El fiscal ordenó archivar la causa por la muerte de Alejandro Ponce, cuyos principales acusados son policías. El caso de Maximiliano Zamudio corrió igual suerte. La impunidad policial no tiene fin.
Jueves 30 de marzo de 2017
Esta semana el fiscal Miguel Moreno, del Ministerio Público de la Acusación, archivó una causa en la que se investiga a miembros de diferentes fuerzas de seguridad por violencia institucional, y que tienen por víctimas a jóvenes de sectores populares.
El 2 de noviembre de 2015, Alejandro Ponce de 23 años y su hermano Luis fueron hostigados por la policía en la barranca de la zona de los silos Davis, en el centro de Rosario, acusados de un supuesto robo. Los testigos aseguran que el joven saltó al río, y que los policías lo apedrearon al grito de "ahogate". La familia afirma que los dos estaban pescando y que los policías "dejaron morir a Alejandro" ahogado en el río Paraná.
Durante más de un año el expediente permaneció sin movimiento, a pesar de que la familia, junto a diversas organizaciones y la Multisectorial contra la Violencia Institucional, se movilizaron reiteradas veces para exigir justicia. Finalmente, el fiscal Moreno decidió archivar la causa, haciendo caso omiso a los testimonios de los testigos y llegando a hacer el insólito pedido de que quienes se atrevieron a declarar sean investigados por falso testimonio.
Hace pocos días el mismo Fiscal decidió archivar la causa por el caso de Maximiliano Zamudio de 16 años, asesinado por el prefecto Ariel Fernando Condori Apaza el 26 de mayo de 2015 en el barrio Tablada. Esta seguidilla de maniobras que garantizan la impunidad policial hacen temer que causas como la de Carlos Godoy, primo de Franco Casco asesinado como “venganza” policial por el reclamo de justicia por Franco, corran la misma suerte.
Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que nuclea a organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos, expresaron preocupación y el repudio por los archivos y denunciaron a través de un comunicado de prensa que el Fiscal en cuestión “se niega a realizar las medidas probatorias solicitadas insistentemente por las querellas que representan a las familias de estos jóvenes”. Y agregaron que “a fines del año pasado se solicitó una auditoría y apartamiento de las tres causas mencionadas, justamente (y entre otros motivos), para evitar el archivo de las mismas del fiscal Moreno”.
Las acciones del fiscal Miguel Moreno no son hechos aislados. En todos los casos en los que se sospecha violencia institucional, la Justicia pone en cuestión el relato de los testigos y acepta las versiones policiales transformando a los victimarios en víctimas. El objetivo es claro: encubrir a las fuerzas represivas que se roban la vida de decenas de jóvenes de los barrios populares todos los años y desalentar nuevas denuncias. Mientras tanto, a días de la sentencia en el juicio oral y público por el asesinato de Jonatan Herrera perpetrado por miembros de la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico; el Ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro, reivindica en su cuenta de Facebook a la fuerza, que durante el reciente paro de los trabajadores municipales, hostigó y reprimió a los manteros en las plazas y peatonales.
Más policías, más represión, desapariciones y encierro carcelario a la juventud
Lo cierto es que el Poder Judicial encubre y el poder político ampara estas prácticas represivas que lleva a Santa Fe a estar en el podio del ranking de casos de asesinatos por gatillo fácil. Tal es la impunidad y el apoyo del gobierno “socialista”, que las fuerzas represivas no tuvieron ningún prurito en interrumpir a los tiros un cotejo fúnebre hace unos meses, mientras la familia del joven Kevin despedía sus restos. O como recientemente se denunció, con las amenazas por parte de efectivos del Comando Radioeléctrico al hermano mellizo de Jonatan Herrera mientras transcurre el proceso judicial.
Valentín Reales desaparecido y otro joven quemado en el Irar
El asesor de Menores de los Tribunales Provinciales, Daniel Papalardo, denunció que desde el martes 15 de noviembre Valentín Ezequiel Reales de 15 años se encuentra desaparecido. Salió de una casa de Cabín 9 para hacer un mandado y desde entonces nadie de su entorno volvió a verlo. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas conminó al estado argentino a enviarle información sobre el joven ya que fue detenido en varias ocasiones desde abril de 2016 por la policía de Santa Fe donde el mismo Valentín denunció haber sido víctima de torturas y apremios ilegales.
Mientras tanto, relata Papalardo, que “en otro punto de la ciudad un adolescente que estaba alojado en el Irar pelea por su vida en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Pelea en todo el sentido del término, porque esto no es otra cosa que un capítulo más en su existencia vulnerable, que agrega ahora un deterioro físico a su niñez malformada y alejada de los proclamados derechos. Es oriundo de Cabín 9 y está internado en ese hospital desde el 7 de marzo por la noche”. Según las autoridades, el adolescente se quemó e inhaló monóxido de carbono cuando por circunstancias aún no esclarecidas, se prendió fuego un colchón . El Defensor Oficial denuncia que los guardias tardaron en llegar a abrir la puerta de la celda por causas desconocidas y que el joven no fue atendido por un médico porque en el Irar no existen, por lo que fue una enfermera quien lo auxilió llegando al hospital con graves trastornos respiratorios. Recién a tres días del hecho, fue informada la Fiscalía.
En el marco de un año electoral donde la mano dura, represión juvenil y el aumento de la edad de imputabilidad vuelven a ser campaña de políticos sin escrúpulos, las familias y organizaciones solidarias afirman que seguirán en las calles denunciando a la maldita policía gerenciadora del negocio narco y de la trata de personas entre otros, gritando y exigiendo justicia por todos los pibes asesinados.
