La dinámica de la economía española, aunque a ritmos diferentes, sigue la senda de la Eurozona en cuanto al debilitamiento en sus perspectivas de crecimiento.
Martes 18 de diciembre de 2018
La desaceleración que está sufriendo la economía europea, con tasas de actividad en su peor momento desde 2014, está teniendo un fuerte impacto en el PIB de las economías domésticas de los Estados miembro, sin ser el Estado español una excepción.
El pasado noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya alertó de un escenario de desaceleración, planteando una reducción del crecimiento del PIB español de un 2,7% a un 2,5%, dos décimas menos. Mientras tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también hacía predicciones a la baja para la evolución del PIB, pronosticando un crecimiento del 2,6%, una décima menos que sus anteriores previsiones.
Ahora ha sido el Banco de España, el último en sumarse a esta tendencia de revisiones a la baja. Este órgano prevé una moderación del avance del PIB del Estado español de una décima para este año -unos 1.200 millones de euros menos- en comparación a las hipótesis que había previsto el verano pasado, fijando el crecimiento del PIB en un 2,5%.
Contradicciones externas y su expresión doméstica
Esta previsión a la baja se encuentra íntimamente ligada a la propia dinámica exterior. El Banco de España ha reducido su previsión de crecimiento de las exportaciones en ocho décimas, hasta el 1,8%. A su vez, el ritmo de las importaciones de los últimos meses llevan a pensar al BdE que éstas crecerán un 3,8%, siete décimas más de lo que preveía en septiembre.
Y este es precisamente el motivo por el cual la entidad ha recortado su previsión de crecimiento para la economía española. En un contexto de perspectivas de desaceleración para la economía mundial, con previsiones a la baja para los principales Estados, el Estado español, con una gran aportación de las exportaciones al PIB, se encuentra especialmente expuesto. Además de la ralentización del comercio mundial, el encarecimiento del precio del petróleo vivido hasta otoño, la apreciación que registró el euro y la mejora de los destinos turísticos que compiten con nuestra economía, son factores que juegan contra la competitividad española.
Inevitablemente, esta dinámica se trasladará a un fuerte recorte del superávit de la balanza por cuenta corriente de la economía doméstica, esa suerte de indicador que los economistas burgueses trataban como la principal fortaleza de la economía española en el escenario abierto post Lehman Brothers. Si en 2017 se consiguió un saldo positivo del 2,2% del PIB, para 2018 caerá a menos de la mitad: el 1% del PIB. Esta tendencia a la baja se mantendrá en toda la perspectiva del BdE hasta terminar 2021 con un superávit del 0,6%.
Cuadro especialmente complejo cuando esta previsión se hace sobre una dinámica descendente del precio del petróleo hacia el entorno de 66 dólares en 2021 y el tipo de interés del bono a 10 años en el 2,2%. O sea, cualquier giro inesperado en el precio del crudo o en los tipos de interés podría convertir el superávit por cuenta corriente en déficit. Una contradicción más que pesa sobre una economía que necesita un margen suficiente de superávit para sostener su elevado endeudamiento exterior.
“Economía concentrada” o el impacto político de un escenario material complejo
La ralentización del PIB supone una dificultad añadida para el Gobierno del PSOE de cara a la consecución de los objetivos de déficit público. A pesar de que los principales analistas confían en el cumplimiento del objetivo de déficit para este año, del 2,7% marcado por Pedro Sánchez, esto está lejos del 2,2% proyectado en las Cortes por su antecesor, Mariano Rajoy, ligados a los Presupuestos Generales del Estado firmados por el mismo.
El Banco de España prevé que el déficit apenas caerá en 2019. Tan sólo 3 décimas menos, hasta el 2,4%, y siempre y cuando no se incorporen gastos que no estén aprobados en el plan presupuestario. Es decir, una grandísima limitación a cualquier agenda de salida en clave reformista a la situación de crisis social que viven millones en el Estado español.
No sólo eso, sino que el gobierno tendrá que incorporar un gran ajuste en los presupuestos de 2019 para cumplir con el objetivo pactado del 1,8%. En concreto, esto supone una reducción para las administraciones de cerca de 7.000 millones de euros para el próximo ejercicio. Unas cuentas que son realmente complicadas de cuadrar con el plan presupuestario que presentó el Ejecutivo el pasado mes de Octubre. En este sentido, Sánchez ya anunció que presentará sus PGE en enero, figurando ahí los guarismos con los que el Gobierno pretende cuadrar las cuentas públicas.
El margen de maniobra que tiene la “reconstrucción del Estado de bienestar” de la mano del PSOE, como prometía pomposamente Pedro Sánchez este pasado fin de semana, está realmente limitada por el complejo escenario material al que tiene que hacer frente en el medio plazo el capitalismo español.
Las relaciones con sus socios neorreformistas de Podemos es otra cuestión central. ¿Cuál será el rol de los de Iglesias ante esta encrucijada? Una posición totalmente incómoda para la formación morada, que viene actuando como apuntalamiento por el flanco izquierdo del propio Régimen y que ahora va a tener que redefinir su rol de cara a este nuevo escenario.
En última instancia, el capitalismo español enfrenta la misma perspectiva que la que se dibuja para la dinámica del capitalismo mundial, a saber: una situación de estancamiento a corto plazo, tanto para los países imperialistas como para el mundo semicolonial, con perspectivas de desaceleración aguda o directamente recesivas. Un escenario en el cual el capital buscará descargar las contradicciones económicas tratando de recomponer las tasas de ganancia a expensas de los asalariados, vía extracción de plusvalía absoluta o relativa (flexibilización laboral, abaratamiento de la fuerza de trabajo vía devaluación salarial, ataques a cualquier remanente de política asistencialista, etc.).
Estas conclusiones son de vital importancia, porque dibujan la imposibilidad de un cierre en clave “reformista” a las contradicciones latentes en lo más profundo de la base material del capitalismo. Porque preparan, en última instancia, un escenario de polarización política agudo, consustancial a la prolonga “crisis orgánica” que vive el Régimen del 78. Un escenario donde se volverá a poner a la orden del día la posibilidad de irrupción del movimiento de masas, como vemos en Francia. Y junto con ello, la reactualización de la perspectiva revolucionaria y socialista para dar una salida favorable a la clase trabajadora y el conjunto del pueblo.
