Entrevistamos a Javo Ferreira sobre su mirada respecto a la lucha del pueblo Mapuche en Argentina y más en general de los pueblos originarios en América Latina, sus causas más profundas y sus tendencias actuales. Ferreira es militante de la LOR-CI en Bolivia, impulsor de la Izquierda Diario en su país, y autor del libro Comunidad, Indigenismo y marxismo. Un debate sobre la cuestión agraria y nacional indígena en los Andes (Ediciones IPS).

¿Cómo ves en la Argentina el problema de los pueblos originarios y qué similitudes y diferencias crees que tiene respecto de otros países latinoamericanos como Bolivia?

Es indudable que hay una tendencia persistente desde hace ya varios años en Latinoamérica a la lucha de los pueblos originarios contra un agravamiento de las condiciones de saqueo y despojo que vienen sufriendo en sus territorios por parte de trasnacionales y grandes empresarios que cuentan con la venia del Estado y las expresiones políticas de las clases dominantes. Es un fenómeno de resistencia que se extiende por todo el continente y que tiene el mérito de poner en cuestión el carácter racista de las actuales estructuras estatales heredadas del hecho colonial, así como los patrones culturales y raciales que dieron forma a las sociedades actuales. Ese es un fenómeno que podríamos generalizar al conjunto del continente, pero que se manifiesta de maneras particulares en los diversos pueblos y países. En Argentina y Chile la lucha del pueblo Mapuche es la punta del iceberg de un fenómeno social más complejo, ya que pone de relieve no solo la situación de los pueblos en lucha sino también la voracidad capitalista sostenida desde la institucionalidad estatal. Cuestiona la supuesta homogeneidad cultural y étnica de algunas sociedades que se construyeron sobre la ficción de la “blanquitud”, ficción que es crecientemente cuestionada al revelarse que esa construcción buscaba invisibilizar a grandes mayorías trabajadoras que provienen o tienen relaciones con diversos pueblos originarios. Así en Argentina creo que se está produciendo un fenómeno muy interesante que está erosionando esa idea centralista porteña referida a la homogeneidad cultural y étnica de “los argentinos bajamos de los barcos” y que unilateraliza un aspecto de la formación social argentina.

Si durante la época colonial y republicana la política de las clases dominantes hacia los pueblos originarios, se caracterizó en la región andina por el intento de aprovechar sus formas de organización del trabajo prexistentes para obtener renta en trabajo y en especie, como la mita por ejemplo, en Argentina o Chile la política sostenida fue más bien tendente a la limpieza étnica y a la inivisibilización de estos pueblos. La situación de las comunidades Wichis y Qom en el norte argentino, con muertes por hambre, violencia policial y civil permanente y expulsión de sus tierras son reveladoras de esto que afirmamos.

Sin embargo como lo evidencia la resistencia mapuche al extractivismo y al saqueo de sus territorios o la presencia de poblaciones wichis en el mismo conurbano bonaerense o la emergencia de Alejandro Vilca en Jujuy concentrando expectativas por su candidatura, esta política de exclusión y negación de los pueblos originarios está “haciendo aguas” y en la medida que los de abajo intervengan en la lucha por sus derechos veremos teñirse cada vez más la política de los colores y aspiraciones de estos pueblos oprimidos.

¿Qué opinas de las acusaciones que les hacen acerca de que son terroristas y como se relaciona esto con la actitud racista y xenófoba que históricamente caracterizó a las clases dominantes?

El recurso por parte de las clases dominantes a la criminalización de la lucha de los pueblos originarios es ya una tradición de larga data. Todo lo que cuestione el poder y la propiedad de las clases dominantes es rápidamente calificado de terrorismo. Lo vemos de una manera casi genocida en Chile, como también lo vimos con el asesinato de Santiago Maldonado en Argentina y la persecución a comunidades mapuches. Más recientemente, en Ecuador, vemos los ataques y en la represión del gobierno de Lasso durante las últimas protestas por la suba de los combustibles recurrir al mismo calificativo de “terroristas”. En Bolivia este recurso fue usado para aterrorizar a las clases medias y así justificar las masacres y masivas torturas durante el golpe de Estado de noviembre del 2019. El racismo y la xenofobia que se despliega desde las clases dominantes contra los pueblos originarios se desarrollaron durante la conquista y la colonia, en la búsqueda de establecer el control del territorio y de las diversas formas de organización del trabajo existentes en el continente. Este proceso que Marx denominó como de “acumulación originaria de capital” y que fue fundamental para el surgimiento del capitalismo como sistema, requirió la construcción de una ideología que lo justificara, dando lugar al racismo moderno y contra el cual millones han empezado a movilizarse, desde el norte con el Black Lives Matter hasta la Patagonia y la resistencia mapuche.

Hoy, el objetivo de este tipo de criminalización de la protesta es preparar el terreno para un agravamiento de la represión contra los pueblos originarios y evitar la discusión sobre el destino de las tierras y los territorios así como el carácter depredador de la gran propiedad latifundista y empresarial como se puede ver en Vaca Muerta o en la desforestación de los territorios mapuches en Chile.

En tu libro das cuenta de la compleja realidad de la cuestión agraria en Bolivia donde existen tierras comunales y otras incorporadas al mercado capitalista o híbridas. Por el contrario, en la Argentina prevalece el latifundio en manos extranjeras tras el genocidio de pueblos originarios. ¿Qué perspectivas comunes encontrás en ambas realidades para resolver el problema?

La demanda de tierra y de territorio son demandas comunes en el conjunto de los pueblos originarios del continente, más allá de las diferencias en formas de organización comunal que estos pueblos tengan. La demanda de territorio tiene particular importancia ya que a la misma están asociadas otras de carácter nacional y cultural, que hacen a la exigencia del derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y gestión, según sus usos y costumbres, de los recursos naturales contenidos en esos territorios. Esta demanda choca con las fuertes tendencias a agravar los mecanismos de despojo de recursos que vienen llevando adelante trasnacionales y empresas mineras, agroindustriales, forestales y otras. El agravamiento de la crisis internacional en curso, provoca un aumento de la lucha por estos recursos y particularmente por la renta agraria lo que está aumentando las tensiones sociales y visibilizando abiertamente esta disputa. Esta tendencia que va más allá de las diversas particularidades nacionales es la que estamos viendo en todo el continente, donde la cuestión agraria así como las demandas de carácter nacional de los pueblos indígenas toma un relieve y actualidad desconocidas en décadas.

¿Qué actualidad tiene tu libro para abordar estos problemas y que otros debates te gustaría rescatar?

Mi texto, escrito ya hace 10 años está centrado particularmente en la cuestión agraria y nacional-indígena en Bolivia y en la tremenda lucha que dieron las y los trabajadores y el pueblo en el ciclo de levantamientos nacionales de la década pasada. En el caso boliviano es importante tener presente que la composición étnica de las grandes mayorías trabajadoras es de los pueblos originarios. Solo pensar la ciudad de El Alto con casi un millón de personas es predominantemente aymara y esto hace que las demandas de tierra y territorio, que podemos generalizar al conjunto del continente, se combinan con otras de carácter urbano, como salario, trabajo, vivienda, y otras que lejos de diluir las aspiraciones nacionales de los pueblos originarios, las acentúa y las “moderniza” por decirlo de alguna manera. La importancia de este fenómeno radica en que los pueblos originarios no son entidades estáticas como piensan ciertos sectores con ideas como el “buen salvaje”, protector de la naturaleza y otras ideas que no por románticas son menos racistas, al pretender mantener a los pueblos en un estado de atraso y postración, o como sectores de una marginal izquierda stalinizada que ven en la lucha de los pueblos originarios un retroceso con respecto a los Estado nación modernos. En mi texto se intenta dar cuenta de fenómenos sociales como el de la creciente tendencia a la diferenciación social al interior de algunos de los pueblos originarios, como sucede con aymaras o quechuas donde el surgimiento de capas altas o incluso burguesas de origen indígena es un fenómeno social de enorme importancia que condiciona los contornos de diversas luchas. Fenómenos de este tipo aumentan la heterogeneidad del movimiento indígena y también de la naturaleza de algunas de sus demandas, así como la posibilidad de instrumentalización de algunas movilizaciones como sucedió recientemente en Bolivia, durante el paro cívico del 11 de noviembre, donde sectores golpistas intentan proteger la propiedad agroindustrial apoyándose en demandas de pueblos indígenas del oriente y en algunos dirigentes indígenas [1] al servicio de la derecha.

Frente a la importante votación en las PASO de Alejandro Vilca en Jujuy que lo ubica muy cerca de ser diputado nacional, los medios argentinos lo vinculaban por su origen colla a Evo Morales. Siendo que perteneces a su misma corriente, ¿cuál es tu apreciación?

Creo que la votación a Vilca en Jujuy, es una tendencia que viene queriendo abrirse camino hace ya un par de años, y me parece que es expresión local de ese fenómeno regional que recorre el continente donde figuras y miembros de los pueblos originarios tienden a personificar de alguna manera estas luchas y demandas que los pueblos originarios, como parte de las y los trabajadores del campo y la ciudad, han venido llevando adelante los últimos años. Esta personificación de las luchas de los últimos años, sin embargo también evidencia esa heterogeneidad de la que hablamos, donde difícilmente se pueda encontrar un proyecto común por ejemplo entre el ecuatoriano Yaku Pérez y Evo Morales o peor aún con Pedro Castillo que no para de ceder a las exigencias del fujimorismo y la derecha o la presidenta de la Convención chilena, la mapuche Elisa Loncon. Pareciera que hay un doble movimiento, contradictorio, en esta emergencia de figuras indígenas en la política latinoamericana, ya que por un lado son la expresión de las luchas en curso, pero por otro también nos muestran esa enorme heterogeneidad que recorre la política de quienes personifican estas luchas. Creo que en Latinoamérica nunca antes ha habido una irrupción semejante de representantes indígenas en la política “oficial” como en estos días. En este sentido el ascenso electoral de Vilca expresando la resistencia y lucha de diversos sectores de la sociedad jujeña, como fue la de los trabajadores del Ingenio La Esperanza o la lucha de los manteros entre otras, es parte de ese mismo fenómeno regional, pero con una particularidad muy importante, que es que en el caso de Vilca hay una expresión clara de lucha por la independencia política de las y los trabajadores y un rechazo categórico a los intentos de reducir estas luchas a meras manifestaciones de inclusión cultural, que en mayor o menor medida expresan los llamados “progresismos” o en los estrechos marcos de una institucionalidad democrática degradada como lo vienen expresando los diversos proyectos que tienen como representantes a miembros de pueblos indígenas. En este sentido, el ascenso de Vilca aumentará la heterogeneidad [sonríe], a la vez que podrá poner de relieve que la única forma de avanzar contra el extractivismo, la precariedad laboral, o la lucha por la vivienda, la tierra y/o el territorio es alentando la auto organización para la lucha de los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad y forjando una poderosa unidad con los pueblos originarios y demás sectores oprimidos por la actual ofensiva capitalista. De consolidarse el ascenso de Vilca, que dependerá en gran medida de cómo se desarrolle la lucha de clases, será más fácil dialogar ante cientos de miles sino millones, de que la satisfacción integral del conjunto de estas demandas como tierra, territorio, salario, vivienda, educación y salud solo puede llegar a buen puerto con una política independiente que busque afectar los intereses de las clases dominantes y no reduciendo la lucha a meras reformas inclusivas que como mostró el golpe de Estado en Bolivia, pueden ser efímeras si no se avanza sobre las clases dominantes.