Villa Constitución. La deuda de Acindar es con el pueblo trabajador

El proceso de desarrollo de la emblemática Acindar, que la llevó a convertirse en una de las dos mayores productoras de acero del país, estuvo estrechamente vinculado, a lo largo de la historia, a los diferentes gobiernos, tanto democráticos como dictatoriales.

El empuje del Estado aparece como una constante desde los inicios de la empresa, fundada en la década del 40 por el ingeniero Arturo Acevedo. La planta de Villa Constitución, alentada por la Ley Savio – que buscaba promover la industria siderúrgica – e inaugurada en 1951 a partir de capitales chilenos y estadounidenses, comenzó produciendo hierro redondo para la construcción, abasteciéndose de chatarra. En pocos años se convirtió en uno de los primeros laminadores privados del país. Favoreciéndose de subsidios estatales – tanto directos como indirectos - completó la integración vertical en 1978, al finalizar la construcción e inaugurar la planta integral en Villa Constitución, absorbiendo al mismo tiempo a establecimientos competidores.

La historia sangrienta de Acindar

En Marzo de 1976, el hasta ese momento presidente del directorio de Acindar, Alfredo Martínez de Hoz, se convirtió en el Ministro de Economía de la dictadura militar. La relación de este siniestro personaje con la represión, sin embargo, no comenzó en ese momento sino que data de mucho antes. En el predio de la planta de Villa Constitución ya funcionaba un centro clandestino de detención y, en marzo de 1975 se desató sobre los obreros de la fábrica y la población de conjunto una represión sin precedentes como respuesta a la gesta obrera y popular de 1974 conocida como El Villazo. La represión a la población de Villa Constitución, impulsada por Acevedo y el mismo Martínez de Hoz y llevada adelante por el gobierno de Isabel Perón, constituyó un ensayo de lo que sería la sangrienta dictadura militar que comenzó con el golpe del 24 de Marzo de 1976.

A la inauguración de la planta integral, en 1978, asistió el mismísimo Jorge Rafael Videla, otra muestra de los vínculos entre la planta villense y la dictadura.

En términos económicos, Acindar se benefició también –al igual que otros grandes grupos empresarios, como Techint, Arcor y Sociedad Macri– de la estatización de deuda privada, impulsada en 1982 por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. La medida implicó, en el caso de Acindar, la transferencia al Estado de una deuda superior a los 600 millones de dólares. Dicho de otro modo, significó que a la deuda empresaria la paguemos todos.

En conjunto, durante la dictadura militar, gracias a un plan económico hecho a la medida de las grandes empresas – entre las que se encuentra el gigante del acero – la deuda pública aumentó de U$S 8 mil millones en 1975 a U$S 45 mil millones en 1983.

Además de la estatización de la deuda, la empresa de los Acevedo obtuvo del gobierno militar tarifas subsidiadas, protección arancelaria, avales para conseguir créditos externos y exenciones impositivas. Como parte de distintos planes de promoción industrial recibió, entre 1974 y 1987, inversiones por cientos de millones de dólares que tuvieron beneficios estatales, como créditos que jamás devolvió. Por estar ligada a la producción agropecuaria, Acindar se encontró, en los años de la dictadura, en mejores condiciones de sobrellevar la crisis industrial que otras siderúrgicas. Su producción, entonces, aumentó casi sostenidamente mediante la expansión de su capacidad instalada, la reducción del plantel y la precarización de las condiciones laborales en comparación con las del período predictatorial.

Otros dueños, las mismas ganancias

En 2004, los Acevedo, que se enriquecieron durante décadas casi sin arriesgar su capital, se deshicieron de todas las acciones que tenían sobre Acindar, vendiéndolas por aproximadamente 59 millones de dólares. Desde 2006, Acindar pertenece al grupo Arcelor Mittal. La firma, de origen asiático, constituye el mayor grupo siderúrgico del mundo. Su CEO, el empresario indio Lakshi Mittal, posee una fortuna de 7,600 millones de dólares. El “barón del acero” aparece en el puesto #91 del ranking mundial de billonarios de 2019 de la revista Forbes. Radicado en Luxemburgo, el grupo cuenta con un capital de mercado de 24,000 millones de dólares, y obtuvo en 2018 una ganancia neta de 51,000 millones.

En la actualidad, la planta de Villa Constitución factura un millón de pesos por día. Además de continuar recibiendo subsidios – por ejemplo, energéticos – se beneficia de la devaluación y del precio del dólar, ya que hoy en día exporta el 50% de su producción.

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Ninguna suspensión ni rebaja salarial

¿Cómo es posible que una empresa que se benefició de los recursos del Estado durante décadas, pretenda que los trabajadores paguen los costos de la crisis del coronavirus, suspendiéndolos con rebaja salarial?

Acindar tiene experiencia en tratar de que la crisis la paguen sus obreros. En 1991, después de un largo conflicto en el que los obreros pusieron todo, esta patronal logró aplicar su plan de flexibilización, reconvirtiendo el 40% de los puestos para asignarles más tareas a los trabajadores y reducir el plantel aumentando la productividad. Como resultado, además de la flexibilización laboral, quedaron 3600 trabajadores en la calle, entre despidos y “retiros voluntarios”.

Si se aplicara un impuesto de apenas un 3% a fortunas como la de los dueños de este verdadero coloso, se podría garantizar, entre otras cuestiones, un ingreso de cuarentena para aquéllos trabajadores precarios o informales que no están pudiendo trabajar.

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En lugar de esto, el gobierno de Alberto Fernández toma medidas con nombre pomposo, pero que son insuficientes o tramposas. En el caso del decreto que prohíbe los despidos, no solamente no es retroactivo a los despidos que se dieron antes de que se anunciara, sino que además habilita explícitamente a empresas como Acindar a suspender a sus trabajadores con rebaja salarial.

Como si Acindar no hubiera obtenido ya suficientes beneficios en sus 70 años de existencia (en el caso de la la planta de Villa), si quiere suspender tiene opciones: o pagan los trabajadores, o se paga desfinanciando a la ANSES. Pero hay otra salida: si Acindar tiene crisis, ¿por qué no muestra sus números?. Que paguen ellos, y no los trabajadores y sus familias.

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