Opinion. La cuarentena, la crisis y las balas

"Si esto sigue así, tendremos que ir a otra etapa de endurecimiento".

Las palabras pertenecen al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y este jueves generaron una honda preocupación por el posible regreso a una cuarentena más estricta.

También el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que “son momentos muy complicados”, y le echó la culpa a la “indisciplina social”.

A menos de una semana de haber anunciado la flexibilización del aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los picos de contagios y muertes conocidos en los últimos días encendieron las alarmas.

El propio Gollán explicó que la preocupación tiene que ver con un posible colapso del sistema de salud, esto es, que no alcancen las camas de terapia intensiva en los hospitales si comienzan a llegar casos en un numero mayor. Quedó flotando en el aire la duda sobre cómo se aprovecharon los últimos cuatro meses en este sentido.

Sin embargo, lo que hace mucho más compleja aún la situación es que el drama de la pandemia se retroalimenta a su vez con la profundidad de la crisis económica y social.

Esta semana, el INDEC informó que en mayo la economía tuvo una pronunciadísima caída interanual del 20,6 %.

Frente a ese panorama, las perspectivas de una rápida recuperación se chocan no solo con el oscuro panorama internacional, sino también con otras incertidumbres. Las palabras de Gollán y González García echan pesimismo respecto de una apertura económica veloz que contribuya a un mayor dinamismo de la actividad en el corto plazo.

Aún así, los problemas son más estructurales y de fondo. Uno de ellos es el de la deuda pública, cuyas negociaciones siguen en curso con un menú de opciones que coinciden todas en implicar un perjuicio de la economía nacional y sus grandes mayorías: convalidar una estafa ilegal para que siga el saqueo del país por parte de los especuladores durante décadas (escenario al que apuesta el Gobierno y es el más probable) o un default, que en este contexto sería caótico frente a la negativa oficial de tomar medidas soberanas como la nacionalización de la banca o el monopolio estatal del comercio exterior.

Te puede interesar: Deuda externa: ¿qué pasa si no pagamos?

Mientras tanto, y para cuando termine la discusión con los acreedores privados, el FMI espera su turno con recetas ortodoxas sobre la mesa para negociar la reestructuración de la deuda argentina con el organismo.

En este terreno, y después de las internas públicas, la novedad es que Cristina Kirchner respaldó públicamente la oferta que le hizo el ministro Guzmán a los bonistas.

La crisis social y una obscena desigualdad

El impacto económico de la crisis, por supuesto, se traduce en un agravamiento de la situación social.

Según la investigación del Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario, durante la cuarentena ya hubo 700.000 personas que sufrieron despidos, 1.8 millones suspensiones y casi 2.7 millones ataques al salario.

Al igual que otros gobiernos del mundo, Alberto Fernández implementó ante esta situación políticas de contención como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000. Sin embargo, los límites de esta medida quedaron expuestos esta semana por los datos oficiales del Indec, que determinaron que para no ser pobre una familia necesita un ingreso mensual de $ 43.810,70. Esa cifra sería incluso superior según los trabajadores de ATE-INDEC.

Estos límites presupuestarios para atender la crisis social no están determinados de forma inevitable por la pandemia, sino por decisiones políticas como no haber implementado un impuesto a los grandes grupos económicos y las grandes fortunas, o haber seguido pagando la deuda externa. Allí hay recursos millonarios que se podrían obtener y destinar a las necesidades más urgentes.

A su vez, el avance de la crisis social cuenta con una enorme aliada que es la CGT, que esta semana, en lo que quizás sea un nuevo récord, se reunió con los empresarios más poderosos del país sin plantearles un solo reclamo de los trabajadores. Solamente firmaron un documento con las exigencias de los poderosos ante la crisis.

De todos modos, en este marco, no todos pierden. Mientras que según diversas estimaciones la pobreza se aproxima al 50 % de la población, hay otros que se la siguen llevando en pala.

Esta semana se conoció el tradicional ranking de la revista Forbes, que entre otros datos reveló que los cincuenta argentinos más ricos acumulan una fortuna de U$S 46.440 millones.

Uno de ellos es Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. Su empresa, lejos de sufrir la crisis, está en su mejor momento, elevó su valor en Wall Street por encima de los u$s 50.000 millones y recibió nuevos beneficios impositivos.

Los ricos siguen de fiesta. Que la tortilla se vuelva. Son ellos o nosotros.

Si no hay pan, que haya balas

Sobre este trasfondo de profunda crisis económica y enorme desigualdad social, se desarrolla en la coyuntura una fuerte política represiva y una campaña punitivista.

La decisión política de no dar respuestas de fondo a las demandas populares (priorizando la deuda, retrocediendo en Vicentín o postergando el impuesto a la grandes fortunas), fue acompañada lógicamente por los distintos gobiernos nacional y provinciales con un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, empoderándolas y redoblando el control social sobre los sectores populares.

Te puede interesar: Mirá la audiencia de familiares de víctimas, organismos y diputados contra la violencia policial

El rol protagónico de Sergio Berni en la escena política nacional no puede ser pasado por alto. La apuesta a mantener en su cargo a un funcionario que alienta la mano dura, la xenofobia y la justicia por mano propia, es todo un mensaje en sí mismo. En la provincia de Buenos Aires, con la seguridad bajo su mando, Facundo Castro sigue desaparecido mientras la Bonaerense desvía la investigación, crecen los casos de gatillo fácil y en una suerte de cadena nacional se celebra al “jubilado” que asesinó a un ladrón.

Te puede interesar: Bregman y Del Caño: “Berni es responsable de que se agraven el gatillo fácil y la violencia policial, se tiene que ir”

Esta última campaña mediática, en la que coincidieron tanto varios oficialistas como opositores como la presidenta del PRO Patricia Bullrich, fue uno de los hechos centrales de la semana: apunta a crear un sentido común punitivista para evitar poner en debate los problemas de fondo de la crisis, así como para criminalizar la pobreza y justificar tanto el asesinato como el hecho de llenar las cárceles de gente sin condena o condenada por pequeños delitos, mientras los grandes evasores siguen impunes o los organizadores de otros grandes negocios ilegales (la policía) siguen haciendo lo suyo.

Nótese también la abismal diferencia entre las infinitas horas de cobertura mediática dedicadas al caso del “jubilado y el ladrón” y la escasa atención por parte de los principales medios a un nuevo caso de desaparición en Argentina, el de Facundo Castro.

Con matices, la situación de mayor represión se da en todo el país, y por eso Nicolás del Caño ha exigido que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se presente en el Congreso Nacional a dar explicaciones, como la máxima responsable de esta situación.

Para dar uno de los ejemplos más aberrantes, este jueves se conocieron nuevas fotos que demuestran que en Tucumán Ceferino Nadal fue asesinado por la policía provincial de Juan Manzur con el mismo método con el que fue asesinado George Floyd en Estados Unidos, lo cual despertó movilizaciones históricas en es país.

Un dato más que no debe ser ignorado en el marco de la crisis. El presidente Alberto Fernández, que meses atrás pidió una “vuelta de página” en la relación con el Ejército, este miércoles participó de una reunión de “camaradería” con las Fuerzas Armadas, donde revindicó a los militares por su rol en la cuarentena. Continúa la tarea estratégica de intentar represtigiar a esta institución genocida.

Frente a este panorama, junto con las medidas indispensables para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, es necesario poner en pie grandes campañas contra la represión y la violencia estatal. Es una tarea estratégica de autodefensa ante una situación que seguirá profundizándose con la crisis y de desprestigio de las fuerzas de seguridad que redoblarán su rol en estas tareas.

En lo inmediato, una tarea absolutamente urgente e indispensable es la de redoblar la campaña exigiendo #DondeEstaFacundo, hasta que aparezca, se sepa la verdad y se castigue a los culpables.