Se trata del intendente de Fraile Pintado, Omar Carrasco del FPV, quien se encuentra suspendido y fue multado por más de 6 millones de pesos junto a sus funcionarios. Se podría tratar de una interna del PJ.
Lunes 24 de octubre de 2016
El intendente de la localidad de Fraile Pintado, Omar Carrasco (FPV) afirmó que la suspensión de su cargo fue un “golpe de estado institucional en tiempos de democracia”. Carrasco se encuentra en su cargo desde 2007 y este sería su tercer mandato consecutivo al cual accedió con el 36% de los votos en 2015.
La decisión fue tomada por un grupo de cuatro concejales hace 12 días, y desde ese momento Carrasco afirma que no se dieron a conocer las causas de la suspensión, pese a que según sus declaraciones se habla de 60 denuncias en su contra y que estarían relacionadas con la rendición de cuentas en el municipio. Además Carrasco denuncia que no se le otorgó el derecho a declarar previamente a la suspensión y de disponer de la documentación correspondiente.
Por parte de los concejales Iván Poncio, Juan Dibelo, Carina Vázquez y Liliana Brito que solicitaron la suspensión del intendente se trataría de al menos 74 denuncias en su contra por falta de rendición de cuentas e irregularidades en la situación laboral de los municipales.
En el día de hoy se dio a conocer en medio locales que el Tribunal de Cuentas de la Provincia multó con más de 6 millones a Carrasco y a otros funcionarios de su intendencia.
El intendente suspendido acusa a la diputada Débora Juárez Orieta de Bracamonte (su apellido de casada corresponde a una familia terrateniente de la localidad agrícola y ligada al gigante agroindustrial Ledesma S.A.A.I, que fue fundada justamente por Julio Bracamonte en 1869). Esta diputada que tuvo un cruce con el sector del PJ oficialista de Haquim durante las pasadas elecciones internas del justicialismo finalmente se alejó de su bloque en la legislatura, y es a quién Carrasco indica como instigadora de las denuncias para promover su suspensión.
“La hago responsable como a todos los concejales por la desaparición de la documentación que teníamos que presentar en el Tribunal de Cuentas” dijo el intendente. Según el funcionario su municipio era uno de los pocos que tenía los papeles al día y atribuye la medida de los concejales a una decisión política para destituirlo.
El caso de Carrasco tiene eco también en la localidad de Valle Grande en donde el comisionado y funcionarios están imputados por malversación de fondos de sueldos de los empleados estatales. En este caso el comisionado René Tolaba (PJ-Haquim) sigue en sus funciones pese a los cargos judiciales que se le atribuyen.
No se puede descartar que se trate de un nuevo episodio de la interna del PJ por la cual el sector ganador de vicegobernador Carlos Haquim viene avanzado con la Justicia (con mayoría radical y minoría de jueces del PJ de Fellner-Jenefes en el Superior Tribunal) de su lado sobre la facción que respondía al fellnerismo que salió claramente perdedora en las últimas elecciones. Algo de este tipo de ajuste de cuentas se vió en la destitución del Defensor del Pueblo de Jujuy, ahora pareciera extenderse a los intendentes (actuales y los ex), sobre los cuales también recae la amenaza de imputaciones por los fondos supuestamente desviados de la obra pública bajo la megacausa “pibes villeros”.
Tal vez, por eso que del espacio político de Carrasco no hubo voces en su defensa o porque es alguien indefendible. O ambas dos.
