Provincia de Buenos Aires. Hacinamiento y torturas en comisarías: la CIDH reclamó medidas urgentes a Vidal

Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó al Estado bonaerense la adopción de “medidas urgentes” en quince comisarías de la provincia donde se verificó la existencia de “riesgo para la vida y la integridad física” de las personas allí detenidas.

Las sedes policiales en cuestión pertenecen a los partidos de Esteban Echeverría (comisarías 2ª y 3ª), San Martín (1ª), Almirante Brown (7ª y 8ª), José C. Paz (1ª y 3ª), Billinghurst (5ª), Quilmes (Departamental de Investigaciones y 3ª), Berazategui (1ª) , Lanús (6ª), Moreno (2ª) y Moreno-Gral Rodríguez (1ª y 8ª). Todas del Conurbano bonaerense, territorio donde la criminalización de la juventud que habita las barriadas populares es desde hace décadas una verdadera política de Estado.

El reclamo de la CIDH a las autoridades estatales de la provincia se produce luego de analizar las graves denuncias presentadas en diciembre pasado por la Comisión provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación provincial.

Las quince comisarías denunciadas por las inhumanas condiciones de las personas allí detenidas, que “ponen en permanente riesgo su vida”, se suman a otras seis (de los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza) por las que la CIDH ya se había pronunciado en el mismo sentido en 2016.

Estado criminal

La CPM, el CELS y otros organismos de derechos humanos vienen denunciando desde hace años un incremento exponencial del hacinamiento en las comisarías bonaerenses. La situación incluye casos extremos como los de la comisaría 1ª de Pergamino y la 3ª de Esteban Echeverría, donde murieron siete y diez detenidos (en 2017 y 2018) respectivamente, en incendios de calabozos que tenían órdenes judiciales de clausura, incumplidas por el Gobierno de María Eugenia Vidal.

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Semejante accionar criminal por parte del Estado provincial obligó a la CIDH a reclamarle al Estado que tome medidas urgentes para “preservar la vida y la integridad” de las personas detenidas, “tomando en consideración grupos particularmente vulnerables, como mujeres y personas mayores” y a su vez “reducir estadías prolongadas” y “bajar los índices de hacinamiento”.

Según informó el organismo, lo resuelto se inscribe en un marco de “crisis estructural del sistema penitenciario”, caracterizado por las altas “tasas de prisionización”, el “hacinamiento”, las “inhumanas condiciones de detención” y “la tortura sistemática”.

La CIDH también advirtió que “la información aportada por el Estado no permite establecer que los factores de riesgo hayan sido mitigados o que hayan desaparecido”. La decisión recepta las graves denuncias realizadas de manera conjunta por la Comisión provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación provincial.

Tras conocer la resolución de la CIDH, desde la Comisión Provincial por la Memoria informaron que “en su conjunto, y según la información aportada por el Estado provincial, las dependencias policiales abarcadas por la medida cautelar alojan 386 personas. Esto representa el 12 % de los detenidos en comisarías”.

A su vez la CPM recordó que según los datos obtenidos “en enero se encontraban detenidas 48.660 personas” en la Provincia de Buenos Aires, lo que representa “una sobrepoblación del 120 %”. En el caso de las dependencias policiales “hay 3.191 personas y el cupo reconocido por el Estado es de 1.007, es decir que la sobrepoblación es del 217 %”. Eso lleva a que, por ejemplo, dos de cada tres personas detenidas duerman diariamente en el piso de las celdas.

En su presentación ante la CIDH, los organismos de derechos humanos cuantificaron la crisis carcelaria y de detenciones policiales. “De la última información oficial disponible surge que el 88 % de las dependencias de la provincia cuenta con más personas que camastros; el 76 % tiene instalaciones eléctricas riesgosas, sólo la mitad tiene matafuegos, sólo el 16 % tiene sistemas de presurización con mangueras para apagar incendios, apenas el 6 % tiene salidas de emergencias rápidas, únicamente el 2 % de las comisarías tiene instalaciones eléctricas sin riesgo con mecanismos de extinción de incendios y salidas de emergencia”.

Con esos números, queda claro que las masacres de Pergamino y de Esteban Echeverría son resultados lógicos de una política sostenida durante años.

Desde la CPM dijeron que el próximo 3 de marzo, “un día después de cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Pergamino, el Estado tendrá que informar las medidas efectivamente adoptadas en respuesta a la resolución de la CIDH”.

Otro fallo de la Corte bonaerense

El 20 de febrero la Suprema Corte de Justicia bonaerense dictó un fallo en el que cuestiona en duros términos al Poder Ejecutivo provincial por no adoptar “medidas efectivas” para resolver las condiciones de “alojamiento de detenidos en seccionales policiales carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad”.

En su resolución, el máximo tribunal bonaerense se expidió puntualmente respecto a una denuncia sobre las condiciones inhumanas en las que viven los presos de la comisaría 7ª de Lomas de Zamora, sobre la que exhortó al Gobierno de Vidal que adopte medidas “a la mayor brevedad posible”.

El hecho no hace más que evidenciar lo criminal de la situación que se vive en esas dependencias policiales, toda vez que la propia Corte provincial no se caracteriza precisamente por sus fallos “humanitarios” y es en definitiva corresponsable de la criminalización y judicialización de la población trabajadora, sobre todo las franjas más jóvenes.