Un juicio que puso de manifiesto que las empresas eran quienes daban las listas de los obreros y de los delegados a los militares que luego los secuestraban. Los testimonios de los trabajadores de cerámicas y de astilleros de la zona norte del Gran Buenos Aires no dejaron dudas de que el genocidio fue organizado y sostenido por el empresariado para deshacerse de una generación de luchadores.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 16 de septiembre de 2014
Terminada la etapa de los testimonios, la semana pasada fueron los alegatos en el juicio que trató el secuestro y la desaparición de treinta y dos obreros de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Se trata de delegados y de obreros navales y ceramistas de las fábricas como Astarsa y Mestrina (astilleros) y de Lozadur y Cattáneo (cerámicas), en su mayoría con un gran compromiso militante. Ellos conforman los casos que se trataron en este undécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo, en el que la fiscalía y las querellas pidieron penas de prisión perpetua y de veinticinco años para los dictadores Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros (exjefe de Campo de Mayo durante la dictadura) y penas menores para el resto de los imputados. Significativamente, no hay un solo empresario imputado.
Los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares fueron contundentes y conmovedores, y, ante todo, dieron cuenta de que la dictadura tuvo como objetivo central a los trabajadores que cuestionaban las condiciones laborales y de vida y que luchaban dentro y fuera de sus lugares de trabajo por una sociedad más justa, sin opresión ni explotación. Y fueron los empresarios quienes cumplieron el rol de “marcar” a estos trabajadores, con la inestimable colaboración de los sindicatos traidores.
Esto se expresó en los testimonios durante el juicio, que no dejan lugar a dudas. Algunos sobrevivientes, como Carlos Morelli, que trabajó hasta 1976 en el astillero Astarsa, indicó que el mismo 24 de marzo de 1976 entraron varios camiones en la fábrica “y un funcionario jefe de personal, con una lista, hacía que los fueran deteniendo al ingresar y los hacían subir”, según relata Página/12 en su edición del domingo. Morelli relató también que se enteraron a través de una secretaria de uno de los directivos que “la empresa estaba confeccionando una lista de obreros para pasársela a la comisaría cuando se produjera el golpe”.
Juan Manuel Ludueña era también trabajador de Astarsa y estuvo secuestrado en la comisaría de Tigre. Antes de su secuestro, presenció cómo se llevaban a muchos de sus compañeros directamente del astillero. Fue durante los días 24 y 25 de marzo de 1976. La patronal ya le había avisado a los militares quiénes eran los obreros que debían hacer desaparecer porque cumplían un rol importante como delegados o activistas. A varios de ellos Ludueña los vio en la comisaría de Tigre, como a los Roqueta, padre e hijo, y a Martín “Tano” Mastinú, que continúan desaparecidos.
Otro testimonio clave fue el de Luis Fucks, trabajador de Astarsa como los anteriores, quien dijo que “había varias listas, y que la responsabilidad directa de los empresarios se puso de manifiesto, por ejemplo, por el hecho de que hubo confusiones con algunos apellidos, por tratarse de homónimos, y que eran los directivos los que hacían la aclaración acerca de quién era al que los militares debían llevarse y a quién no”, según el testimonio que Página/12 relata. También Fucks declaró que el jefe de personal le dijo antes de retirarse de la empresa: “Ustedes están todos marcados, tarde o temprano se las van a dar”.
El fiscal García Berro indicó, tal como señalamos en otra nota de La Izquierda Diario: "En definitiva, durante este juicio y en lo que toca a las empresas donde trabajaban los obreros desaparecidos, a partir de los testimonios de sobrevivientes o de personas que trabajaban en esas empresas, la responsabilidad civil de los propietarios o de las personas encargadas de su administración es clara. Y a partir de este juicio creo que todas las partes -o por lo menos las partes acusadoras- vamos a solicitar una investigación seria respecto de los civiles que resultaban propietarios de los astilleros Astarsa, Mestrina y de las fábricas de cerámica de Lozadur y Cattáneo”.
Esta tarea sigue pendiente, y así se repitió una y otra vez durante el juicio que empezó a principio de julio: imputar y llevar al banquillo a los empresarios y al personal gerencial de estas empresas, como también a los dueños de Ford, cuyos crímenes y su alianza con la dictadura siguen sin juzgarse.
