Docentes, estudiantes y organismos de Derechos Humanos realizaron un corte denunciando la política persecutoria de Gerardo Morales
Martes 11 de diciembre de 2018 10:58
Estudiantes, docentes, trabajadores y organismos de Derechos Humanos se convocaron ayer para denunciar el inicio del juicio contravencional contra cuatro estudiantes y un docente por luchar por su derecho de poder terminar el secundario, así como a estudiantes universitarios que se solidarizaron con su causa. El gobierno de Gerardo Morales y su justicia, actuando de manera totalmente ilegal, desarrollan un juicio que sólo busca amedrentar a la juventud que se pone de pie.
Una nueva muestra de la in-justicia que reina en Jujuy, esta vez estudiantes y docentes fueron puestos en el banquillo de los acusados solamente por defender su derecho de terminar el estudio secundario, en la provincia donde seis de cada diez estudiantes no llega a concluir el nivel secundario.
La causa armada por la justicia de Gerardo Morales es por reclamar una respuesta al Gobierno Provincial frente al cierre de los CEIJA, Centro de Estudio Integral de Jóvenes Adultos, que dejó a cientos de jóvenes sin educación y que hasta el día de hoy la única respuesta que obtuvieron fue la persecución por parte del Estado provincial.
En rechazo al inicio del juicio se realizó un corte sobre la Avenida Fascio, frente al Juzgado Contravencional, de la que participaron muchas organizaciones solidarias contra la persecución que sufren los jóvenes.
Entre quienes se convocaron, además de estudiantes secundarios, organizaciones y estudiantes de Humanidades y Agrarias de la UNJu, participaron docentes universitarios, docentes primarios y secundarios, y trabajadores del Ingenio La Esperanza. Organismos y referentes de derechos humanos como Inés Peña de Madres y Familiares de detenidos - desaparecidos de Jujuy, Oscar Alfaro ex presos políticos de Jujuy y Nora Ferreyra, parte de la Red por la Identidad y ex presa del Plan Cóndor.
Participaron también de la acción los legisladores del PTS-FIT Alejandro Vilca, Natalia Morales, Eduardo Hernández y desde el Partido Obrero Iñaki Aldasoro, los concejales del PTS-FIT Andrea Gutiérrez y Guillermo Aleman de San Salvador, Julio Mamani de Palpalá y Miguel López de Ledesma. Además participo el diputado Juan Manuel Esquivel del FUyO (Frente Unidos y Organizados).
El Código Contravencional es el arma otorgada por peronistas y radicales, con el cual Gerardo Morales se propuso perseguir y condenar a quienes se ponen de pie para reclamar por sus derechos. Derechos que en el marco del ajuste se ven seriamente vulnerados. El Gobierno utiliza la represión para hacer pasar el ajuste, que solo en estos años de gestión cerró decenas de carreras terciarias en toda la provincia, cerró escuelas, dejando a cientos de jóvenes sin educación. Pero la juventud en cada ocasión se puso de pie para defender sus derechos, como vimos en el conflicto educativo, con los estudiantes y familias que pelean contra los cierres de escuelas.
Valeria Chacón, docente de Trabajo Social en la UNJu, quien declaró ayer como testigo en la causa contra Valentina Melo (estudiante de Trabajo Social y militante de la Juventud del PTS), planteó que ella como docente ve todos los años cómo el problema de la deserción deja a montones de estudiantes fuera de las aulas. Que conocía a Valentina de haber sido su docente y que ve que son montones los estudiantes que, como ella, salieron a defender el derecho mínimo a poder recibirse y que el Gobierno hace oídos sordos a esos reclamos o los persigue como en este caso.
Mientras por un lado se persigue a la juventud, el Gobierno viene de legalizar el trabajo infantil avalado también por los dadores de gobernabilidad del peronismo, cuyos principales referentes son reconocidos terratenientes. La política es clara, se le quita a la juventud el derecho a un futuro o se la reprime si no se resigna, mientras se legalizan las condiciones para precarizar la vida de todos y todas.
Los números provinciales son alarmantes, solo 4 de cada 10 terminan el secundario, solo 1 de cada 20 se recibe en la UNJu. Estos mismos jóvenes son los que engrosan la cifra de la precarización laboral: 9 de cada 10 trabajan en negro. Ese es el futuro que quieren los sucesivos gobiernos para la juventud en la provincia, profundizándose la precarización y desocupación con las políticas que digita el FMI y el imperialismo; volver a la juventud (incluso a la niñez) la mano de obra barata de las grandes ganancias de los empresarios tabacaleros, mineros y azucareros.
Natalia Morales, diputada del PTS-FIT, quien también declaró ayer en la causa, contó el conjunto de irregularidades que presenció el día de la detención, cuando durante horas exigió ver la orden de detención o poder ver a los detenidos y se lo impidieron sistemáticamente. Esta forma totalmente ilegal de actuar de la policía y justicia, no son nuevas, sino que forma parte del modo de actuar de Gerardo Morales, como vimos con el caso de Milagro Sala y que en el marco del ajuste se vuelve más brutal.
La juventud no se deja amedrentar por estos ataques. Ayer en el corte, la presencia de estudiantes secundarios y universitarios demostró que con esta política no genera temor en la juventud que se empieza a organizar, sino bronca. La pelea por un futuro es el motor para no aceptar como natural el mandato de ser la mano de obra precaria o desocupada. Una juventud que no se conforma, ni se resigna. Que no quiere las migajas, sino que se pone de pie para enfrentar el ajuste, mostrando que la única salida favorable a los sectores explotados y oprimidos es con una política anticapitalista y antiimperialista peleando por un gobierno de las y los trabajadores.
