Docentes. Ley de Educación en Mendoza: un laboratorio para el negocio de la bimodalidad y la precarización

En medio de un pico de la pandemia el gobierno abre el debate sobre una nueva ley de educación que legaliza la bimodalidad y los negocios de empresas tecnológicas, la precariedad y sobreexigenia a docentes, ajuste y persecución. #NoAEstaLey. Ya se escucha el rechazo desde las escuelas

En medio de uno de los momentos más críticos de la pandemia en estos meses, con picos de contagios y el sistema de salud al borde del colapso. En medio de una devaluación que vuelve a golpear los bolsillos de la clase trabajadora. Cuando son miles de pibes que quedan fuera de la virtualidad y sus familias están intentando sobrevivir, buscar dónde vivir, enfrentando despidos y rebajas salariales. ¿Qué hace el gobierno de Mendoza? Abre lo que será un verdadero fantoche de debate.

Este jueves 17, luego de haber aprobado la creación de una Bicameral de educación, se presentó el borrador de una nueva Ley de Educación para la provincia de Mendoza. Un gobierno que no abrió una sola instancia paritaria durante meses, mientras no solo la inflación se ha comido la capacidad de compra de nuestros salarios, sino que se impuso una educación de emergencia sin reglamentar ni formas, ni horarios, ni recursos. Y mientras si no fuera por la voluntad, esfuerzo y gasto de docentes y familias, la educación no se hubiera sostenido.

Como anticipo, este miércoles 16, se presentó un documento que ofició de fundamentos del proyecto. De su lectura se desprenden algunas cuestiones muy polémicas y muchas dudas. En primer lugar destacar que cuando ellos dicen una “ley para que los chicos aprendan”, nosotras leemos: una ley para legalizar la virtualidad mediante el negocio de las plataformas, la precarización laboral y ser pioneros en legalizar la “bimodalidad” sin ninguna responsabilidad “indelegable” sobre su garantía. Como si fuera poco, el art 143° del borrador sugiere que es potestad de la DGE avanzar sobre las reformas del Estatuto necesarias, a su entender y en el marco de esta pretendida ley. Ya vimos lo que significó esta "virtuidad" de emergencia en la pandemia. Pretender usar esta situación de emergencia para avanzar sobre derechos laborales.

Quieren meternos en un debate de una nueva ley de educación sin ninguna apreciación de la propia 26.206 (LEN) que le da marco legal, ni de sus implicancias, ni de sus consecuencias. Plantean un supuesto debate educativo que no parte de una necesaria evaluación real, seria y profunda, que tanto escriben en los documentos ni de un tiempo prudente para el conocimiento y la profundización necesarias para el debate informado.

Solo para tomar un aspecto central en este momento crítico y al que le dan relevancia en el documento: Mendoza es uno de los territorios con peor conectividad de todo el país. Como ya expresamos acá.

“Durante el 1er trimestre del 2020, se registraron 1.334.255 de accesos a internet, para casi 2 millones de habitantes. Pero, además, hay que considerar que de ellos solo 100.240 son de forma fija o sea tienen conexión en sus casas o son empresas o comercios con internet. Es decir que el restante 1.234.015 de conexiones se realizan desde un dispositivo tipo celular, lo cual es muestra de la enorme precariedad de la comunicación que hay. El gobierno de Mendoza reconoce que solo el 30% de los hogares tiene conexión. Entonces ¿Qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educación?.

Lo que proponen en el capítulo 6 del borrador es la creación del “SED”. (art.36°) “A fines de la presente ley, el Sistema de Educación Digital (SED) es la base para la articulación e integración de los procesos tecnológicos digitales de enseñanza, aprendizaje y de gestión administrativa y operativa del sistema educativo, promoviendo una nueva arquitectura del conocimiento y un proceso continuo de construcción y reformulación dentro del marco evolutivo de la digitalización cultural”. Con el fin, según dicen, de superar la brecha digital, proponen (art.39°) “componentes estructurales del SED: las plataformas, entendidas como herramienta de gestión, para la formación docentes, la articulación de la propuesta pedagógica y la modularización de las trayectorias de aprendizajes, como así también para favorecer la recopilación y el procesamiento de información del sistema educativo, alcanzando a todos los niveles y todas las modalidades de la Provincia”.

Deberían explicar los funcionarios que impulsan esto ¿quiénes integrarían este sistema? ¿Qué relación pretenden establecer con lo privado? ¿Cuando habla de educación por plataformas a qué se refiere?¿Las va a generar el estado? ¿o será un coto de caza de las empresas? ¿Por qué no lo explicitan?. El proyecto no explicita cómo se garantizaría este sistema de educación a distancia sin que ello implique una sobrecarga a la tarea docente, tal como lo estamos viviendo actualmente. Tampoco aclara otras alteraciones a las condiciones laborales docentes como salario, conectividad para estudiantes y docentes, extensión de la jornada de trabajo.

No podemos permitir que sobre la base de la emergencia en la pandemia legalicen la privatización de espacios y fabulosos negociados privados. Los paladines de la educación privada y los negocios de las plataformas, cursos virtuales y hasta universidades virtuales quieren regular el negocio. Narodowski es uno de los mentores, autor recomendado por el Director General de Escuelas.

Como ya dijimos acá, "Especialistas" de todo tipo hablan de "los beneficios de la virtualidad". Hay decenas de conferencias por videollamadas todos los días desde el Ministerio, desde Fundaciones, desde Universidades, sobre todo privadas, desde editoriales, etc, donde académicos, funcionarios y todo tipo de mercenario de la educación tiene la posibilidad de exponer sus fundamento”. Las grandes corporaciones como las grandes operadoras de telecomunicaciones como ATT, Vodafone, Huawei, Telefónica, entre otras) y las gigantes multinacionales tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Zoom, bancos, se frotan las manos.

El problema no es la bimodalidad sino que se use como excusa para incorporar a las corporaciones y sus rentables negociados a la educación pública cuando no se garantizan ni los dispositivos ni la conectividad de estudiantes, aunque los anuncien como protagonistas. Tampoco se reglamenta el trabajo docente en esta modalidad, volviendo a menospreciar los esfuerzos pedagógicos, didácticos, organizativos y económicos que estamos realizando para sostener el sistema educativo. Nos preguntamos qué consecuencias tendrá la legalización de la bimodalidad en relación al estatuto docente.

La nueva Ley de educación que pretenden viene con ajuste

No es nuevo el intento. Las Escuelas Artísticas Vocacionales hace rato que vienen resistiendo. Desde la pelea por las continuidades en el 2015 apenas asumido Cornejo y Jaime Correas, hasta el juicio con la DGE, resistiendo al cierre de talleres, etc. Los intentos de desfinanciarlas, sacarles incumbencias, recortar las plantas funcionales, etc. En el proyecto de Ley directamente las borraron de la órbita de la DGE y pasan a manos de los municipios, con la aclaración que alguna ley o reglamentación posterior se ocupará del tema, igual que jardines de gestión social y otras instituciones. Entre profesores y estudiantes se prendió la alarma y recientemente hicieron público un documento donde rechazan el proyecto de ley que las excluye, fundamentan en los marcos normativos nacionales su organización formal con trayectoria educativa y cultural brindada actualmente a más de 12.500 estudiantes. Las escuelas artísticas vocacionales garantizan educación artística, pública y de calidad. Por ello sostemos junto a la asamblea de EAV “QueNoSeApagueElArte

Legitiman el espionaje y el ciberpatrullaje

Sobre la cuestión de las redes sociales alarma que se le dedique un inciso a docentes (art 11°), familias (art.9°) y estudiantes (art. 7°). Particularmente para docentes, argumentando las exigencias de la profesión, se propone establecer como obligación hacer uso responsable de las redes sociales teniendo presente que los comentarios u opiniones son públicos y además se exige comunicar el uso inconveniente de parte de colegas.

Estas supuestas obligaciones más cercanas al ciberpatrullaje y al buchonaje legalizado van en contra de las libertades individuales. Entendemos una peligrosa aplicación del Código Contravencional contra docentes, estudiantes y sus familias cuando no coincidan con la política de turno y los funcionarios que las encarnan, cuando reclamen por condiciones dignas donde enseñar y aprender.

Legitiman de esta forma métodos y prácticas que ya aplicaban, como la escandalosa sanción sobre Ermili, supervisor de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo y presidente de la APDH Regional Mendoza.

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Educación a medida de los Organismos Internacionales

En el artículo 34° nombran a los organismos internacionales en los sistemas de evaluación. Y su lenguaje lleno de “eficiencia económica”; “eficacia pedagógica”; “efectividad política”; “equidad y calidad” nos recuerda demasiado a los años ´90. La propuesta es la intervención de los agentes de crédito en educación. Ya sabemos que esta intervención mediante pruebas estandarizadas, mucho dicen de cómo lograr profesores “excelentes en liderazgo”pero todo silencian de las lógicas situadas, de los saberes construidos en las escuelas por docentes y estudiantes, de sus propuestas de mejora como reales partícipes del proceso educativo. Discursos que proponen “que los chicos aprendan” y que esconden la exigencia de competencias para el mercado global. Hablan de calidad medible en forma estandarizada y sobre criterios de desempeño. Hablan de innovación , pero leemos reforma gerencial de la educación. Una preocupante insistencia en las ideas de “flexibilidad”, “descentralización” y el hincapié en la “gestión”.
La evaluación estandarizada bajo la órbita de agencia de crédito se vuelve política educativa, lo que significa rendir cuentas periódicamente sin poner en cuestión las herramientas de evaluación ni quiénes evaluarán, por qué ni para qué. Esto va de la mano de lo que explícitamente habilita el artículo 123°, que es el financiamiento externo. Ya conocemos la ecuación.

Thomas venía diciendo en los diarios que “..un foco importante es lograr disminuir la brecha socioeconómica. No podemos tener los niveles de disparidad entre los que más aprenden y los que menos aprenden y que el primer predictor de esto sea el nivel socioeconómico del lugar donde le tocó nacer. A veces no es un problema de economía sino del lugar donde le tocó vivir. Y por allí no le va mal económicamente a la familia, pero vive en Ranquil Norte o Bardas Blancas y no hay estudios superiores” (diario Los Andes). Están presentando un proyecto de ley que en sus fundamentos naturaliza absolutamente la desigualdad, la exclusión y la pobreza, poniendo el foco en la culpabilidad de las familias o del territorio. Proponen pensar una educación para un sistema de millones de pobres. Una educación para la “incertidumbre”, como alguna vez tuvimos que escuchar a Esteban Bullrich (el ex ministro de educación que ahora devino en senador de cartón en las sesiones de zoom). “El proceso de revisión de la ley habilita el interrogante en un momento en el cual las incertidumbres actuales y sobre mundo actual y del futuro son cada vez mayores en varios sentidos”. Y cuando hablan de incertidumbres hablan de una educación para la producción, adecuada a la matriz productiva que seguirán intentando imponer tarde o temprano, como ya intentaron en diciembre pasado con la 7722.

La pandemia es la coartada

Vienen por todo y la pandemia es una excusa. Pero nada bueno podíamos esperar. Son el gobierno del Ítem Aula, del Decreto 530 para la educación Superior, del cierre de curso y carreras, del castigo a los y las trabajadoras que sostienen día a día la educación pública. De subejecución de presupuestos. Un Director General de Escuelas con trayectoria en la privada y una lucha muy larga de los y las trabajadoras, estudiantes, familias, sectores obreros y populares en defensa de la educación pública.

Tendremos que impulsar nuestros espacios de deliberación y de construcción de una propuesta alternativa desde lo político, pedagógico y curricular. Desde el SUTE, pero fundamentalmente desde cada escuela y en toda la provincia hay que abrir un debate que nos permita tomar postura, expresar qué queremos, qué necesitamos y organizarnos para tomar la iniciativa. Este lunes y martes se realizarán jornadas en las escuelas y este podría ser el espacio para organizarnos, debatir todos los temas que hacen a la educación pública y votar un contundente plan de lucha. Particularmente las escuelas artísticas y los institutos de educación superior tienen un gran desafío, porque a unas se las invisibiliza y para otros avasalla los derechos conquistados elevando a rango de Ley el nefasto y para nada consensuado decreto 530. En medio de una realidad muy crítica donde el estado no está garantizando ni lo más elemental para enseñar y aprender hay que dar vuelta las prioridades.

Hay que retomar las calles para enfrentar todo este ataque.