La ley prevee la capacitación en perspectiva de género al personal del Estado. En Jujuy solamente hay tres refugios para mujeres que son víctimas de violencia y no existen licencias pagas, ni subsidios para mujeres desocupadas.
Sábado 7 de septiembre de 2019 17:51
La ley aprobada en el año 2018, sumó una nueva adhesión provincial en el recinto jujeño producto de la pelea incansable de la familia de Micaela García, joven de 17 años, víctima de femicidio en Gualeguay, Entre Ríos en el año 2017, y de miles de jóvenes y mujeres que llenamos las calles masivamente en todo el país a partir del primer Ni Una Menos en el 2015. Así se ha logrado instalar este grave flagelo que vivimos las mujeres en la agenda política, de hecho Micaela, militante del Movimiento Evita, fue parte como tantas jóvenes de esta marea que se tiñó de verde contra la violencia hacia las mujeres y nuestros derechos.
La Ley Nacional 27.499 - Ley Micaela - que establece la capacitación obligatoria contra la violencia de género para todas las personas de los tres poderes del estado por ahora no tiene presupuesto asignado, y se da en medio de cuestionamientos que venimos realizando desde las organizaciones de mujeres y desde el Frente de Izquierda al recorte a las magras y deficientes políticas públicas de prevención contra la violencia de género por parte del gobierno provincial, nacional y el Estado, y las políticas de ajuste en curso que afecta mucho más a las mujeres y jóvenes, que es algo que los mismos legisladores de los bloques políticos mayoritarios, como Cambia Jujuy y el PJ, vienen avalando.
Una ley en medio del recorte a las magras políticas contra la violencia de género
Fueron varias legisladoras y legisladores de distintos bloques, que expresaron la importancia de la ley Micaela, e incluso se presentaron varios proyectos para la adhesión a la ley, sin embargo, suena hipócrita y hasta un lavado de cara, por parte del bloque oficialista y de sectores del PJ, que por un lado avalen este proyecto producto de la fuerza de las mujeres en las calles, y a la misma vez, hayan vaciado todo el año la comisión de Igualdad de oportunidades con perspectiva de género, que solo tuvo una sola reunión de comisión hace una semana para firmar el despacho de la Ley Micaela.
Así ni se debate y menos que se tratan proyectos que son prioritarios de la agenda del movimiento de mujeres y la diversidad, y sus organizaciones, como el Plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres presentado por el FIT, o proyectos similares de distintas diputadas, que contempla la construcción de refugios transitorios para víctimas de violencia de género, licencias pagas, subsidios para mujeres desocupadas y el acceso a la vivienda. La Ley de inserción laboral para las personas transgéneros, transexuales, y travestis, o ESI con perspectiva de género y sin incidencia de la iglesia, entre otros proyectos están cajoneados por los bloques mayoritarios.
Cuando el oficialismo y el PJ aprobaron el presupuesto nacional y provincial 2019, hemos denunciando que los programas nacionales que abordan las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia, sufrieron el recorte de por lo menos el 18 % del presupuesto comparado con el 2017 como sucedió con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) que tiene a cargo la aplicación de la Ley Micaela o las líneas 137 y 0800 que dependen del ministerio de justicia.
En Jujuy el presupuesto 2019 destinó sólo 5 millones de pesos para políticas de prevención de la violencia machista mientras se destinaron 60 millones para políticas represivas. Los tres refugios del Estado con los que cuenta toda la provincia para mujeres que son víctimas es la clara expresión que hay medidas concretas como la construcción de refugios, que el Estado y los gobiernos, tanto FPV como Cambia Jujuy, no lo garantizan a pesar de la existencia desde el 2009 de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para la Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, de la que la provincia adhirió.
Mientras pesan varias denuncias sobre el mal funcionamiento de la Secretaría de Paridad de Género, que además tiene a sus trabajadoras precarizadas, en Jujuy las denuncias sobre violencia de género superan las diez por día y hubo tres en el 2018, y en lo que va del año son tres mujeres quienes perdieron su vida y hay cinco casos de intentos de femicidio que se conocen.
El caso de Micaela Solano, joven de 16 años desaparecida desde el 20 de agosto en Perico, también pone al descubierto como al Estado y sus instituciones como la justicia, les interesa muy poco la vida de las jóvenes, de las que son hijas de peones del campo, de las familias pobres, por eso luego de 20 días la familia no tiene acceso al expediente de investigación, tuvo que realizar la denuncia en fiscalía federal ante la desidia de la provincia, sufriendo todo tipo de maltrato y cuestionamiento, y consiguiendo, producto de la movilización en las calles, que habiliten dos fiscales en la causa. En la localidad de Aguas Calientes una joven está siendo buscada por sus familiares. lo cual es totalmente preocupante, partiendo que por nuestra provincia, es zona de paso de redes de trata, pero también existen redes de prostitución.
El ajuste tiene cara de mujer y eso también es violencia
Mientras se trataba la Ley Micaela, afuera de la legislatura movilizaban mujeres de distintas comunidades indígenas de la provincia y de organizaciones sociales, en el marco del día de lucha de la mujer indígena, que reclamaban políticas de emergencia, como la alimentaria, el derecho a la educación intercultural bilingüe y a la propiedad comunitaria de la tierra.
Más temprano, eran las y los estudiantes y docentes, en su mayoría mujeres, que movilizaron ante un nuevo intento de cierres de carreras de los profesorados y el ajuste en curso del FMI, Macri, Morales y el PJ, que recae sobre la educación y la salud pública, y pesan mucho más sobre las mujeres, quienes están a la cabeza del trabajo precario e informal, muchas sobreviviendo de planes asistenciales del Estado que las condenan a ellas y sus hijes a la pobreza e indigencia, y quienes son la mayoría de los 19 mil jóvenes que en la provincia directamente ni estudian ni trabajan, sin ningún tipo de perspectiva de futuro. En esa misma sesión también se tuvo que dar cuenta de las maestras y estatales que en Chubut enfrentan el ajuste del gobernador del PJ Arcioni, golpeadas y desalojadas por patotas de la burocracia sindical de petroleros.
Desde el PTS y el Frente de Izquierda, junto a la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, planteamos en la sesión que por la memoria de Micaela, por todas las mujeres víctimas de femicidio y redes de trata, es que asumimos nuestro compromiso de poner nuestras bancas para fortalecer la organización en cada lugar de trabajo, de estudio, en los barrios y sindicatos, y para luchar por un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, por los derechos de las mujeres trabajadoras y la juventud, por ESI y aborto legal. Y junto con nuestras demandas, y nuestros compañeros varones para derrotar el ajuste del FMI, y porque se destine plata para educación y para salud y no para la deuda.
