Se investiga el faltante de fondos destinados a la construcción de viviendas. Entre los funcionarios imputados se encuentra el intendente radical Raúl “Chuli” Jorge y el ex gobernador Fellner.
Lunes 16 de octubre de 2017 15:05
Durante la semana pasada el juez Isidoro Cruz, a cargo del Juzgado de Control N° 4, tomó declaración a un amplio grupo de intendentes y funcionarios de la UCR y el PJ, entre estos últimos el ex gobernador Eduardo Fellner volvió a declarar.
Investigan el destino de los fondos millonarios asignados a la construcción de viviendas entre 2011 y 2015 por supuesto fraude a la administración pública.
Dentro de los jefes comunales involucrados en la denominada “megacausa” se imputó al actual intendente Raúl “Chuli” Jorge que lleva 10 años al mando del municipio capitalino. Aunque algunos especulan que el llamado a declarar que hizo el juez Cruz tiene un motivo electoral, nadie puede negar que la imputación de Jorge le abre una herida a Gerardo Morales que hace de la transparencia un pilar de su discurso de gestión.
El resto de los intendentes que responden al PJ, Elsa Flores (Calilegua), Adrián Mendieta (El Carmen), Rolando Ficoseco (Perico) junto a Leonel Herrera (UCR-Humahuaca), y los ex mandatarios municipales del PJ, Jorge Alé (Ledesma), Alberto Ortíz (Palpalá), Nilson Ortega (Monterrico) y ex funcionarios como Lucio Abregú (Ivuj), Héctor Carrizo y Jose Luis Mercado (UEP), Luis Cosentini (ex Ministro de Tierra y Vivienda), entre otros, comparten la coartada de “Chuli” Jorge y se ponen en el rol de víctimas.
Con el mismo libreto afirman que se veían “obligados” a firmar los cheques para las cooperativas; porque de lo contrario recibían amenazas o la toma de los municipios por parte de las cooperativistas, en especial, denuncian a la dirigente detenida Milagro Sala como responsable.
Sin embargo, algunos fueron más lejos como el ex intendente de San Pedro, Julio Moisés, quien luego de presentarse ante la Justicia afirmó que hay más de un funcionario que debería haber sido citado a declarar y que más adelante va a dar a conocer sus nombres. Una especie de Julio De Vido, que amenaza con prender el ventilador con tal de zafar de la Justicia.
Un esquema de corrupción y precarización laboral
El problema que arrastran las autoridades y funcionarios es que ninguno puede ocultar su responsabilidad por el faltante de más de 1.200 millones de pesos. Con la excusa de la “extorsión” de los cooperativistas, pretenden además ocultar que durante años los intendentes utilizaron el sistema de cooperativas para la construcción de viviendas como una forma de contratar mano de obra barata. Porque los trabajadores involucrados en la construcción mediante cooperativas se encuentran en peores condiciones laborales que aquellos que están bajo convenio de la UOCRA.
Este mecanismo de precarización laboral no lo denuncia ninguno de los intendentes y funcionarios imputados. Sucede que hoy día continúan utilizando a las cooperativas para la construcción de viviendas; aunque ahora administradas por punteros de Cambiemos y ex dirigentes de la Tupac Amaru como Emilio Cayo y Jose Luis Bejarno, reemplazando a las organizaciones sociales que intermediaban durante el gobierno de Fellner-Jenefes.
El esquema de las cooperativas de viviendas tiene un entramando también en las autoridades nacionales que giraban los fondos del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria a la provincia, y por intermedio del Estado provincial, a los municipios que son el último eslabón que enlaza con las cooperativas.
La corrupción de los funcionarios va de la mano de la precarización laboral por parte de las autoridades que juegan con la necesidad de vivienda de más de 30.000 jujeños en toda la provincia.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda exigen justicia sobre todos los funcionarios corruptos y que la obra pública sea controlada por los propios trabajadores y se amplié el presupuesto de vivienda con impuestos a los grandes empresarios, además de terminar con la precarización de las cooperativas a través del pase a planta de sus trabajadores en cada municipio. Esta es la única salida a favor del trabajo genuino, una gestión transparente y de resolver el grave problema de la falta de vivienda de la mayoría de la población, afirman.
