Fotografía : Enfoque Rojo
¿Con qué impresiones te quedaste de tu viaje a Jujuy?
En primer lugar, confirmamos que la detención de Milagro Sala, se trata de una extorsión política y judicial cuyo objetivo es amedrentar a todo aquel que quiera salir a pelear en la provincia y el país. Así como a nivel nacional el macrismo mostró en La Plata y Cresta Roja que piensa reprimir cualquier movilización, en Jujuy Morales amedrenta con la prisión de Sala. Por eso, la acusación es por "instigación a cometer ilícitos” y “tumulto al haberse alzado en contra de decisiones gubernamentales". Es clave entender que la causa se inicia por haber participado de un acampe de cooperativistas en reclamo de que se garanticen sus puestos de trabajo. Ahí apunta el gobierno en un marco donde viene habiendo despidos tanto por parte del gobierno nacional como de las provincias y municipios, sean estas dirigidas por el PRO, la UCR, o por el FPV. Todos quieren aprovechar para descargar la crisis contra los trabajadores. Incluso el mismo día que estábamos en Jujuy Amnistía Internacional declaró que "estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión". El gobierno de Morales dice que la justicia está actuando de manera independiente, ¿cuál es tu opinión?
Es una caradurez. Como todo el mundo sabe, la Justicia en Argentina es cualquier cosa menos independiente, y esto sucede con cada gobierno de turno. Pero el doble discurso de Morales se cae rápidamente cuando vemos que a pocos días de asumir aumentó de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal Superior. Dos de los miembros de la Legislatura de la UCR que votaron la ampliación a los pocos días abandonaron sus puestos para pasar a formar parte del Tribunal. En tanto, dos de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim (partidario de Massa) se sumaron a "la justicia independiente": en Defensa Pública fue nombrada Ivonne Haquim, y a Susana Haquim le tocó la Secretaría de Derechos Humanos. Evidentemente, muy independientes no son. A su vez, Mariano Miranda, el fiscal de Estado que oficia de vocero del gobierno frente a la detención es el apoderado provincial de la UCR. Queda claro que el discurso de la independencia de los poderes y el republicanismo terminó el día de la asunción. Ahora, también tenemos que decir que esta Justicia y este Tribunal tendrán más herramientas para criminalizar la protesta social gracias a la aplicación del nuevo código contravencional que fue elaborado y sancionado en diciembre de 2014 por el PJ con el voto favorable de la UCR. Al igual que la Ley Antiterrorista, son parte de una herencia que el kirchnerismo dejó fortaleciendo la criminalización de la protesta.
En Jujuy, mucho más siniestro se vuelve el panorama cuando completamos el cuadro con el nombramiento de Guillermo Siri como Secretario de Seguridad de la provincia. Siri está denunciado por los organismos de Derechos Humanos por participar durante la dictadura en Mendoza en los llamados "Consejos de Guerra Especial Estable para la Subzona 33" a los que correspondía "el juzgamiento de las conductas subversivas y adjudicar las penas a los aprehendidos". En tanto, el gran empresario del azúcar Carlos Pedro Blaquier obtuvo un fallo a su favor por "falta de mérito" en su causa por participación del genocidio, cuando no hay nadie que dude de haber sido un instigador de la dictadura y de su responsabilidad en el "apagón de Ledesma". Pero para dejar más claros los vínculos recordemos que Sergio Massa, el principal aportante de votos para el gobernador Morales, aterrizó en el helipuerto de la empresa Ledesma en su llegada para la campaña electoral en la provincia.
Con esta Justicia y este "equipo" para trabajar Morales gobierna la provincia como si fuera un señor feudal al servicio de los grandes empresarios. Por eso es fundamental repudiar la detención de Sala como parte de un ataque reaccionario por parte del Estado, que excede a su persona y su organización.
¿Cómo piensan seguir?
El día viernes participaremos de una jornada nacional de protesta a lo largo del país, exigiendo la liberación de Sala. Si en la Argentina que dejó el kirchnerismo hay más de 4.000 luchadores procesados por luchar y una enorme precarización laboral, Jujuy no es la excepción, y las nuevas CEOcracias ya demostraron que piensan hacer pasar el ajuste con represión y persecución judicial. Por eso, la exigencia de libertad inmediata. Fanpage de Patricio del Corro
