El viernes se hizo público tras un comunicado del Sanatorio Parque que había tres médicos infectados de coronavirus. La noticia deja al desnudo las condiciones de exposición a la cual someten a los trabajadores de la salud y a los pacientes.
Sábado 28 de marzo de 2020 20:57
Ayer por la noche a través de distintos grupos de whatasapp se viralizó que médicos de uno de los sanatorios más importantes del Grupo Oroño habían dado positivo al test de covid19. Un comunicado de la empresa lo confirmó. Esta situación demostró una vez más las incoherencias que muestran los protocolos de emergencia sanitaria ante una pandemia que preocupa a todo el país, así como las condiciones a las que someten a cientos de trabajadores y pacientes las patronales que hacen de la salud un negocio.
Roberto Villavicencio, dueño del Grupo Oroño y presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, semanas atrás había planteado a los medios locales que los sanatorios privados están en “alerta” y preparados para actuar ante la posibilidad de recibir casos sospechosos de coronavirus. Lo que no cuenta la empresa son las condiciones de exposición a la cual somenten al personal y los usuarios. Los trabajadores y trabajadores del sanatorio vienen reclamando hace días por medidas mínimas ya que son efectivamente "la primera línea" de combate. Mientras siguen trabajando con casos sospechosos la empresa no solo no les realizó test al personal que estuvo en contacto con los infectados, sino que llegaron al colmo de decirles que no utilicen barbijos porque "quedaba mal" en una clara señal de priorizar la estética y sus negocios a la vida de los propios trabajadores y usuarios del servicio de salud.
Mientras los trabajadores de la salud siguen exponiéndose día a día así como miles de trabajadores que hoy no saben si tendrán dinero para poder sobrevivir bajo la cuarentena obligatoria, los empresarios de la salud privada siguen con calculadora en mano especulando con la vida de muchos. Es por esto que la izquierda plantea que la salud privada en su conjunto debe ser declarada de utilidad pública mientras dure la crisis. Es decir que cada clínica o sanatorio privado funcione bajo la órbita del Estado en un sistema centralizado único de salud junto a los efectores públicos para que cualquier persona que necesite ser atendida pueda hacerlo.
A su vez los hechos evidencian que el testeo constante de los trabajadores y trabajadoras de la salud serviría para detectar tempranamente la infección y evitar la propagación, protegiendo al resto de los profesionales y pacientes, así como la conformación de comisiones de higiene y seguridad conformada por los mismos trabajadores para controlar que se cumplan todas las medidas de bioseguridad necesarias ante la pandemia.
