Mundo Obrero. Licencia por violencia de género: las docentes reclaman su sanción con urgencia

Según datos de la Casa del Encuentro, solamente en el año 2015 hubo 286 casos de femicidios en Argentina. Y en los últimos meses, muere una mujer cada 26 horas.
Este dato es alarmante, y cada vez crece más.

En el gremio docente la gran mayoría son mujeres, que tienen que trabajar dos o tres turnos para mantener a las familias, que luego continúan trabajando en las casas, que son madres solteras y sostenes de hogar.

Estas mujeres son las que viven en carne propia la violencia de género, en la que el femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias. Que tengan que reventarse trabajando para subsistir, a costa de su salud; que sufran la doble opresión de ser explotadas en el trabajo y luego continuar con las “tareas del hogar”, un trabajo no remunerado, también es violencia.

El proyecto del Frente de Izquierda

El año pasado, una maestra jardinera en Córdoba fue asesinada a manos de su exmarido que, a pesar de tener orden de restricción del hogar, la buscó en su trabajo y la mató delante de sus alumnos.

Cuántos casos hay de docentes que se tienen que tomar licencia psiquiátrica porque son víctimas de violencia, porque no existe la licencia por violencia de género.
Por eso desde el FIT se presentó un proyecto, previamente discutido con maestras de escuela y organizaciones docentes, que contempla que las mujeres puedan trasladarse a cualquier jurisdicción del país que quieran o necesiten, a cualquier provincia, bajo el mismo cargo que estén ejerciendo en la actualidad.

Las docentes que son víctimas de violencia de género atraviesan una situación en la que muchas veces corre riesgo su vida. Así que el estado tiene la responsabilidad de facilitarle lo máximo posible las herramientas para salir de esta situación.
Por eso es grave que, como plantean el PRO y la Coalición Cívica, se pretenda judicializarlas para poder tramitar la violencia de género: desde el FIT se plantea que con la denuncia o certificación de cualquier organismo de protección de derechos de las mujeres es suficiente, mientras que el PRO y la CC exigen una denuncia judicial.
Lo grave de esto es que no sólo las denuncias judiciales llevan mucho tiempo y esto hace mucho más difícil la grave situación por la que de por sí está pasando una mujer, sino que pretenden que las mujeres estén a merced de una justicia machista y patriarcal, que encarcela mujeres cuando llegan a hospitales con abortos espontáneos, como sucedió con el caso de Belén en Tucumán; la misma justicia que es cómplice y responsable por el negocio de la trata y la prostitución.

Parece que para el PRO y la CC la vida de las mujeres no importan tanto como los papeles burocráticos y requisitos formales.

Sin embargo, también los kirchneristas, que se pretenden mostrar como “progres”, presentaron un proyecto de ley contra la violencia de género, mientras hacen poco y nada para organizar mujeres y pelear en las calles por sus derechos.

La ley contra la violencia de género sancionada en 2009 terminó el mandato kirchnerista sin presupuesto para su aplicación, y negaron durante sus 12 años de gobierno la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se presentará esta semana por sexta vez, permitiendo que miles mueran por abortos clandestinos. A ellos tampoco les importa la vida de las mujeres.

Las docentes de pie

A un año de haber desbordado el Congreso gritando por Ni una Menos, y después de que fueron miles nuevamente en las calles, no hay políticas desde el estado que den respuesta inmediata a estos problemas que tienen que ver con la vida y muerte de miles de mujeres.

Las medidas desde ya que no solucionarán el problema de fondo, de una sociedad machista y patriarcal, que culpabiliza y victimiza a las mujeres; una sociedad capitalista en que el estado a través de sus instituciones legitima, garantiza y reproduce la violencia de género, y en la que, como se señaló más arriba, el femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias.

Sin embargo, las medidas concretas son urgentes y necesarias para paliar esta situación.

Desde los congresales de la oposición en UTE y de la Comisión de Mujeres de Ademys, se está impulsando la discusión en las escuelas sobre el proyecto, y una campaña de apoyo y juntada de firmas.

La aprobación de esta licencia es urgente y necesaria. Podrá conquistarse como las mujeres hicieron históricamente: organizándose en las escuelas y saliendo a la calle.

Que es lo que vienen haciendo. Y como aprendieron históricamente a conquistar sus derechos, que nadie les regaló.