Este miércoles se realizó una conferencia de prensa en el gremio de los docentes de nivel medio y superior, donde participaron referentes de sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas. Allí se denunció la política del Gobierno provincial de persecución y criminalización de la protesta en base a causas y contravenciones. Uno de los casos es el de Andrés Garcia, prosecretario gremail de Cedems, quien tiene fecha de juicio para este viernes.
Miércoles 9 de agosto de 2023 20:20
Con decenas de causas penales y contravencionales el Gobierno de Gerardo Morales busca perseguir a todo aquel que se opone a la reforma constitucional votada por el oficialismo con el apoyo del PJ. El pueblo de Jujuy viene desarrollando una enorme lucha contra ello, en la que se perdió el miedo: "Arriba los derechos, abajo la reforma" se convirtió en una causa popular contra la política del oficialismo.
Desde el Cedems denunciaron la persecución a Andrés García, prosecretario gremial de la Comisión Directiva.
En un intento de juicio express sin garantías para ejercer un legítimo derecho de defensa en el marco de un Código Contravencional ilegal, queda a las claras el método persecutorio sobre un referente del sindicato, como sucede en otros casos de distintas organizaciones. En un comunicado la Comisión Directiva de CEDEMS repudió esta persecución.
Con "pruebas" que no prueban nada, a García se lo quiere imputar por participar de una reunión tumultuaria, en la que se altera el orden público, se obstaculizan servicios. Peor aún, se lo quiere acusar de tirar vallas, quemar autos, realizar daños a la Legislatura e ingresar a la misma. Se lo quiere penar con una multa de alrededor de 2 millones y medio de pesos u ochenta días de trabajo comunitario. Mientras el salario inicial de un docente está en $200.000.
Según el expediente "las personas conformaron esta reunión tumultuaria, desbordaron el cordón policial, irrumpiendo las filas de los efectivos, que se encontraban apostados en Gorriti y av. Yrigoyen - Av. 19 de Abril y Canónigo Gorriti, agrediéndolos con palos, piedras, bombas molotov y diversos elementos contundentes, obligando a las filas policiales a retroceder hasta la calle Canónigo Gorriti, altura ingreso principal de la Legislatura. De esta forma los presentes avanzaron sobre el predio, provocando en la propiedad daños y destrozos, como así también realizaron saqueos y destrucción de vehículos, incendiandolos y realizando actos vandálicos, como así también irrumpieron en el interior de la Legislatura ocasionando daños y rupturas en sus elementos e instalaciones".
Más abajo se hace constar que "teniendo en cuenta las pruebas obrantes en autos (...) se constató la infracción a los art. 70, 90 y 112 de la Ley 5860/14 por parte del Sr. García Andrés Agustín quien en fecha del 20 de junio (...) se encontraba en la vía pública (...) ocasionando desórdenes y escándalo público durante una reunión tumultuaria, asimismo, no acató la intimación a disolver y retirarse en orden, provocando con su accionar la obstaculización del normal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad, salud, comunicación y educación".
Nada de estas graves acusaciones puede probarse con las supuestas pruebas aportadas por el Juzgado Contravencional N°3 en la que se desarrolla la causa. En la única foto y video aportados se comprueba que García no realiza ninguno de los actos que se le quieren imputar.
Es un caso más, de una contravención claramente armada para proceder a la persecución e intimación de referentes de las organizaciones que se oponen a la política de ajuste del Gobierno, y en particular a una Reforma que sólo quita derechos al pueblo trabajador.
García señaló que: "Es realmente un escándalo el proceder del Gobierno con el armado de estas causas en las que se busca penalizar el derecho legítimo a la protesta social y al ejercicio del derecho a huelga. Como hemos señalado en más de una oportunidad protestar no es delito. En mi caso participé de una movilización definida de manera democrática en asamblea, por el sindicato al que pertenezco en el marco de una medida de paro. Ninguna de las acciones que se me quieren imputar, las pueden comprobar porque sencillamente no sucedieron. las mismas pruebas presentadas por el Juzgado, lo único que prueban es mi inocencia. Se llega al absurdo de decir que se interrumpe el servicio de educación en un día feriado en el que no había clases. Se me quieren imputar daños al edificio de la Legislatura, que hasta el propio vicegobernador señaló en medios públicos que no fueron significativos. Queda a las claras que en una movilización de miles, sólo se busca identificar a referentes de organizaciones, sin ningún tipo de pruebas, quedando a las claras el interés persecutorio de las contravenciones. No nos van a amedrentar y hay que responder de forma unitaria con una gran campaña nacional para que caigan todos los procesamientos penales y contravencionales. Si tocan a uno, tocan a todos".
