Entrevistamos a Lupe, quien denunció por abuso sexual y usurpación de identidad al hijo del genocida. Se encadenó en Casa Rosada para exigir ser escuchada por el presidente Alberto Fernández. Denuncia los abusos y encubrimientos del poder político y pide justicia.
Jueves 12 de agosto de 2021 23:36
Lupe es el nombre con el que se conoce públicamente a la joven que denunció al actual legislador Ricardo Bussi por abuso sexual y robo de identidad. En el marco del 11º encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios, realizado en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, se hizo presente para exigir justicia y denunciar que el presidente Alberto Fernández nunca escuchó su caso.
En comunicación con La Izquierda Diario, Lupe relató que decidió viajar a Buenos Aires ya que su caso solo se mediatizó en Tucumán, y que su búsqueda de justicia sigue más vigente que nunca. "Me encadené en Casa Rosada para hacerme escuchar por el presidente, ya que desde que denuncié a Bussi, Alberto Fernández visitó en tres oportunidades distintas la provincia y jamás hizo mención de mi caso, tampoco de la denuncia a Alperovich, y eso no es casualidad. El gobernador Manzur y el vice Osvaldo Jaldo también mantuvieron un silencio cómplice. Justamente hoy en Casa Rosada me preguntaron si en Tucumán no había oficinas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, les respondí que desde todas las instituciones me abandonaron, porque eso es lo que pasó".
Foto de Lina Etchesuri- La Nota
Desde el mes de junio del 2020, fecha en la que Lupe realizó la denuncia, ella y su familia viven con custodia policial en la puerta de su casa. En distintas oportunidades, la joven denunció constantes irregularidades respecto a la consigna policial, amenazas y persecuciones por parte de Ricardo Bussi.
"Estoy cansada de que me amenacen, no tengo la libertad ni para ir al médico con mis hijos. No puedo entender cómo tras haber sido abusada sexualmente puertas adentro de la Legislatura, nadie dijo nada, nadie me defendió, incluso borraron las filmaciones existentes. Cómo puede ser que el presidente Alberto Fernández jamás se pronuncie al respecto. Me están matando todos los días, así es como me siento".
En cuanto a la situación judicial, aún no hay ninguna persona imputada. La causa pasó por tres jueces de instrucción. En un principio, la investigación se encontró a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter, de la fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Pero, como Bussi cuenta con fueros por ser legislador, la investigación quedó a cargo del juez de instrucción Raúl Armando Cardozo, con el cual Lupe pudo ampliar su denuncia.
A posteriori, de acuerdo al Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que funcionarios, magistrados y legisladores que sean denunciados, deben estar sujetos a una investigación jurisdiccional sumaria por un plazo de dos meses. Si se recolectan las pruebas necesarias se avanza, y el juez o jueza competente hacen el requerimiento a la Legislatura pidiendo el desafuero de la persona investigada. No obstante, una vez terminado el plazo de 60 días, en caso de no realizarse el requerimiento, se archiva y la investigación se suspende hasta que el imputado pierde la inmunidad que le dan los fueros.
Lo que sucedió, fue que el 22 de agosto de 2020 se venció ese plazo y la jueza que intervenía en ese momento, Carolina Ballesteros, no ordenó el desafuero de Bussi. Salvador Iovane, abogado de Lupe, relató que desde septiembre del 2020 lo que se estuvo tratando fue la protección urgente para ella y su familia. Luego de muchas idas y vueltas, en mayo de este año la defensa logró la aplicación del Régimen del Programa de Protección de Testigos. “Hubo que batallar bastante para obtenerla. Eso fue lo último que se trató hasta el momento”, afirmó Iovane. Y agregó: “La justicia tucumana y la justicia federal funcionaron más como un filtro y un dique contenedor. Buscan el retardo, entorpeciendo y obstruyendo la investigación”.
A pesar de contar con custodia en el domicilio, esto no impide que se encuentre expuesta ella y su familia a terribles situaciones. Nos dice: " En julio del 2020 fui a buscar a mi hija del jardín de la escuela Lucas Córdoba y me dí con que Bussi y Nadima Pecci fueron a hacer un evento político justo ahí, sacaron a los niños afuera de las instalaciones de la escuela a tomar una chocolatada sin pedir autorización de los padres. Tuve muchísimo temor por mi hija. Cuando volvíamos a casa me dí cuenta de que nos estaba siguiendo una trafic blanca de Fuerza Republicana. Logré subirme desesperada con mi nena a un taxi. Desde adentro del auto pude filmar a este vehículo para tener pruebas". La denuncia realizada por este hecho involucra también a la directora del turno mañana de dicha escuela, y a la docente del jardín, entre otros organizadores de este evento, del cual hay registros por parte de la prensa que estuvo presente aquel día.
En simultáneo, en septiembre del año 2020 y luego de hacer lugar a un pedido de la defensa de Bussi, el entonces camarista Enrique Pedicone, quien recibía las apelaciones de la causa, denunció que el vocal de la Corte tucumana Daniel Leiva lo llamó para pedirle que maneje “la intensidad” de ese caso. El poder judicial no tuvo en cuenta esta situación y luego de realizarle un jury de enjuiciamiento el magistrado fue destituido en febrero de 2021.
Debido a un cambio en el Código Procesal Penal en la justicia tucumana, la causa se encuentra actualmente en el Juzgado Conclusional Nº 1, cuyo titular es Juan Francisco Pisa, quien está siendo cuestionado por su actuación en el femicidio de Paola Tacacho, y en estos días la Legislatura debe expedirse sobre un nuevo pedido de Juicio Político. Ante esto, Lupe manifestó que se solidariza enormemente con la familia Tacacho, y que la batalla contra Pisa también es una pelea que está dispuesta a dar.
"Tengo mucho miedo por mi familia, fui apuntada con un arma en una ocasión. Ricardo Bussi violó las perimentrales en tres oportunidades distintas. Busca constantemente intimidarme estando cerca de mi casa. Realiza sus eventos políticos en un club a una cuadra de mi domicilio, también estuvo en una cancha que queda justo detrás de casa. Ante esto, no me quedó más alternativa que encadernarme en la Casa Rosada para ser escuchada. Quiero que se investigue a fondo y que paguen todos los culpables, no solo mi abusador, sino toda la red de encubrimiento que se generó para defenderlo".
Bussi, el hijo del genocida, quien se pronunció en diferentes oportunidades en contra de la figura de Femicidio, en contra del aborto legal, hoy disputa votos en las elecciones parlamentarias. Con este pesado historial, entre muchas otras cosas, se desplaza impunemente por toda la provincia llevando a cabo su campaña electoral. La violencia contra las mujeres se ejerce, en primer lugar, desde el Estado, la Justicia y sin duda a través de fuerzas políticas que hacen causa común contra los derechos de las mujeres.
