Se trata de Raúl Albarracín, legislador radical, quien declaró que no considera necesario que la provincia adhiera a la Ley 25673 ya que según él se trata de una norma que carece de ciertos valores. Criticó el reparto masivo de preservativos y anticonceptivos y sostuvo que el anticonceptivo de emergencia es “directamente el aborto de un embrión”.
Martes 28 de agosto de 2018
Lejos de cualquier película ambientada en principios del siglo pasado (o antes), ayer mismo en San Miguel de Tucumán la Comisión de Salud de la Legislatura ha sesionado bajo presión de grupos evangelistas y católicos que accedieron al recinto sin inconvenientes y llevaron su preocupación argumentando que la ESI es una ley de “libertinaje que invita a la zoofilia” y oponiéndose a la adhesión de la provincia a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable con argumentos de la misma talla. Ambas leyes con 12 y 16 años respectivamente desde su promulgación nacional y a las que el FPV- PJ se ha negado sistemáticamente siquiera a tratar y mucho menos a implementar en la arena provincial.
Lo que se evidenció hoy es que la presión bajo la cual se dio el debate no es ajena a los miembros de la propia cámara ni son sólo externos aquellos argumentos faltos de toda seriedad, evidencia, veracidad y cientificidad.
El legislador radical Raúl Albarracín recurrió a la pregunta retórica para graficar su postura: “¿Por qué la solución tiene que ser, si o si, el reparto masivo o la colocación de anticonceptivos a todo el mundo como si fuera una vacuna que hay que ponerles a todos?” Además se respaldó en el reciente rechazo en el Senado al proyecto de Ley IVE para sostener falazmente que la ley de Salud Sexual “abre el protocolo de aborto”.
Es sabido que entre los objetivos enumerados por la Ley 25673 se encuentra disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y garantizar el acceso a la información, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
No es posible, sin embargo, atribuirle al Legislador Albarracín la ignorancia como explicación de sus dichos. Se trata de un político profesional que desde el año 1993 viene haciendo carrera tal como consta en su propia página web. El mismo funcionario que ha presentado un proyecto de ley para que las mujeres cuyo embarazo haya sido producto de una violación reciban un “sueldo” a cambio de parir que incluye “un plus” para el caso de las adolescentes víctimas de abusos. En sintonía con la propuesta del diputado salteño Olmedo, propuso hacer un registro de los concebidos no nacidos que fallecen en el vientre materno. Incluso, su nombre ocupó las portadas de diarios cuando encabezó la oposición al tratamiento de la Ley de Cupo Laboral Trans.
Tampoco se trata de iniciativas por fuera de los múltiples gestos que vienen demostrando los legisladores locales de todos los bloques políticos con la Iglesia. Vienen de declarar a la provincia pro-vida, de haber acompañado con enormes recursos estatales la gran campaña antiderechos que promovieron desde las cúpulas eclesiásticas, mientras año a año, mes a mes continúan dándole la espalda a la agenda de las mujeres.
En relación al debate abierto, Alejandra Arreguez dirigente del PTS en el Frente de Izquierda y referente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas declaró “En la provincia con una tasa de embarazos adolescente por encima de la media nacional, donde la Maternidad tiene un piso íntegro destinado a niñas y adolescentes, donde la deserción escolar se multiplica producto de embarazos no deseados o de casos de homolesbotransfobia que incitan a la discriminación y a la violencia, es realmente criminal continuar postergando la implementación del Programa de Salud Sexual y la Educación Sexual integral en todas las escuelas”
Con respecto a los dichos de Albarracín declaró: “Causa bronca pero no sorpresa la soltura de las declaraciones del legislador. Al igual que los otros 48 legisladores viven rodeados de privilegios y no son ellos los que pagan las consecuencias de las decisiones que toman. Deberían preguntarles a las docentes que acompañan a las alumnas en cada caso de violencia o embarazo no deseado para impedir que deserten, deberían preguntarles a las jóvenes a las que les niegan el derecho a la información para disfrutar de su sexualidad y les imponen la maternidad precoz, a las ama de casa y las trabajadoras que cada vez que van al CAPS les niegan el acceso a métodos anticonceptivos o les imponen cambiarlo mes a mes aumentando los riesgos e impidiéndoles elegir cómo cuidarse. ¿Cómo explican todos los bloques políticos que gobiernan la provincia que mientras ellos privilegian sus vínculos con la Iglesia a las mujeres nos siguen negando nuestros derechos más elementales luego de más de una década?”.
Los partidos clericales que gobiernan la provincia y el país no pueden impedir que la marea verde continúe en las calles, en las escuelas y facultades, en los lugares de trabajo. Mucho menos ahora, que el enemigo se torna cada vez más nítido dándole fuerzas renovadas a la histórica pelea por la separación de la Iglesia y el Estado.
