Rosario. International Park: protección a la privatización e impunidad

En agosto del 2013 dos niñas, Melanie y Florencia, perdieron la vida tras caerse de uno de los juegos habilitados en el International Park. Las pericias de aquel momento, comprobaron que el hecho no era un accidente, sino que se debía a la falta de mantenimiento del parque, el cual fue clausurado. El empresario, Adrián Osella tenía la concesión del lugar y tras el hecho fue procesado por doble homicidio culposo y lesiones graves. Dos años y medio después, el juez Rodolfo Szvala suspendió la acción penal y le otorgó tareas comunitarias, beneficiando al culpable, con un nivel de impunidad que en Santa Fe, cada vez es más frecuente.

Osella figuraba en la causa como el principal responsable de los terribles hechos de aquel 10 de agosto. Ahora el único que continua procesado es el ex director de Inspección municipal, Gregorio Ramírez, acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público. Al respecto, Octavio Crivaro, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda declaró: “Esta falta de responsabilidad es en realidad un gesto de complicidad y un guiño de la justicia al gobierno municipal de Monica Fein. Recordemos que el desastre del International Park fue pocos días después de la peor tragedia evitable en Rosario, que fue la explosión del edificio de Salta y Oroño, donde también la complicidad de la justicia y del poder político lleva a eludir las responsabilidades gubernamentales de proteger la privatización y a los empresarios. Atrás de la impunidad por la muerte de estas dos niñas se agazapa la amnistía a gobernantes y empresarios por la masacre de calle Salta”.

El proceso de camino a la impunidad no fue repentino. Hace un año, el juego donde mueren las hermanas Aranda había sido manipulado. A pesar de que las pericias ya se habían realizado, este lugar era un elemento de prueba en la causa. Desde la municipalidad tapaban esta vulneración diciendo que eran trabajos de mantenimiento los que se estaban llevando a cabo a la vista de todos. Y a lo largo de la causa fueron haciendo maniobras para intentar que no haya juicio y así no juzgar a ningún empresario y ocultar las responsabilidades políticas del gobierno, quien debe controlar la concesión.

Tras las pericias realizadas se verificó que había varias canastas más del juego donde el desgaste era muy importante y podían desprenderse, dejando aun más víctimas. "Era una ruleta rusa, pudo ser una masacre", graficó la fiscal inicial de la causa, en aquel momento. Sin embargo, para la justicia solo ameritó una condena con tareas comunitarias en Caritas para uno de los principales responsables.

Las complicidades aparecían por todas partes, a principios del año pasado, tras la denuncia de manipulación de la escena del hecho, el ex concejal por el Partido Justicialista, Osvaldo Miatello a cargo de la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal, había declarado que no estaba al tanto de los movimientos que se estaban realizando en el lugar y consideró una “lástima” que se clausure el parque de diversiones. Todo apuntaba a que el caso culminaría con total impunidad.