Editorial. Lo que desenmascaró Guernica: balas y fuego a quienes enfrentan el ajuste del FdT y el FMI
A mediados de 2020 unas 1400 familias ocuparon un terreno en la localidad bonaerense de Guernica. Meses después, tras la orden del juez de Cañuelas Martín Rizzo, el gobernador Axel Kicillof ejecutó el desalojo. Unos 4.000 efectivos y agentes especiales de la Bonaerense -bajo el mando de Berni- rodearon la zona y comenzaron a derribar las viviendas precarias. Hubo heridos y decenas de detenidos. El Estado incumplió todas sus promesas. En el predio ocupado hoy se planea hacer una cancha de golf mientras las familias siguen sin una vivienda digna.
El 29 de octubre de 2020, durante la madrugada, un destacamento de hombres armados por el Estado ingresaba a un predio tomado por 1400 familias sin techo. El gobernador Axel Kicillof ordenó al ministro Sergio Berni que ejecutara el desalojo. Con 4.000 efectivos policiales y agentes especiales rodearon la zona y comenzaron a derribar las precarias viviendas. Las topadoras destruyeron todas las pertenencias de las familias, incluido los juguetes de los niñes. Durante cuatro horas la Policía Bonaerense estuvo dentro del predio y las casas linderas amedrentando y hostigando a los habitantes del barrio. Se llevaron a más de 40 personas detenidas por resistirse a ser desalojadas. Hubo heridos de bala de goma, hospitalizados, y mucho dolor y angustia de esas familias por perder todo, de lo poco que tenían.
El grupo inversor Bellaco S.A. y Nidia Edith Desplats, de Liorsel S.A., han sido los principales impulsores del desalojo de estas familias. Hicieron la presentación judicial que asumió el juez de Cañuelas Martín Rizzo y el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, quienes dieron lugar al pedido de desalojo de los especuladores inmobiliarios.
Una vez que el juez dictó la orden de desalojo, el gobierno provincial acató, a pesar de la demagogia de los funcionarios de Kicillof desplegada en las semanas previas. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, fue el encargado de tratar de engañar con falsas promesas a las familias, a quienes les aseguraba que el Gobierno no tenía la voluntad de desalojarlos a la vez que les prometía que les entregarían terrenos para construir sus viviendas.
Previo al desalojo las familias que ocupaban el predio sufrieron el amedrentamiento de la Policía. No era fácil llegar al barrio porque los uniformados lo tenían todo cercado. Durante la madrugada, además, tenían un helicóptero que sobrevolaba las viviendas. Querían asustarlos, agotarlos, que sus nervios fueran colapsados para que no pudieran continuar en la lucha y abandonaran el predio, así el gobierno no pagaba ningún costo político.
Sin embargo, estas valientes familias seguían peleando de forma organizada para conquistar un techo digno. Fue así que el 29 de octubre una decisión judicial ordenó el desalojo.
Escondidos detrás de la orden firmada por el juez Rizzo, todos los funcionarios provinciales y nacionales justificaron el desalojo. Kicillof días antes aseguró: “ahí hay una ocupación de un terreno que tiene dueños, que hicieron una denuncia ante un juez. El juez, el fiscal, el sistema judicial, resolvió que tenga que haber un desalojo. La Policía de la provincia, las fuerzas de seguridad son auxiliares de la Justicia. El que resuelve las condiciones de desalojo es el juez. Y es una resolución judicial. Nosotros no podemos, si la voluntad del juez es contraria, hacer otra cosa que esa”.
El gobernador mintió. Lo dejó en evidencia una de las abogadas de las familias que ocupaban el predio. Laura Taffetani -también letrada del registro de abogados de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires-, sostuvo que el desalojo era ilegal porque uno de los presupuestos para la acción de usurpación, es probar la titularidad de esas tierras. Cuestión que no fue acreditada en el expediente.
La abogada explicaba que “el Estado provincial podría negarse a cumplir la orden del juez si considera que es ilegal o, como dice la ley nacional de niñez 26.061 en sus artículos 2 y 3, cuando establece que es obligatoria la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto su Interés Superior. Esto significa que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Foto Matías Baglietto | Enfoque Rojo
Fue una decisión política del gobernador Kicillof y el presidente Fernández acatar la orden judicial de desalojar, al tiempo que se engañaba a cientos de familias con promesas que estaban decididos a no cumplir. Ésa fue también la respuesta del Gobierno -un despliegue policial con balas de goma, topadoras y gases- a las familias sin techo que durante tres meses reclamaron por su derecho elemental a tener una vivienda.
Durante la pandemia, estas familias fueron las víctimas directas de una política económica y social que profundizó las consecuencias del covid-19. Porque el Gobierno del Frente de Todos eligió privilegiar las ganancias de los grandes empresarios y banqueros, así como aplicar un ajuste a los sectores populares para pagar al FMI. En este periodo tres millones setecientos mil trabajadores se quedaron sin empleo, lo que llevó a muchos de ellos a perder su vivienda. Muchos de los ocupantes de Guernica se quedaron sin trabajo durante la cuarentena y ya no pudieron pagar un alquiler -una realidad que se repitió en todo el país-. Lejos de resignarse a vivir en la calle, mostraron -y siguen mostrando- predisposición a organizarse para buscar un espacio donde vivir, conscientes de que la pelea sería dura pero se podía ganar.
La crisis social provocada por el macrismo empeoró durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que decidió beneficiar a los dueños del país y no a los sectores populares que durante la campaña dijeron que iban a representar.
Foto Joaquín Díaz Reck | Enfoque Rojo
Así lo demostró Kicillof quien ejecutó un desalojo violento, tal como lo pedían los especuladores inmobiliarios y los dueños de los countries -estos son los verdaderos usurpadores de tierras y cuentan con el aparato represivo del Estado y el Poder Judicial-.
Para llevar adelante su política, el Gobernador le otorgó toda la potestad a Sergio Berni. El ministro de Seguridad, principal encubridor de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro y de tantos otros crímenes policiales en pandemia, mostró toda su vocación represiva y su desprecio por los pobres sin techo. A lo Rambo, llegó esa madrugada en un helicóptero, acompañado por un móvil de TN, para dirigir la represión.
Mientras las precarias viviendas eran destruidas, niñas y niños veían cómo eran destruidos sus juguetes. También le dispararon a una diputada por la ciudad de Buenos Aires, Alejandrina Barry. Como si fuera una fiesta esta escena atroz, los fiscales de la causa posaron para una selfie con el dolor de las familias y el humo detrás.
Luego del amplio repudio popular que generó la represión, el ministro Berni afirmó ante los medios que “ninguno de los gases lacrimógenos que se vieron en el desalojo fue tirado por nosotros. Todos provenían de grupos más radicalizados de izquierda que tenían no solamente esos gases sino también las máscaras antigases". La Izquierda Diario demostró con material propio la falacia del ministro.
Esas mentiras como envoltorio de la represión no sólo fueron ignoradas por los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, sino que sus mismos titulares se sumaron a la campaña macartista.
Horacio Pietragalla y Matías Moreno no sólo están ausentes de la defensa de los derechos humanos vulnerados, reiteradamente, en Guernica. Además ellos mismos justificaron la represión a quienes no dudaron en llamar “delincuentes” por el mero hecho de osar reclamar un pedazo de tierra para vivir. A su vez recurrieron al macartismo berreta y la criminalización de las organizaciones sociales y la izquierda para desviar la atención sobre la gravedad del asunto.
A través de audios enviados por Whatsapp a grupos de organismos de derechos humanos oficialistas, Pietragalla justificó la represión, y por supuesto, también mintió. Sostuvo que en el momento de la represión sólo quedaba “un sector radicalizado, que son los troskos, que estaban fomentando el acampe”. Y cubriendo a Berni dijo que, “sinceramente, se hizo un esfuerzo muy grande para no llegar a un desalojo. Pero bueno, los sectores de izquierda fomentaban que haya cada vez más gente”.
Garrote para aleccionar, resistencia popular
El gobierno llevó a periodistas de TN (Grupo Clarín) en el helicóptero oficial para que transmitiera la represión. Con Guernica pretendieron enviar un mensaje al conjunto de la población pobre para desalentar nuevas tomas y lograr persuadir a quienes ya ocupaban otros terrenos a que desalojaran ante la presencia policial.
Pero Guernica se inscribe en un “mapa” mucho más amplio de casos represivos por parte de la Policía Bonaerense ejecutados durante la cuarentena estricta. Uno de los más ominoso fue la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, aún impune y encubierta por el mismo Gobierno. También dentro de las cárceles provinciales el Estado mató e hirió a mucha gente a manos del Servicio Penitenciario.
Esto se debe a que durante la pandemia, frente a la crisis social y sanitaria, el Frente de Todos decidió empoderar a las fuerzas represivas nacionales y provinciales -al punto que cedió sin chistar ante el chantaje de la “paritaria 9mm” de la Bonaerense-. Las consecuencias no se hicieron esperar. Casos de gatillo fácil, crímenes en los lugares de encierro, abusos policiales.
Fue una política deliberada del Gobierno del Frente de Todos que tiene, antes que nada, el plan de acordar con el FMI el pago de la deuda fraudulenta. Por eso, ante cada caso que se le va de las manos, busca poner “orden” ante una crisis de enorme profundidad que no hará más que agravarse bajo el régimen del FMI. Con el hambre de millones arrojados a la miseria sólo podrán cumplir esos acuerdos y con represión a quienes salen a luchar contra la precarización de la vida.
Pero Guernica también demostró la predisposición a la lucha y organización de muchas y muchos que pierden su vivienda, su trabajo, la educación de sus hijos. No hubo en ellas y ellos resignación, sino voluntad de pelear hasta el final por lo que les corresponde. La represión buscó aleccionar a este sector y que otros se miraran en el espejo de Guernica. La resistencia, con organización y movilización, fue la lección que cientos de familias le dieron a miles y miles de pares que viven su misma situación.
A un año de la represión en Guernica, las familias se siguen movilizando. En cada nueva marcha o protesta dejan en evidencia las mentiras oficiales. Si el garrote fue la única “salida” mostrada por el Gobierno del Frente de Todos a la grave situación sufrida por esas familias, la lucha organizada es la única manera de enfrentarla. Hoy, un año después de sufrir las balas, los gases y el fuego, siguen peleando. Su ejemplo no pudo ser aniquilado. Y eso es muy importante, sobre todo por lo que se viene.
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