La Justicia Federal ratificó la prescripción de la causa contra el empresario por defraudación. La causa había sido reabierta en 2014.
Miércoles 31 de mayo de 2017 10:17
Foto: Diario La Nacion
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prescripción de la causa judicial por la quiebra del Banco Mendoza, beneficiando (una vez más) al empresario emblema de los 90 Raul Moneta, junto a otros imputados como Carlos Molina, Jorge Maldera, Eduardo Lede, Juan Carlos Bietti, Pablo Lucini y Benito Lucini. La causa, emblema de la corrupción y complicidad entre empresarios y políticos en Mendoza, había iniciado en 1998 y, luego de que quedaran absueltos todos los imputados, se había reabierto en 2014.
Según la denuncia, Raul Moneta a través del Banco República, había propiciado la quiebra del Banco Mendoza, obteniendo beneficios económicos por más de 140 millones de dólares.
Icono de la corrupción
Durante la gobernación de justicialista Francisco Gabrielli, comenzó el proceso de privatización del Banco Mendoza, a tono con la ola de privatizaciones a nivel nacional, que sería fusionado con el Banco de Previsión Social de Mendoza. En 1996, el Banco República, propiedad del empresario menemista Raul Moneta, junto al Consorcio Magna (integrada, entre otros, por Daniel Vila, Héctor López, Ernesto Pérez Cuesta y Jacques Matas), se quedaron con los activos del Banco por la suma de unos 30 millones de pesos. Sin embargo, un balance final determinó que el Estado le devolviera a los empresarios $15 millones.
La investigación había sido por los millonarios préstamos que el Banco Mendoza le dio a empresas pertenecientes al grupo de empresarios que había adquirido el banco. Verdaderos “auto prestamos” que se daban entre los accionistas, obteniendo millonarias ganancias y fundiendo al banco
Una vez en manos de Moneta, el Banco Mendoza, comenzó a tener “problemas”, hasta que en Abril de 1999 el Banco Central decretó la suspensión de ambos bancos por series irregularidades. El Banco Mendoza cerró sus puertas, dejando en la calle a casi mil trabajadores y trabajadoras, para ser desguazado y vendido, reportando millonarias ganancias a los empresarios que lo fundieron.
La investigación había sido por los millonarios préstamos que el Banco Mendoza le dio a empresas pertenecientes al grupo de empresarios que había adquirido el banco. Verdaderos “auto prestamos” que se daban entre los accionistas, obteniendo millonarias ganancias y fundiendo al banco.
En 1999 fueron imputados por “subversión económica” 10 ex directivos y accionistas del banco, en una causa que fue anulada en febrero de 2000. En 2014 la causa había sido reabierta hasta esta semana, que volvieron a ser absueltos todos los imputados por ratificarse la prescripción del delito.
Juanjo Coscarelli, autor del libro “Banco de Mendoza. Breve crónica de una agonía”, contó en una entrevista radial en MDZ Radio que "al banco lo podrían haber vendido en 500 millones de dólares, pero lo desvalijaron y endeudaron hasta dejarlo a menos del 10% de su valor”. Además, el periodista dijo sobre su investigación publicada a fines de los 90: "En el libro mostramos a los corruptos y los corruptores, quienes motivaban a los funcionarios para hacer los malos negocios o negociados".
La causa sobre el Banco de Mendoza quedó en la historia de la provincia como un icono de la corrupción y complicidad entre empresarios y políticos para hacer negocios en beneficio propio con fondos públicos. Pero también como un icono de la impunidad de estos ante una justicia cómplice del poder.
Mientras en los últimos tiempos vimos como avanzaba el discurso reaccionario sobre la “mano dura” y el endurecimiento de las penas para delitos comunes, junto con la promoción de jueces “duros” como vimos en los argumentos para la designación del polémico Juez Valerio, los delincuentes de guante blanco, los que literalmente fundieron la provincia, gozan de toda la impunidad. Impunidad que se pudo ver como en una postal este martes cuando, mientas se daba a conocer la absolución de Moneta, dirigentes sindicales, sociales y políticos denunciaban la persecución contra legisladores del Frente de Izquierda por participar de las acciones del Paro Nacional del pasado 6 de Abril.
