizar la protesta social y seguir con su línea persecutoria a trabajadores y luchadores sociales que día a día van engrosando los números de la pobreza y de la indigencia. Y que a partir de la detención ilegal de Milagro Sala se desplegó un conjunto de ataques con represión y causas a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, como a los jóvenes en los barrios populares con brutal violencia policial, que han llevado a la provincia a ser noticia internacional por la criminalización de la protesta.
Desde este medio no podemos hacer más que rechazar este proyecto de vigilancia a gran escala lo que conformaría una especie de “gran hermano”, que lo único que hace es reforzar el poder del Estado para perseguir y avasallar las libertades democráticas del pueblo trabajador en un momento donde se viene profundizando un ajuste sobre sus condiciones de vida. Hacemos extensivo el rechazo de esta política de persecución a las organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de la provincia y del país.
