Convoca la Asamblea permanente de comunidades indígenas libres. Exigen la derogación de la Ley 5915/16, por inconsulta, inconstitucional, de despojo de los territorios y discriminatoria.
Martes 6 de diciembre de 2016 11:52
Siguiendo con la dinámica de las Asambleas permanentes iniciada en el mes de julio, las comunidades indígenas libres se convocaron en Abra Pampa el día 3 de diciembre con el objetivo de seguir informando y debatiendo la Ley 5915/16, promulgada en el mes de mayo .
La Asamblea dio inicio con una ceremonia propia de las comunidades andinas, para luego continuar con el orden del día.
En primer lugar, tomó la palabra la representante de la Comunidad de Cueva del Inca que los días 26, 27 y 28 convocaron a una minka comunitaria para proteger parte de su territorio amenazada por un empresario hotelero, teniendo como respuesta el hostigamiento por parte de la Policía represora de Gerardo Morales.
Verónica Mamani, presidenta de la Comunidad de Cueva del Inca expresó que “el Gobierno y Municipio anterior ayudaron a los terratenientes Mendoza, quienes quisieron desalojarnos. Los intentos de desalojos de las comunidades se incrementaron después de la declaración de la quebrada como Patrimonio de la Humanidad. En 2014, más de 100 efectivos de infantería quisieron reprimirnos. Se nos impuso también una medida judicial para que no construyamos, por eso estábamos en carpas y los Mendoza nos atacaron con cuchillos. Desde ahí dijimos que vamos a defender nuestro territorio de estas personas y del Estado, que no quieren garantizar nuestros derechos”.
El sábado pasado tres familias jóvenes iban a hacer sus casas detrás del hotel Canto del Viento, comentó Mamani. Y agregó que “comenzamos a trabajar y llegó la policía. Les dijimos que traigan una orden por escrito. Nos hostigaron todo el día. A las 6 nos dicen que hay orden del fiscal Maldonado y que teníamos una hora para desalojar. Llamé a Natalia Sarapura (Secretaria de Pueblos Originarios de la gestión Morales) le dije que ‘quieren desalojarnos, pero nosotros no nos vamos a ir porque este es nuestro territorio. Va a haber sangre, estamos dispuestos a dar la vida por nuestro territorio’. Según ella hubo un error, la denuncia que hicieron es que 10 familias de Tilcara habían caído a tomar terrenos. Sarapura nos dijo que al ser un error, el Fiscal desistió en desalojar. Esto nos parece extraño”.
Carlos Vásquez es el dueño del hotel “hace tres años, le dijimos que no alambre, él igual lo hizo. Nosotros presentamos una medida cautelar, donde no puede agredir, ni tomar posesión ni mandar a otras personas. Entre los dos, Mendoza y Vázquez, hicieron la denuncia. Entonces no pueden decir que hubo un error”, aseguró Verónica Mamani.
La presidenta de la Comunidad Cueva del Inca culminó señalando que “ahora tenemos una solicitud al Gobierno, porque por la cautelar no podemos construir, entonces vivimos muchas familias con un solo pozo ciego. Tampoco podemos trabajar en nuestro circuito turístico, cuando el gobierno habla de ‘cultura del trabajo’ se contradice, no se puede trabajar en nuestro territorio. También nuestra comparsa, Los Barreños, que tiene 20 años en Tilcara, no puede hacer sus actividades. Esta medida es como estar muertos en vida. La abogada la peleó año y medio esta medida. Pedimos al Gobierno que vaya y vea nuestra realidad. Sin baño, una sola pieza”. Después de compartir su situación, la comunera dio su apoyo para que se derogue la 5915, sostuvo que es inconstitucional y afectaría la situación actual de la comunidad.
Luego, tomaron la palabra los representantes de la comunidad de Coranzuli, presentando una nota dirigida al Gobernador donde muestran su rechazo a la discutida Ley. Una miembro de esta comunidad afirmó que se sumó a la lucha por la derogación de la Ley porque no tienen la consulta del Gobierno. Continuó su intervención informando que se presentó un pedido de informe al Gobierno sobre la autorización o no a la empresa Sales de Jujuy para lanzar misiles antigranizo. Esto estaría vinculado con la falta de lluvias y la sequía que sufre la región.
Seguidamente, tomó la palabra un hermano de la comunidad de Puesto Sey, Termas de Tugsle, Nación Atacama. El mismo afirmó “me sumo a la lucha porque fuimos engañados por el Gobierno. En el mes de junio el Gobierno hace un convenio aplicando esta Ley. Van a tomar 600 hectáreas, para poner paneles de energía solar. El Gobierno, engañosamente y sin informarnos, toma para sí también el cerro Tugsle, donde están las aguas termales. Una vez más fuimos engañados”.
Y aseguró que “consideramos esta Ley inconsulta. El convenio propuesto por el Estado es ilegal. Nos sentimos engañados porque no nos explicaron esta Ley ni los alcances del convenio. Hablan de un 2% de ganancias, no dicen cuándo ni cómo se pagará. La comunidad se beneficiará con un viaje gratis una vez al mes a Susques. En las fiestas pedir gaseosa y verduras. A cambio de esto, por 50 años, 600 hectáreas de la comunidad serán tomadas por el Gobierno y cedidas a las trasnacionales. No es solamente por los paneles, sino también por nuestros recursos naturales. Por todo esto, tendríamos que tomar una medida más allá de notas y reuniones, hacer una caminata”.
El Comunero de Rumi Cruz también se manifestó contra la Ley. En asamblea comunitaria definieron exigir al Gobierno su derogación, o bien suprimir algunos artículos. Pidió que todas las comunidades se unan para hacer este trabajo. Otra integrante de esta comunidad expresó los motivos de esta definición. Para ellos, principalmente, esta Ley contradice el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual sostiene que el territorio indígena no será susceptible de gravámenes, es decir de servidumbre. También permite a los empresarios hacer los caminos que consideren necesario. Limita las actividades de las comunidades. La servidumbre también grava los acueductos, es decir se entregan las aguas. Limita la consulta sólo para comunidades que tienen títulos.
Finalmente, y luego de un intercambio se decidió repudiar la convocatoria a una Asamblea de presidentes de comunidades por parte del Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Pueblos Originarios. Este repudio se fundamenta en que se trata de legitimar la Ley 5915/16. También expresaron que no todas las comunidades fueron invitadas. Por lo que convocan a una movilización a la Legislatura provincial para el día miércoles 7 de diciembre, fecha en la que se realizará esta reunión.
La jornada terminó en los altos del cerro “Chutanay”, Abra de la Cruz (Cochinoca), donde el 3 de diciembre de 1874, las Milicias indígenas en defensa del territorio, vencieron al Ejército regular Argentino. Allí se ratificó la medida de marchar y manifestarse para que se derogue la Ley 5915/16, de Servidumbres para propiedad comunitaria, por inconsulta, inconstitucional, de despojo de los territorios y discriminatoria.
