Esta tarde la Legislatura Provincial trataría el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Recolectores de Alto Comedero denuncian que se trata de un negocio donde vecinos y trabajadores salen perdiendo.
Jueves 8 de septiembre de 2016
Los trabajadores de recolección del popular barrio Alto Comedero de la capital jujeña, levantaron una posición clara desde que salió a la luz el proyecto de Ley “GIRSU”, impulsado por el Gobierno provincial sobre el tratamiento de residuos. Se opusieron a toda privatización, exigimos que se incluya una tarifa social, pero sobretodo planteamos siempre, que la Ley no incluye ninguna mejora en las condiciones de trabajo de los obreros de la recolección de residuos.
Si bien la creación de la empresa GIRSU propone el tratamiento adecuado de los residuos, incluida una planta de reciclaje, como que se tecnifique y modernice, proveyendo un parque automotor adecuado; no se plantea ningún punto concreto para terminar con la precariedad laboral y mejorar la situación de los obreros de recolección.
Ese fue el eje que planteó la asamblea de los trabajadores de recolección de Alto Comedero, exigiendo que se incorpore al proyecto de Ley la equiparación salarial al convenio colectivo de trabajo nacional de recolección de residuos y afines, el reconocimiento como trabajo insalubre para acceder a la jubilación a los 55 años o 25 años de antigüedad con el 82% móvil de jubilación, que los trabajadores estén cubiertos por una ART ante accidentes de trabajo, y que las vacantes sean cubiertas por los familiares directos.
El eje de las condiciones de trabajo es central. Si bien el texto de la Ley establece que no menoscabará derechos a los trabajadores, no hace mención alguna a las pésimas condiciones en que los intendentes ya mantienen a sus trabajadores.
Condiciones de extrema precariedad y explotación. Una situación que en el interior de la provincia se recrudece y agrava, no solo son los peores salarios entre los municipales, muchos son jornalizados, contratados y planes sociales. Una pequeña minoría son efectivos, pero todos trabajan en la informalidad, sin indumentaria o elementos de seguridad, y expuestos a enfermedades e infecciones de todo tipo, en un constante riesgo y accidentes.
Por eso la demagogia que proponen de ceder un miembro sindical en el directorio, entre decenas de funcionarios, donde el voto es calificado y todos los votos tienen un porcentaje en las decisiones, lejos de ser un “reconocimiento histórico” implica un engaño, si no parte como primera medida de cambiar ya las condiciones en materia salarial, jubilatoria y de seguridad.
La intensa búsqueda del diálogo con funcionarios, diputados y con el Ministerio de Medio Ambiente -encargado de la elaboración del proyecto- pocas veces tuvo eco. La Ministra Zigarán nunca accedió a reunirse con los trabajadores; el presidente del bloque de legisladores radicales, Alberto Bernis, tampoco; siendo los principales responsables, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad Gastón Millón, tampoco escuchó la voz de los recolectores sobre el tema.
Algunos Coordinadores del Ministerio de Medio Ambiente, diputados de la UCR y PJ, nos explicaron la firme decisión desde el Ejecutivo Provincial para que avanzaran con este proyecto de Ley, donde el Estado ya estaría suscribiendo convenios con el BID y otros organismos de financiamiento internacional.
En todos las conversaciones quedó claro que el gran interés en esta Ley pasa por la gran recaudación, vía el cobro del servicio de recolección con la factura de la energía eléctrica y el agua. El servicio de recolección pasaría así de significar entre un 10 o 15% de recaudación a un 95%, como mínimo. Este monto se repartiría entre el Estado provincial y los municipios. Un negocio millonario para unos pocos, donde los trabajadores serán los convidados de piedra.
Hace unos meses los obreros de recolección de Alto Comedero, realizaron un paro donde este reclamo contra el GIRSU fue uno de los principales puntos, además de pedir una re-categorización que se otorgó a la mayoría de los empleados municipales dejando afuera a la mayoría de los obreros de recolección, indumentaria, un parque automotor propio y que se den vacante a los familiares de los trabajadores de recolección para cubrir la falta de personal, cuando el municipio hace ingresar a punteros políticos y de las organizaciones clientelares vinculadas a la UCR.
Lamentablemente la patronal y el SEOM se jugaron a aislar y dividir a los trabajadores de recolección entre los dos edificios, amenazando con descuentos de días de los días de paro.
Sin embargo no pudieron ocultar el reclamo, que tuvo gran repercusión en los medios y opinión pública, sentando una posición sobre el GIRSU, y el peligro de la privatización.
Hasta la semana pasada tuvimos reuniones con Diputados de la UCR y del PJ, y el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, planteando estos puntos; pero está claro el consenso no solo entre los bloques y municipios, con los sindicatos que se llamaron al silencio y evitaron constantemente que los trabajadores respondan con la movilización, en unidad y medidas de fuerza.
Se tienen entre manos un gran negocio, donde pierden los vecinos y los trabajadores.
