PANDEMIA Y COERCIÓN ESTATAL. Las empresas de seguridad privada deberán delatar personas ante la Justicia tucumana

Desde el pasado 6 de abril, las empresas de seguridad privada deberán revelar la identidad de las personas que realicen actividades recreativas, deportivas, sociales o de esparcimiento dentro de los lugares que vigilan. Después de ver la prepotencia con la que el médico Ernesto Prebisch maltrata a los porteros del country Los Azares de Yerba Buena, o la denuncia de los trabajadores hacia el gerente de Citrusvil que se paseó por la planta habiendo regresado de un viaje por Europa, esta noticia podría resultar hasta satisfactoria.

Sin embargo, empresas como Elite, ADT, o Securitas, y las más de 75 empresas y 2.000 vigiladores que nuclea la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad e Investigación (CATESI), no solo están en los countrys. Cubren servicios en numerosos consorcios y empresas transitadas por miles de laburantes. O sea, si vos vivís en un edificio que tiene contratada esta seguridad, ellos tienen la libertad de informar tu identidad y tus movimientos. La amenaza no es el tipo que cuida tu edificio de noche, sino los dueños de estas empresas, vinculados a genocidas, servicios de inteligencia y grupos mafiosos parapoliciales, que nada tienen que ver con las garantías de seguridad de la población.

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Prontuario mafioso y represor

CATESI, la cámara que reúne a las empresas de “seguridad” privada en la provincia, se conformó legalmente bajo tutelaje del Ministerio de Seguridad en el año 2006. Dirigía la cartera el ex militar y funcionario de Alperovich, Pablo Baillo, quien tuvo que renunciar a sus funciones tras el escándalo por el asesinato de Paulina Lebbos.

Actualmente su titular es el ex comisario Alberto Alcaraz, dueño de la empresa Elite, en la que “trabajaba” codo a codo con el represor Miguel Ángel Chaile, denunciado como miembro de los grupos de tarea durante la última dictadura militar y actualmente en prisión preventiva por la megacausa del Operativo Independencia.

Chaile cumplió funciones como Jefe de Infantería de Domingo Bussi entre el 95 a 99 y protagonizó las amenazas de muerte al periodista del programa CQC Daniel Malnatti, cuando este cubría la gira electoral de Menem en la provincia en el año 2002. La empresa Elite había sido contratada para la seguridad del ex mandatario.

En el año 2003, el ex comisario Alcaraz funda la Escuela de Vigiladores, que fue la precursora de la CATESI, cuando ésta aún no tenía personería legal. Como verán, este ex comisario reconvertido empresario, invirtió de lleno su tiempo al negocio de la vigilancia. Pero ¿qué había pasado con su carrera dentro de la policía provincial?

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Amigo del Malevo Ferreyra

Alcaraz estuvo al mando de la policía provincial en el año 2000, durante la gestión del peronista Julio Miranda. Su nombre se hizo famoso a nivel nacional cuando en mayo de ese año el diario La Gaceta sufre un “atentado”, que consistió robo de casi el 90% de su edición dominical de alrededor de 70 mil ejemplares que fueron quemados en las calles.

Como Jefe de la Policía, junto con el Ministro de Seguridad de ese momento, Miguel Nazur, responsabilizaron a los canillitas y sostuvieron que la policía había sido sobrepasada ya que los agresores habían actuado por sorpresa y habían contado con alto nivel operativo y logístico. Las noticias de aquéllos días en el diario más masivo de la provincia eran sobre la “inseguridad” y negociados de los funcionarios.

La edición de La Gaceta del lunes siguiente salió con una foto de Alcaraz con Mario Oscar el Malevo Ferreyra, Jefe de Investigaciones de la Policía y líder del Comando Atila. Reconocido por cometer atrocidades contra los derechos humanos, al punto que los propios genocidas lo pusieron 2 años en disponibilidad durante la dictadura. Alcaraz respondió que esa foto solo reflejaba a dos camaradas que habían hecho juntos el liceo y que sentían un gran amor por la institución policial.

Sin embargo, Alcaraz terminó renunciando a la jefatura de policía por esa causa. El Ministro Fiscal de la Corte en ese entonces, José Ricardo Falú, en una entrevista que dio a La Nación en carácter de investigador del atentado, aseguró que los agresores ya estaban identificados y que habían sido dirigidos por un ex policía que había actuado en confabulación con las mafias locales. El hecho nunca fue esclarecido.

La seguridad también es una cuestión de clase

Cuando decimos que la CATESI está tutelada por el Ministerio de Seguridad, no significa ningún tipo de garantía. Estamos en manos de funcionarios como el gendarme Claudio Maley, impulsor de la doctrina Chocobar en Tucumán. El mismo que pretendió encubrir a los asesinos de Facundo Ferreyra. Ahora asociado a estas empresas que surgen de las cloacas del Estado.

Es un avance más dentro de una serie de medidas de fortalecimiento de la represión y coerción estatal y paraestatal, en nombre de “la guerra” contra el coronavirus. Y no es algo exclusivo de nuestra provincia. Todo el discurso presidencial desde que se decretó la cuarentena obligatoria se orientó a legitimar el despliegue de las fuerzas de “seguridad” por todo el territorio nacional. En muchos casos haciendo tareas que tranquilamente podrían haber garantizado las organizaciones sociales, como el reparto de comida.

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Y estas no son recomendaciones de ningún especialista en pandemias ni de ningún científico. Este “estado presente” tiene un contenido claro. No sabemos dónde está el virus dice el presidente, pero en lugar de implementar medidas para la detección, mediante los testeo masivo, y así aislarlo de manera eficaz, como se demostró en otros países, se fortalece el disciplinamiento social selectivo sobre las mayorías trabajadoras. Convirtiendo en enemigo al vecino, al laburante que tiene que salir igual o a cualquier persona que circule.

No estamos exagerando. Al cierre de esta nota se registran 29 positivos de coronavirus en la provincia y ¡3.138! detenidos. Recientemente en San Luis, fue detenida Florencia Morales, porque el último número de su DNI no la habilitada a circular ese día. Florencia fue hallada muerta en una comisaria.

Como señala Juan Dal Maso en ¿Estamos en guerra? Apuntes sobre el consenso coercitivo: La lucha por oponer otros valores alternativos a la ideología de este consenso coercitivo, para evitar que se consolide como un sentido común duradero en amplias franjas de la sociedad está a la orden del día. Cuestionar los avances contra las libertades democráticas, defender la lucha de clases contra los intentos patronales de imponer a la clase trabajadora y el pueblo pobre los costos de la crisis económica, postular los ejemplos de miles de experiencias de lucha, organización y solidaridad obrera y popular en todo el mundo que unen el combate contra la pandemia con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, incluso en la Argentina, oponer al salvataje de las grandes empresas una salida a favor del pueblo; son todas peleas imprescindibles para el momento actual pero también para encarar lo que vendrá.]