Luego de que declararan las y los docentes y referentes detenidos en la tarde de ayer, abogados defensores explicaron la situación procesal y realizaron graves denuncias a los derechos humanos. La jueza Ada Zunino tiene antecedentes de intervenir a la orden del gobernador Sáenz y en defensa del poder político, judicial y policial. Ahora en la Alcaidía, las y los 19 detenidos que ya están imputados, esperan que los liberen.
Viernes 26 de mayo de 2023 14:03
Luego de que varios de las y los detenidos realizaran sus declaraciones antes la jueza en cuestión los abogados Luciano Camaño y Lautaro Arias señalaron la situación de sus defendidos y algunas irregularidades.
El Dr. Camaño realizó graves denuncias sobre el operativo, indicando que existió “el ahorcamiento de un detenido dentro del móvil de detención” y en particular señaló la actuación del oficial Ferreira dentro del Centro de Contraventores “apretando a todos y cada uno de nuestros defendidos, en especial al señor López Riquelme, donde se le solicito una declaración en contra, mostrándole fotos de los docentes y delegados”. Además de señalar otras irregularidades de las detenciones, indico que “hay una grave irregularidad en la violación de los derechos humanos y esto es propio del protocolo antipiquetes declarado por el gobierno de Sáenz, por ende, se solicita la intervención de la fiscalía de derechos humanos a tenor de corregir todas estas irregularidades”.
Por su parte el Dr. Lautaro Arias, del Centro Comunitario Alfa, indico que estaría la decisión tomada de liberar a todos los detenidos, pero que todos fueron imputados por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento de las vías de circulación terrestres”. En la noche de ayer, los abogados ya habían denunciado que no se permitió durante horas ver a los detenidos, ni siquiera Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura.
Ada Zunino, una jueza del poder político, judicial y policial
La responsable del desalojo y las represiones realizó declaraciones ante diversos medios de comunicación demostrando una verdadera animosidad contra los manifestantes, señalando despectivamente que “buscaban una foto” o que “no eran docentes”. Cabe destacar que las detenciones no se realizaron sólo en la autopista de ingreso a Salta, AUNOR, sino que hubo persecución y detenciones en el cementerio. Uno de los delegados y referentes del movimiento autoconvocado, Rubén Fernández tuvo que ser hospitalizado. También se existen videos de una maestra desvanecida a la vera de la autopista atendida por sus compañeras.
No es la primera vez que la jueza Zunino mantiene, a pedido del gobernador Gustavo Saenz, detenidos a quienes tienen un reclamo social, ya en 2022 mantuvo durante varios días detenidas a 9 mujeres del barrio Solidaridadque ocuparon un predio abandonado en busca de solucionar el problema de vivienda y de urbanizar un terreno donde se cometía crímenes de forma permanente. Declaró en varias oportunidades a favor de “la pena de muerte” y de agravar las penas.
La velocidad de la jueza Zunino para actuar cuando existe un reclamo social como salarios o viviendas, es inversamente proporcional a cuándo del poder político se trata. Mientras las y los maestros detenidos quedarán imputados por desobediencia a la justicia, Zunino nunca tuvo problemas en desestimar denuncias por violencia de género que incluían nada más y nada menos que violaciones a ordenes perimetrales como en el caso del juez Victo Raúl Soria en dos ocasiones, o “dormir” un expediente de denuncia por falso testimonio y encubrimiento agravado de la comisaria Gimena Nuñez, en un caso de femicidio.
En todos estos casos, la jueza en cuestión tiene la misma conducta, defensora de los derechos del poder político, judicial y policial, en su mayoría en casos que incluyen violencia de género, y una vocación de persecución a quienes tienen un reclamo social, en particular a mujeres madres de familia y maestras.
