Enfermeros que atendían pacientes con covid-19 fueron despedidos de manera arbitraria sin justificación a fines de octubre. Luego de presentaciones para exigir respuestas al ministerio de salud, accedieron a un informe que daba cuenta de las causales de carácter persecutorio y discriminatorio: "ideales diferentes", "poca vocación de servicio", "no tienen identidad por la institución".
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Jueves 24 de diciembre de 2020 10:50
Las denuncias de persecución y hostigamiento hacia el Ministerio de Salud y sus funcionarios no son nuevas. De hecho, en plena pandemia y colapso sanitario, trabajadores de los hospitales de campaña además de denunciar salarios adeudados, falta de obra social, ART, y hasta baño durante la noche, plantearon que eran hostigados y amenazados si protestaban.
Directoras de hospitales de campaña - HOSCAM como el de Ciudad Cultural que amenazaban a los trabajadores con frases que son populares de parte de patrones que pisotean derechos: "si no te gusta renuncia", "los primeros años son así, qué más pretendes", "todos hacemos esfuerzos". Y fueron algunos sindicatos, también, que denunciaron persecución y hostigamiento, que se expresó con intentos de traslados, sanciones, multas, incluso descuentos salariales, y distintos mecanismos de violencia laboral.
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No es casual que quienes estuvieron a la cabeza de las protestas en pandemia sacando a la luz lo que el Gobierno quiso guardar debajo de la alfombra, hayan recibido una Cédula de Notificación en sus casas llevado por la policía. La misma establecía la rescisión de un contrato para el 31 de octubre. Los motivos, la precariedad laboral.
Listas negras
La nota elaborada por la Licenciada Mariela Martínez, Directora de Gestión de Salud del Hospital de Campaña, dirigida a la Directora de Capital Humano, Dra. Florencia Forte, de fecha del 01/10/2020, hace mención a una lista de trabajadores de la salud, 14 enfermeros profesionales que según la directora no reúnen la "valoración del perfil profesional" y "práctica moral" y que por tal motivo "no están en condiciones de prestar servicio en la institución", y por tal motivo solicita la no renovación de contratos, o sea despidos.
¿Cuáles fueron los criterios de evaluación esgrimidos en la nota?
Por si fuera poco Martínez resalta valores tenidos en cuenta para "evaluar" al trabajador/a:
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"Si no te gusta, podes renunciar"
Si hay algo que es evidente es que los criterios de evaluación de funcionarias del ministerio de salud son de carácter arbitrario, discriminatorio y persecutorio que posibilita junto a la precariedad laboral los despidos. Y está muy lejos de algún tipo de objetividad en la realización de un seguimiento y de evaluación de las tareas y funciones, que tendría que comenzar por quienes tienen que garantizar las condiciones laborales necesarias para hacerlo, o sea en este caso el Estado, el ministro de Salud y sus funcionarias.
En el Ministerio de Salud, pero en el resto de las reparticiones del Estado, sucede todo lo contrario. Las evaluaciones, sin mecanismos ni criterios elaborados en relación a lo que establecen los Convenios Colectivos de Trabajo en la Administración Pública, sirve para atacar a los trabajadores, incluso avasallando el derecho a la organización sindical y a realizar medidas de lucha.
Quién tiene la evaluación negativa es el ministro de salud Gustavo Bouhid, y el Gobierno de Gerardo Morales que desde el inicio no garantizaron condiciones laborales estipuladas por ley, en la constitución provincial y nacional. Peor aún, despidieron a quienes alertaron de la grave situación, que afectaría incluso, no sólo a los trabajadores y sus familias, sino a pacientes con síntomas de covid-19 que llegaban de toda la provincia al Hospital de Campaña de Ciudad Cultural en pleno colapso sanitario.
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Son esenciales, no descartables
Contar con baño de noche, tener cambiadores con espacio, garantizar jornadas laborales de 8 horas, pagar al día el salario y que parta de la canasta familiar, contar con obra social, ART y aportes jubilatorios, y plenos derechos, sin padecer violencia laboral por parte de jefes y jefas, son obligaciones que el Estado tiene que garantizar. Son las demandas que realizaron las y los esenciales que no sólo que se pusieron a la cabeza de la atención sanitaria en plena pandemia, sino que lo hicieron desarmados y hasta perdiendo la vida.
Exigimos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y que se garanticen plenos derechos para quienes estuvieron durante meses en la primera línea de combate contra el coronavirus. También el pase a planta permanente de todos los contratados y precarizados que son alrededor de tres mil en la provincia, y trabajaron en pandemia, indispensables a la hora de un nuevo rebrote y que son necesarios si hablamos de fortalecer el sistema sanitario de Jujuy, como propusimos con un proyecto de Ley presentado desde las bancas del PTS FIT.
Las direcciones sindicales de la salud como ATE y APUAP/CTA no pueden mirar para otro lado, y tienen que tomar el reclamo de quienes están precarizados y en las peores condiciones en salud, no como elección sino por imposición. Con la fuerza de los más precarizados, y generando la unidad de todos los sectores del sistema sanitario, en asambleas democráticas, se puede definir un plan de lucha contra los despidos, el pase a planta y todas las demandas. Contra la carestía de la vida, las paritarias de hambre y contra el ajuste del FMI. Fuerzas hay, motivos sobran.
