Derecho al aborto. La ministra Carolina Stanley confirmó que darán marcha atrás con el nuevo protocolo de ILE

Tras una reunión de Gabinete que encabezó Mauricio Macri, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo, cuya actualización fue anunciada este miércoles con una resolución firmada por el Secretario de Salud de la Nación, será derogado "porque fue una decisión inconsulta del secretario”.

Stanley, quien supera en el cargo a Adolfo Rubinstein desde que la Secretaría de Salud dejó de ser un Ministerio, afirmó también que el funcionario seguirá a cargo de esa cartera hasta el 10 de diciembre, cuando Macri entregue el mando al presidente electo por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, fuentes cercanas a Rubinstein afirman que el radical -único funcionario del kirchnerismo que que llega al fin del mandato macrista en funciones-. ya tiene decidido renunciar cuando se oficialice la derogación del nuevo protocolo. Cuestiones de formas. Gestos. Movimientos quizá nada sutiles.

De acuerdo al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, "la resolución se va a revocar seguramente mañana jueves", para ser publicada en el Boletín Oficial. "Tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno. No hace a un juicio de valor", aseguró al ser entrevistado por el periodista Rodrigo Jorge, de radio Mitre.

Sin embargo, los hechos muestran todo lo contrario, porque la guía firmada por el Secretario Rubinstein daba precisiones sobre los procedimientos adecuados para garantizar este derecho en los casos que establece el Código Penal, es decir, las causales de violación, de riesgo de vida y de riesgo de salud de las personas gestantes. Derechos que para los sectores vinculados a las jerarquías de las Iglesias no les corresponden a las mujeres, como el derecho a decidir o a no morir en la clandestinidad, que en esos casos el Estado respeta, al menos en los papeles, desde 1921.

Para ellos, como mostró el debate sobre aborto, en realidad no se trata de "valores", sino intereses. Y el de convertir a las mujeres en incubadoras, el forzarlas a parir contra su voluntad, como pasó en Jujuy y en Tucumán con nenas de once años, sometidas a verdaderas torturas por parte del Estado y de los gobiernos de Morales y Manzur, respectivamente, es un ejemplo claro.

¿Y la salud de las mujeres?

La actualización firmada por Rubinstein, que a esta altura de los tiempos nadie podría decir que "se cortó solo", fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, es decir, en el diario donde el Estado publica todas las medidas que se toman en sus distintas carteras. Esa resolución sería anulada mañana por una resolución contraria, que estaría firmada por Mauricio Macri y dejaría sin efecto el nuevo protocolo, volviendo para atrás, es decir, al protocolo vigente desde el año 2015.

El texto en cuestión por ahora está vigente, y -en teoría hasta mañana- establece entre otras cosas que los equipos de salud deben garantizar el aborto no punible sin intromisión de la justicia, que sólo debe actuar en casos que sea necesaria la protección de víctimas de abuso y en la condena al violador.

Además, determina que la interrupción legal del embarazo debe ser garantizada en todas las provincias, tal como advierten el llamado fallo FAL y Organización Mundial de la Salud y se deriva de lo que estipula el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 y la propia Constitución Nacional. Para las provincias que no adhieren a ninguno de los protocolos existentes, ni tienen los suyos propios, como Tucumán, Santiago del Estero y San Juan, este sería más que un dato.

También destaca que sólo los equipos de salud son responsables de garantizar este derecho y reafirma él criterio de "autonomía progresiva" , garantizando el acceso a la ILE de niñas y adolescentes que así lo soliciten y contemplando su interés superior, tal como establecen esos organismos. Además, el protocolo actualizado añade la información respecto al Misoprostol y la Mifespristona, cuya venta en las farmacias fue autorizada en 2018.

Sin embargo, la decisión de vetar la actualización del protocolo demuestra que la salud de las mujeres no está verdaderamente en la agenda de los gobiernos y funcionarios de turno. Lo vuelve a confirmar la decisión del macrismo, pero recordemos que en este terreno, que hace a la vida o la muerte de las personas gestantes, todos los gobiernos de turno han dado muestras de ello.

Para los protocolos, ¿hay vetos y vetos?

El primer protocolo de Interrupción Legal del Embarazo se conoció en el año 2007, tras la enorme simpatía que despertó la promoción de un proyecto de ley: el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, que en 2019 seguimos exigiendo que se apruebe. Tres años después, en 2010 , el protocolo fue actualizado y debido al crítico Fallo FAL de la Corte Suprema, del año 2012, tuvo una nueva actualización en el año 2015.

Pero en el medio, el tema despertó debates por las presiones de las Iglesias, y en todos los casos en que fue posible, macristas y peronistas anularon medidas similares.

Sucedió con Mauricio Macri en 2012, cuando el actual mandatario era Jefe de Gobierno y decidió anular el protocolo aprobado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, votado por la legislatura porteña.

Algo similar fue lo que hizo, como Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en 2016. En este caso, el veto fue sobre la resolución formada por su ministra de salud, Zulma Ortiz -como corresponde según las leyes del país-, para adherir al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación, en abril de 2015 (el protocolo que volverá a estar vigente).

Pero los vetos no sólo han provenido de las filas macristas. Sin ir más lejos, la propia Cristina Fernández de Kirchner anuló una Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que había tenido que firmar el propio gobernador antiderechos Juan Manzur (por ese entonces, su Ministro de Salud), para respetar sus entonces "profundas creencias religiosas" y su decisión, que había anunciado públicamente, de garantizar que bajo su mandato el derecho al aborto no sería ni legal, ni seguro, ni gratuito.

Sí, especulan con los derechos de las mujeres

Que la salud de las mujeres siga siendo objeto de especulación y manipulación de los gobiernos de turno, tiene que despertar alarma. Mientras se vetan medidas que el Estado debe garantizar hace más de cien años, mientras se obstaculiza el acceso a los derechos y mueren mujeres, niñas, adolescentes producto de la criminalización y de la clandestinidad, unos y otros negocian con nuestros derechos.

Salta a la vista también con las cambiantes posiciones del presidente electo, Alberto Fernández, que en campaña electoral comenzó afirmando que el aborto no era un tema prioritario para decir luego, ante las masivas movilizaciones de las mujeres y ante el rechazo que despertaron sus afirmaciones, que hay que "ir por etapas", como si nuestras vidas pudieran esperar.

El debate y el curso que tendrá el nuevo protocolo sigue abierto, pero ya hay clara una cuestión: hay que exigir en las calles, con la confianza en nuestra propia fuerza, el aborto legal ya; la inmediata aprobación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (y ningún otro) y la separación sin más vueltas de las Iglesias del Estado.

El próximo 25 de Noviembre, día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, este será uno de los reclamos centrales. En buena hora, porque estamos en 2019 y estamos discutiendo un derecho elemental. ¡Basta de jugar con la vida de las mujeres! ¡Aborto legal, seguro y gratuito YA! Y sí, ¡que las Iglesias no se metan!