El pasado jueves, los efectivos del Servicio Penitenciario del penal Gorriti implicados en el homicidio doblemente agravado fueron liberados por el Juez Zurueta. La causa investiga la brutal represión contra los reclusos que protestaban por condiciones sanitarias ante el covid-19, se confirmó que son al menos 17 casos positivos. La resolución del magistrado interviniente es sin lugar a dudas un nuevo paso en la impunidad.
Domingo 26 de julio de 2020 15:24
La semana pasada en la Unidad Penitenciaria N° 1 se desarrolló una protesta de internos que reclamaban una serie de pedidos para garantizar su salud, al tomar conocimiento que un efectivo del Servicio Penitenciario había dado positivo de coronavirus. Al día de hoy se confirma que el reclamo era absolutamente legítimo ya que son al menos 17 casos positivos los efectivos del Servicio Penitenciario que dieron positivo el test PCR.
Por las cámaras de los distintos medios de comunicación que se acercaron al lugar, pudo visualizarse el enorme despliegue de distintas fuerzas represivas que intervinieron en la represión de los reclusos, entre las que se encontraban La Guardia Externa, Personal de Traslado (Servicio Penitenciario), Cuerpo de Infantería y Cuerpo Especial de Operaciones Policiales y el Grupo de Reacción Inmediata (Policía), entre otras.
Pudo observarse a uniformados disparando con armas largas a quema ropa desde afuera del penal hacia los techos donde se encontraban algunos de los presos.
Fotografía tomada del diario El Tribuno Jujuy
El saldo de la represión fueron dos internos fallecidos y decenas de heridos. Esta semana se realizaron las autopsias de Montenegro y Yapura determinando que fallecieron producto de disparos con armas de fuego pertenecientes a las fuerzas represivas, descartando la hipótesis que uno de ellos se habría caído del techo.
A partir de los hechos relatados se inició una causa penal en la que fueron imputados 16 efectivos del Servicio Penitenciario por los delitos de “Homicidio doblemente agravado por la calidad del autor y por alevosía” "lesiones graves" entre otros delitos.
En dicho expediente penal, intervienen los fiscales Diego Funes y Ariel Gil Urquiola que pidieron el arresto de los uniformados presuntos autores materiales de los delitos investigados, sin embargo el mismo fue rechazado por el Juez Jorge Zurueta disponiendo la libertad.
Juez Jorge Zurueta
Considerando que los efectivos no resultan un peligro en la investigación, tampoco hay peligro de fuga ya que poseen un trabajo estable! Es decir que tampoco se dispuso su apartamiento en las funciones. Siendo un criterio opuesto al que los jueces penales de Jujuy toman con cualquier ciudadano común que ante la acusación de un delito menor, cualquiera sea, en la inmensa mayoría de los casos se lo mantiene detenido "para preservar la investigación".
El Juez Jorge Zurueta es conocido en la provincia por su historial en perseguir la protesta social, fue uno de los alfiles judiciales con lo que contó Gerardo Morales para criminalizar a Milagro Sala, en el 2001 actuó como secretario de juzgado penal, más tarde fue fiscal. En 2013 optó por no tomar el cargo de juez que le habían ofrecido y asumió como secretario de Seguridad del Gobierno del PJ de Eduardo Fellner. Finalmente en diciembre de 2015 retornó al Poder Judicial, ocupando el rol de Juez hasta la actualidad.
Zurueta abrazado a Eduardo Fellner asumiendo como Secretario de Seguridad
Con la biografía del ex Secretario de Seguridad y considerando cómo es la actuación de el Poder Judicial cuando se encuentran implicados integrantes de las fuerzas represivas, podríamos anticipar cuál va a ser el resultado de esta causa, la impunidad de los efectivos.
Sin embargo en el aparato represivo comenzaron a visualizarse internas y malestares desde hace dos semanas cuando fue removido en el cargo el Jefe de Policía Juan Segovia para ser reemplazado por Guillermo Corro luego del escándalo por el tráfico de hojas de coca que habrían generado contagios de coronavirus. Asimismo esta semana, posteriormente a los hechos ocurridos en el Penal Gorriti renunciaron el Jefe y Subjefe del Servicio Penitenciario Daniel Chaile y Oscar Farfán, luego del pedido de detención de algunos de los efectivos que intervinieron en la represión de los reclusos.
Según trascendió, los uniformados del Servicio Penitenciario estarían solicitando que la causa pase a la Justicia Federal, donde aparentemente tendrían mayor protección. Ya que los únicos imputados pertenecen a dicha fuerza, cuando en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio intervinieron distintas fuerzas policiales de la provincia.
Los asesinatos en el penal Gorriti, la muerte de Ariel Valerian tras una brutal golpiza de efectivos policiales, son casos sumamente graves y brutales que evidencian que en Jujuy como en todo el país las fuerzas represivas del Estado están desatadas como ocurre todos los días en los barrios populares, aprovechando la pandemia para fortalecer esta maquinaria de represión aceitándola para enfrentar las protestas que seguramente surgirán ante los despidos que ya anuncian las empresas y pobreza que dejará la crisis económica y sanitaria, por eso es sumamente necesario que estos hechos no queden impunes.
