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Red Internacional
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CÓRDOBA / IGLESIA. Laura Vilches: “La Iglesia católica perpetra una estafa económica al Estado cordobés”

La legisladora por el PTS-FIT presentó en la sesión de la Unicameral datos sobre las propiedades de la Iglesia Católica y otros cultos que tienen exenciones impositivas, pero se dedican a lucrativos negocios. Exigió la confirmación y ampliación de la información, y una vez más demandó la separación de esta institución del Estado.

Jueves 25 de octubre de 2018

Fotografía: Prensa Legislatura de Córdoba

Este miércoles, la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto (N° 25.885) para solicitar información completa sobre las propiedades inmuebles y automotores pertenecientes a la Iglesia Católica y otros cultos, que estén exentos de impuestos según lo dispuesto por el Código Tributario provincial. Esto sucedía mientras la represión se desataba sobre las afueras del Congreso Nacional para aprobar un presupuesto de ajuste.

En su intervención, Vilches cruzó en duros términos a la Iglesia Católica en particular, pero también a otros cultos como los evangélicos, por los enormes privilegios económicos que ostenta. Entre las 2.141 propiedades por las que las iglesias de diversos cultos piden exención de impuestos, hay algunas que deberían estar tributando por dedicarse a actividades lucrativas, lo cual configura una verdadera estafa al Estado.

Entre ellas hay terrenos valuados en miles de dólares situados en el barrio privado Solares de San Alfonso, en Villa Allende, como también un Centro de cirugía plástica ubicado en el Cerro de las Rosas. Lo mismo debería correr para la elitista y costosa escuela privada “Mark Twain”, que no regentea la Iglesia. El terreno donde se encuentra pertenece a la congregación de los salesianos: son 18 hectáreas, de las cuales sólo un 1 % está edificado. En un terreno colindante, también exento, se emplaza un local enorme de Ferrocons, conocida empresa de venta de materiales de construcción y afines.

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La legisladora cordobesa denunció a su vez que en el presupuesto armado a medida del FMI y debatido bajo represión en el Congreso Nacional, los fondos para educación y cultura sufren mermas reales de un 10 %, los de vivienda un 17 % y los destinados a la Asignación Universal por Hijo un 11 %, mientras la Iglesia mantiene intactos sus privilegios. Engrosan las filas de quienes se benefician con un presupuesto armado a medida de los especuladores, ya que el pago de intereses de la deuda es el rubro que más aumenta: 49 %. Así, el monto destinado para los sueldos de obispos baja sólo 4 millones de pesos, de 130 a 126. Hay que recordar que los sueldos de los obispos no pagan impuesto a las ganancias, cuando cualquier trabajador que supere los $ 29.000 sufre ese descuento. Privilegios que se suman a los 290 millones de pesos destinados por el Estado nacional para la refacción de templos “emblemáticos”.

En Córdoba, Dios también es millonario

El Código Tributario de Córdoba establece en diversos artículos que no pagarán impuesto inmobiliario “la Iglesia Católica, por los inmuebles destinados al culto, a la vivienda de sus sacerdotes y religiosas, a la enseñanza o demás obras de bien común”. Tampoco “los templos y en general los inmuebles destinados al culto de las religiones que se practiquen en la Provincia”, ni los inmuebles pertenecientes a entidades religiosas y otras entidades “que conforme a sus estatutos o documentos de constitución no persigan fines de lucro”. Las distintas iglesias y cultos no pagan tampoco ingresos brutos, sellos ni impuesto automotor.

Según la información entregada por la Dirección de Rentas a la legisladora Vilches, hay registradas 2.141 propiedades de los distintos cultos de la provincia como exentas de impuestos. El 83 % pertenecen a la Iglesia Católica (1793 inmuebles), mientras los restantes 348 pertenecen a otras iglesias como evangelistas, testigos de Jehová, adventistas. Entre los 1.371 inmuebles que pudieron ser chequeados fehacientemente, no se encontraron propiedades de los cultos judío y musulmán.

En su alocución, la legisladora Vilches solicitó que se ampliara y chequeara esta información, porque “es sumamente valiosa para quienes luchamos por los derechos de las mujeres, personas gestantes y la disidencia sexual, derechos a los que se ha opuesto la Iglesia desde sus inicios”. Agregó que “con esta información que nos dio el propio gobierno, se demuestra que la Iglesia no sólo recibe salarios y subsidios por las instituciones de educación y de salud, sino que, en base a la exención de impuestos y tras la pantalla de la fe, han montado un negocio muy lucrativo que les otorga un enorme poder económico. Por otro lado, es un verdadero fraude al Estado, ya que muchas de las propiedades eximidas se destinan a locales comerciales o directamente explotación agrícola, cuando la exención se debería otorgar a instituciones sin fines de lucro”.

De las 1.371 propiedades que pudieron ser chequeadas fehacientemente por este medio a través de la geolocalización catastral, 578 corresponden a iglesias y otros lugares de culto, 97 son instituciones educativas, 103 son casas, 169 son terrenos con alguna construcción y 424 son terrenos sin ninguna construcción, tanto urbanos como rurales. Es decir, que más de la mitad son destinadas a fines que poco tienen que ver con el culto o servicios religiosos.

Derechos transformados en servicios

En la lista hay muchas residencias geriátricas de lujo, como el Hogar San Camilo, o la Residencia de Señoras Nazaret Concepcionista. Esta residencia cuenta con 2.600 m2 cubiertos y 2 hectáreas de terreno, piscina cubierta y habitaciones individuales con teléfono, internet y televisión con cable. En esa superficie podrían establecerse 36 familias en departamentos de 3 dormitorios, pero aloja a 40 señoras mayores que pagan una cuota mensual de $ 30.000. Generalmente, este tipo de geriátricos sólo acepta personas autoválidas.

Los servicios de turismo y hotelería no quedan afuera de los intereses de la Iglesia. El Monasterio Benedictino Nuestra Señora de la Paz, ubicado cerca de la localidad de Calmayo, fue abandonado por los monjes en el año 2013 y cedido en comodato a Radio María. Es anunciado ahora como una “casa de retiro y formación”… pagos. Muchas otras estancias y residencias serranas ofrecen servicios turísticos.

Negocios non sanctos

Todo cordobés o cordobesa escuchó alguna vez que las galerías comerciales del centro de la ciudad de Córdoba son de la Iglesia. Y la información brindada por Rentas confirma que, al menos las manzanas de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, del Convento San José y del Arzobispado están exentas de impuestos. Allí se pueden encontrar numerosos locales comerciales, algunos de marcas ropa que la mayoría del pueblo trabajador no puede comprar, estaciones de servicio, playas de estacionamiento y hasta un supermercado.

Pero eso no es todo. En el interior de la provincia la Iglesia posee miles de hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Cerca de la localidad de Reducción, una zona de cultivos para la industria manicera, hay dos terrenos sobre los que se cargan las eximiciones impositivas, que suman 5.000 hectáreas. En la localidad de Colonia Vignaud, los campos sobre los cuales la Iglesia Católica no paga impuestos tienen una superficie mayor que la de la zona urbanizada. En algunas localidades, la plaza principal o hasta el edificio de la municipalidad pertenecen a la iglesia.

Estos pocos datos, de apenas algunos terrenos, dan por tierra la información brindada por el Licenciado Farfán, del Ministerio de Finanzas, según la cual las propiedades de las iglesias que no pagan impuestos ocupan 400 hectáreas. El gasto tributario que le implica a las arcas provinciales la no percepción del total de esos tributos asciende a los 47 millones de pesos. Cabe considerar que, si la estimación en las hectáreas registradas es errónea, probablemente el cálculo del gasto tributario, también lo sea.

Una necesidad imperiosa

En su intervención, además de presentar todos estos datos, la legisladora Vilches hizo hincapié en la necesidad de separar la Iglesia del Estado. “El poder económico que obtiene esta institución de todas las exenciones, los negociados que mantiene con la mayoría de estas propiedades, los sueldos que paga el Estado, es utilizado para intervenir sobre las vidas de mujeres, personas gestantes, gays, lesbianas, personas trans. Así financian las campañas contra la ley de educación sexual integral, o para bloquear el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Estas instituciones son las mismas que cobijan en su seno a curas abusadores y pedófilos. Pero también cumplen el rol pérfido, junto a la burocracia sindical, de frenar la disposición a luchar contra el ajuste de sectores enormes del movimiento obrero. Piden a los obreros mantener la paz social y aceptar las migajas de las empresas y los gobiernos, los mismos gobiernos que sostienen estos privilegios a las iglesias”.

Estos privilegios no provienen sólo de la Constitución de 1853, donde se aceptó sostener el Culto Católico como una solución de compromiso por parte de los constituyentes, que en su mayoría estaban en contra. Durante la última dictadura los privilegios aumentaron, a cambio de los “servicios prestados” por la curia frente a la apropiación de niños y niñas, frente al robo de identidades, frente a las torturas y asesinatos. Y se mantuvieron durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, el kirchnerismo y el macrismo.

Para finalizar su intervención, la legisladora Vilches exigió nuevamente tratar el proyecto de su autoría (N° 25.886) sobre la separación definitiva de la Iglesia del Estado, “para terminar con esa reglamentación de las vidas de millones de personas que no sostenemos ninguna religión. Por eso pedimos que se nos brinde toda la información concerniente a las propiedades de las iglesias y que sea de acceso público, además, queremos saber cómo se va a responder a la ilegalidad en la que incurren la iglesia católica y otros cultos al solicitar exenciones de propiedades que no son destinadas a servicios religiosos. Y queremos dejar sentado la necesidad de que se apruebe un proyecto que ya hemos presentado para derogar los distintos artículos del Código Tributario provincial que permiten estas exenciones”.

La Izquierda Diario continuará publicando en próximos informes datos valiosos revelados por la investigación de la banca del PTS-Frente de Izquierda, para que estén a disposición sus lectores y lectoras.