Informe sobre la situación de las niñas y niños que están con sus familias en las tierras de Guernica, reclamando un techo.
Martes 29 de septiembre de 2020 12:05
La toma de las casi 100 hectáreas de tierra desocupada -y sin prueba de titularidad- en Guernica, pusieron al desnudo problemas preexistentes como la grave crisis habitacional, aumentada por la crisis económica y la falta de trabajo, subproducto de la pandemia.
Antes de la pandemia, en el país, el 35% de las personas estaba en la pobreza, pero entre los niños, más de la mitad (el 52%) eran pobres. La desocupación ascendió pero se estima podría ser más del doble, justamente porque quienes viven al día de changas y de trabajos muy precarios, ahora sin trabajo y sin posibilidad de buscar, no suman en ese porcentaje.
El censo sobre el predio de Guernica que realizó el Plan de Intervención Integral Provincia de Buenos Aires este fin de semana, señala que:
Están luchando por su derecho a una vivienda y que sus hijos tengan una infancia digna. El domingo fue el Día Nacional de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, por la sanción de la Ley 23.849, que entre otros tantos, exige derecho a la vivienda y vivir con su familia.
Sin embargo, la respuesta desde casi todos los funcionarios y funcionarias oficiales y de la justicia, es hostigamiento, criminalización y amenazas con desalojos y represión: cuando el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, dice que la toma es ilegal y que son delincuentes, cuando el gobernador Axel Kicillof lo respalda repitiendo que es “ilegal”, cuando su ministro de desarrollo social, el Cuervo Larroque no apareció en 2 meses y ayer habló de “violentos y delincuentes”, cuando Sabina Frederic dice también que es “ilegal”, cuando la ministra de Habitat, Bielsa, insiste con lo mismo, lo mismo la intendenta Blanca Cantero, y cuando el mismo Presidente le dice a TN con tono de seminario que la toma es “ilegal”. Entonces, los Juan Cruz Condomí Alcorta (el fiscal) lo traducen subiendo la apuesta: de hacerse efectivo el desalojo, pretende avanzar con la “institucionalización” de niñas y niños.
Me pregunto, ¿quién le hace el juego a la derecha?
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¿Qué dijo el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta? “No podemos dejar de preguntarnos si las personas que están en la toma¿están usando a sus hijos como escudos ante un eventual desalojo? ¿Están protegiendo los derechos de sus hijos o los están exponiendo? No sería descabellado, “ya que desde hace más de un mes que estos padres o tutores, someten a los menores a vivir en carpas sumamente precarias, rodeados de conexiones de electricidad clandestinas y soportando temperaturas de un dígito”. Y agrega que “esto se hace pese a que existen planes sociales, ayudas desde los municipios, de Desarrollo Social, servicio de protección de los derechos del niño. Pero a simple vista, los responsables de estos menores, optaron por tenerlos alojados en esas condiciones”. Y sigue: “Las letradas plantean que en caso de efectivizarse el desalojo, conllevaría a un posible proceso de institucionalización de los menores y que esto acarrearía un daño irreparable. Contrariamente, entiendo que el daño irreparable, se les está causando al someterlos a las situaciones descriptas”
Queremos entonces hablar de algo de lo que poco se dice: ¿qué puede pasar con esos niños si se hace efectivo el desalojo?
Con Gloria Pages y Andrea Martinez de La Izquierda Diario - Derechos democráticos, hicimos este informe y entrevistamos a Laura Tafferani, abogada de la Gremial de abogados y abogadas, que presentaron un habeas corpus preventivo al Tribunal de Casación Penal por tener “temores fundados” de que los niños, niñas y adolescentes “sufran menoscabos en sus derechos y garantías constitucionales” y sean “víctimas directas de privaciones de la libertad por parte de la Policía Bonaerense y otros funcionarios públicos” en el desalojo.
¿Por qué decidieron presentar el hábeas corpus preventivo y por qué temen una amenaza cierta de privación de libertad de los niños y niñas que se encuentran en Guernica?
Presentamos un hábeas corpus preventivo por los niños y niñas porque está claro que si la única respuesta que va a dar el estado frente a la toma es el desalojo, corren el peligro de que esa única respuesta sea la institucionalización.
Incluso si se los lleva a algún hogar con alguno de sus referentes familiares, porque a veces se toman medidas para madres con hijos, pero son las menos porque no hay hogares que contemplen esa posibilidad.
También está la posibilidad de que esos niñas y niños vayan a un hogar convivencial, porque sus padres se encuentren en alguna situación de privación de libertad o que directamente los dejen en la calle porque al desalojarlos de allí no tengan otro lugar adonde ir a vivir y entonces es muy posible que el Estado, como ya ha dicho que no va a resolverlo de otro modo, la única opción que queda es que los niños y niñas vayan a un hogar, esta es la razón primordial.
A pesar de que la ley de infancia establece que la institucionalización debe ser el último recurso frente a una situación como la que se plantea y que además está prohibido que se haga por razones de pobreza, que aquí está claro que es la causa y madre del problema.
¿Cómo impacta la institucionalización en los niños y niñas?
En realidad eh que sean los chicos institucionalizados este trae consecuencias muy graves porque en realidad cuando interviene de esta forma el estado en general empieza un camino que puede ser muy peligroso y cuál es el peligro que corren los chicos y chicas que son institucionalizados que los den en adopción que lo den la opción las familias pudientes que están sedientas de niños sobre todo si son niños y niñas chiquitas este es el peligro porque para laley después de ciento ochenta días de estar institucionalizados si consideran que sus padres a madres no tienen respuesta en los dan en adopción esto es lo más grave.
Laura Tafferani, es abogada del registro de Abogades del Niñx de la Pcia de Bas As.
¿Se institucionaliza a lxs niñxs por ser pobres?
Tanto la ley nacional como la ley provincial de niñez, establece justamente que no hay derechos de los niños y niñas si no se cumple con los derechos económicos sociales y culturales. Yo creo que esa impronta de la Convención de los Derechos del Niño implica justamente establecer que la principal responsabilidad sobre la situación de los niños y niñas es del Estado como primer punto, ya que establece que en todo caso el Estado es quien debe garantizar las condiciones para que la familia asuma su responsabilidad, y éste es el punto central.
En nuestro caso sabemos bien que esto no sucede, el Estado no asume la responsabilidad que tiene, cuando además ha dictado leyes para eso, en cuanto a políticas que puedan brindar a los niños y niñas las condiciones para que justamente puedan tener una crianza como corresponde, condiciones de vida para poder desarrollar su proyecto futuro, en algo tan importante y estratégico cómo es para un país su infancia y su adolescencia.
Entonces en este caso, es como una situación un tanto loca, tenemos leyes de primera para para un sistema que a los chicos y a las chicas las considera desechables, yo siempre digo son los nadies y estamos hablando de más de la mitad de nuestra población, que está sumergida bajo la línea de pobreza no.
¿Los que tienen en sus manos resolver el problema, hacen algo?
El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia es en la provincia de Buenos Aires quien debe llevar adelante la aplicación de las leyes de niñas, niños y adolescentes y en particular de lo que se llama el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de este sector de la población.
Este sistema legal realmente tiene la dificultad que está a contramano del sistema económico y social que los chicos y las chicas atraviesan, entonces en un país de ocho millones de niñas y niños bajo la línea de pobreza, los organismos que trabajan en relación a este sistema son oficinas vacías o a lo sumo, tratan algunos temas de urgencia pero jamás promueven políticas de estado que puedan dar solución a una cuestión tan grave como es que niños y niñas en nuestro país este sufran hambre, falta de vivienda, de salud, y todo lo que atraviesa más de la mitad de la población de niñez.
Entonces es un organismo ausente y esto quedó muy claro por ejemplo cuando estuvieron ausentes en la audiencia que tuvimos con el juez que dio lugar a que participaran distintas organizaciones y organismos que trabajan con niños niñas.
Eramos creo que casi seis o siete organizaciones que específicamente trabajábamos con el tema, pero no estuvo el Organismo de Niñez, cuando son 3000 niños y niñas quienes están en la toma, pero sí estuvo el Ministerio de Seguridad. Esto es un fiel ejemplo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
Este organismo, en la provincia de Axel Kicilllof, depende del Ministerio de Desarrollo a cargo del Cuervo Larroque.
En este contexto y hace años, el presupuesto destinado a niños y adolecentes es irrisorio. En 2019, se destinó a seguridad el 9% del presupuesto total mientras para niñez representó el 0,3% del total. Bajo gobiernos peronistas y el último de Cambiemos fue igual: por ejemplo en 2009 el presupuesto para seguridad fue 11 veces mayor que el destinado a niñez; en 2014 a Niñez se asignaba el 0,5 mientras a seguridad el 7,8; en 2018 el destinado a seguridad fue 26 veces mayor que el destinado a NNyA. Y otro dato: en 2019 se pagaron $77mil millones de deuda, mientras que el presupuesto para niñez fue de $ 3mil millones.
El Poder Judicial merece un punto aparte. ¿Por qué denunciaron al fiscal?
Bueno el fiscal evidentemente lo que hace es ser el portavoz de todo este sistema del que estamos hablando de la manera más cruda e impune, porque quizás lo que llama la atención es lo grosero en plantear algo tan tremendo como que es que una familia que busca amparo para justamente darle un techo a sus hijos y a sus hijas y considere que los utiliza de escudos.
Obviamente que nosotros lo denunciamos porque en su escrito cuando nosotros hacemos en la presentación de los niños y niñas, este fiscal dice barbaridades, que inclusive son contrarias a la ley a la que él se encuentra sometido, pero fundamentalmente por la mirada discriminatoria y se expresa en que nadie duda que el Poder Judicial cumple un rol sumamente importante para proteger los derechos de los poderosos y siempre fue así, pero que ya lo diga en un escrito es como medio grosero, pero bueno esta es la Justicia que hay y esto es éste muchas veces batallamos, sin que lo digan pero esto es lo que sucede.
La balanza siempre se inclina para el mismo lado y tiene que ver con quién lo nombró bueno en ese sentido más claro fue que en la primera reunión que tuvimos con la intendenta Blanca Cantero, ella dijo yo saqué a los fiscales que estaba ahí puse los míos, lo dijo así textual, así que está claro que es un empleado en realidad de Canteros, entonces realmente no quedan dudas de cuál es el rol que cumple y esto es lo que debemos saber.
Desde la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña que preside Myriam Bregman junto a Alejandrina Barry, se repudió los dichos del fiscal Condomí Alcorta, por esgrimir argumentos discriminadores, crueles y contrarios a los derechos de protección de los niños y niñas.
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¿Por qué es ilegal el desalojo?
Consideramos que es ilegal porque justamente uno de los presupuestos que se tiene que dar para la acción de usurpación es probar la titularidad, cuestión que no fue acreditada en el expediente. Por eso consideramos que la medida es apresurada, sin siquiera verificar la titularidad del dominio de ese predio y porque todos y todas sabemos que el que no quiere saber si tienen dueño o no, sabrá por qué lo hace, porque la mayoría de las tierras que están abandonadas, o que o que ha sido herencias vacantes o que por alguna razón no tienen la titularidad clara, o son fiscales, todos estos años han quedado en manos de grandes negocios inmobiliarios ligados a las municipalidades. Entonces no es casual que no se tenga el título para acreditar porque en el fondo lo que está son estos grandes negociados que se hacen de las tierras y qué se manifiesta de este modo, y que además la justicia lo convalida con este tipo de decisiones.
En la primera reunión tratando de armar la mesa de diálogo, la intendente Cantero lo primero que dijo fue que su política en Guernica era priorizar los dieciocho countries que se encuentran en esta ciudad. Deja en claro como intendente a qué sector de la población va a privilegiar.
A pesar de ser ilegal, el Gobierno bonaerense dijo que la fecha prevista para este jueves 1ero de octubre es inamovible, ¿qué opina?
Hay algo que muestra con claridad esto que planteo, porque el estado provincial podría negarse a cumplir la orden del juez si considera que esta es ilegal, o como dice la ley nacional de niñez, que cuando hay intereses contrapuestos de otros derechos en relación a los chicos estos deben prevalecer.
El Estado podría no prestar su fuerza pública argumentando que la justicia los está obligando a incumplir la ley de infancia a ellos y sin embargo está claro que esto no lo hizo, dejando clara su complicidad con lo que está sucediendo.
Además no podemos ignorar la postura de estos doce intendentes que salieron al cruce a apoyar a la intendenta Blanca Cantero en esta movida y las implicancias políticas. Hay que erradicar esa idea de que el Poder Ejecutivo no puede hacer otra cosa, porque sí puede hacerlo, porque como además tiene la fuerza pública y el fiscal o el juez no cuenta con esa fuerza pública, no pueden llevar adelante el desalojo si ella, entonces en ese sentido también tiene una responsabilidad muy grande.
Entonces fíjense cómo actúa el estado provincial, cuando asegura que no tiene otro remedio si se lo dice el juez, pero el Estado podría pararse en otro lugar y decir que no es legal. Lo que está pasando es que hay derechos muchos más importantes, en la audiencia yo les decía que todos sabíamos los perjuicios que traería resolver este conflicto con represión para los niños y niñas y les preguntaba ¿Cuál sería el perjuicio para los supuestos propietarios si dan el tiempo para que se tenga una solución negociada?
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Hay una frase de Evita que vale reformularse como un interrogante: ¿“Donde hay una necesidad, hay un derecho”? Estas familias tienen una necesidad y luchan contra todas las instituciones del Estado y los gobiernos (nacional, provincial, municipal) que no sólo le niegan sus derechos sino que los criminalizan. Todos los funcionarios y funcionarias, o están callados (como el secretario de derechos humanos nacional, Horacio Pietragalla, y su par provincial Facundo Moreno) o hablan para intentar legitimar el desalojo y la represión.
A todos ellos y a todos los que dirigen organizaciones, sindicatos, agrupaciones, ¿van a dejar correr la decisión judicial? ¿Se puede esperar más violencia del Estado para con estas familias y sus hijos e hijas? ¿El peronismo va a dejar correr más y más saña para con los y las humildes?
