La Justicia no abre la investigación a un año del fusilamiento de Tino John

Fuentes ligadas a la causa hablan de las irregularidades presentes en la misma. “Es probable que haya responsabilidad de la fiscalía en el desarrollo de la causa” aseguran. En primer lugar, no hay registro de pruebas como el pedido de informes de la embajada de Suiza que nunca fue contestado por la justicia. Por otro lado, todas las hipótesis investigativas estan determinadas por las declaraciones de Diaz Mayer a poco días del hecho, donde dio por cerrado el caso y estableció el criterio de “legítimo uso de la fuerza” en el marco de un “acto de defensa”.

[Comarca Andina. Se realizó la pericia del caso Tino John https://www.laizquierdadiario.com/S...

Según revelaron las mismas fuentes a La Izquierda Diario, el informe oficial establece que los disparos fueron desde el umbral de arriba, que Tino disparó tres tiros. Actualmente la pericia de balística está en manos de la policía federal en este momento. Este último peritaje es la excusa de fiscalía para continuar retrasando la apertura de la investigación. Además, está el informe oficial del perito de fiscalía, la pericia psicológica del perfil de Tino y la pericia de partes a cargo de Enrique Prueger entregada en octubre de 2021. La contradicción es que el informe oficial habla de tres disparos, mientras el del perito de partes establece que el rifle de John no estaba en la escena del crimen.

La orden de allanamiento redactada por Barrionuevo la noche anterior, establecía que el GEOP no podía ingresar hasta tanto no llegara la ambulancia con personal médico. El operativo estaba a cargo de Omar Martínez, Comisario de El Hoyo. Cuando Claudia Basso llega a la propiedad se cruza las dos camionetas llenas del personal del GEOP a la vuelta de la vivienda. Mientras Claudia ingresa a la propiedad, sin que un consigna estuviera en la puerta cuando ya había iniciado el procedimiento, se cruza con los dos miembros del grupo Sierra del GEOP, un francotirador y un observador.

El disparo que acabó con la vida de Tino, habría sido efectuado por el “escudero”, según el testimonio del “tirador” que lo acompañaba, quien era el “especialista en mediación” del grupo. El “escudero dijo que habría “tirado al boleo” luego de arrojada la granada de estruendo que era la señal para intervenir. El disparo se efectuó con una pistola 9 mm reglamentaria con mira laser, aunque según la fiscalía el láser no funcionaba.

El disparo dio en la frente de Tino y en la pared del pasillo del piso superior quedo la mancha de sangre producto del impacto. La vaina del arma aparece finalmente en otro recinto de la planta baja, cuando el ángulo del disparo hace creer que la misma, expulsada hacia la derecha, debiera estar en el pasillo donde cayó Tino herido de muerte. Ambas pericias coinciden en esto, aunque el cuerpo fue movido con posterioridad.

Otra irregularidad, son las marcas de las balas que supuestamente disparó Tino desde la habitación de arriba en dirección de la Policía mientras subían las escaleras. Según el jefe del GEOP, se realizaron dos disparos por parte de Tino, luego hubo un intento de mediación que fue respondido con dos nuevos disparos, ante lo cual arrojaron la granada y el escudero realiza el disparo “al boleo” que impacta en la frente de Tino, supuestamente mientras se asomaba a disparar nuevamente.

Como relató Prueger en una entrevista conFM Namunkura de Puerto Madryn , en los 200 metros que recorre Claudia desde la tranquera hasta la casa, no fue interceptada para iniciar una posible negociación. Una vez en la casa, reducen a Claudia, y se produce el desenlace fatal. “Entraron a matar, no les interesaba la mediación”, añadió. El cuerpo de Tino luego de recibir el disparo del arma 9 mm del escudero del grupo GEOP es movido en dos ocasiones para simular el enfrentamiento. Incluso Prueger destaca que el arma de Tino no estaba en la escena del crimen, sino que se encontraba en la planta baja, por lo que el perito puede aseverar que al menos dos de los disparos que se adjudican a Tino no fueron realizados desde arriba, sino que fueron parte de la coartada construida por el GEOP para simular un enfrentamiento, con la presencia ya de la fiscal en la casa.

En declaraciones el día 31 de mayo de 2021 a Radio Cadena 3, Carlos Diaz Mayer habló de la presencia de más de 10 vainas calibre 22 en el lugar del hecho, destacando que el GEOP realizó un solo disparo que impactó en la frente de John. “Hay una persona fallecida. No sé si fue un homicidio” agregó el fiscal que en todo momento sostuvo la idea de un enfrentamiento armado. Allí habló del secuestro de cámaras Go-Pro que cada efectivo portaba. “No había ningún funcionario judicial, pero si hay filmaciones del Grupo Especial de Operaciones” dijo el fiscal a otro medio. “Ninguna de las cámaras filmó nada. Están borrados los archivos” aseveró Prueger, demostrando la burda maniobra de encubrimiento de su accionar por parte de los efectivos policiales.

Otro elemento que genera suspicacias es porqué la unidad de Gendarmería que se hizo presente en la puerta de la propiedad no ingresó, cuando su presencia es requerida en casos donde hay sospechas del accionar policial. El 31 de mayo de 2021, a cuatro días de los hechos, el Diaz Mayer declaraba que “no haría falta por el momento la intervención de ninguna Fuerza Federal”.

“Es más que preocupante que el Sr. fiscal general Díaz Mayer -quien supervisó el pedido de allanamiento con la participación del GEOP que terminó con la vida de Tino- sea quien siga llevando adelante la investigación, a pesar de los pedidos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte de la causa” dijeron los hijos de Tino en una carta dada a conocer en junio del año pasado, a un mes del fusilamiento de su padre.

Las responsabilidades compartidas por funcionarios judiciales a cargo del operativo y los efectivos policiales intervinientes parecen ser el común denominador para mantener la causa sin abrir aun su etapa investigativa. Si en un primer momento el respaldo del por entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, aseguraba la impunidad de las fuerzas represivas, el entramado de responsabilidades que la investigación del perito criminalístico contratado por Claudia Costa Basso sacó a la luz, hacen tambalear la impunidad con que hasta ahora se ha movido el poder judicial.