Desde el sábado 18 de mayo agentes de la Guardia Nacional custodian el perímetro de la estación migratoria Siglo XXI. El discurso de derechos humanos de López Obrador se rompe ante el despliegue policíaco-militar para amedrentar a las y los migrantes.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 21 de mayo de 2019
Se evidencia la reaccionaria función de la Guardia Nacional con el despliegue en la estación migratoria de Tapachula. Así responde el gobierno de López Obrador ante las protestas y fugas de las y los migrantes hacinados en los centros de detención.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) personal de la Guardia Nacional ingresó sólo por este sábado a la Estación Migratoria, para armar una cocina en el patio de maniobras y alimentar a los agentes que prestan el servicio de vigilancia. Como si el despliegue de militares uniformados y armados no constituyera un acto de intimidación hacia las personas adultas y los niños que emprendieron una peligrosa travesía para huir de la violencia y la miseria de sus lugares de origen.
Este despliegue se dio el fin de semana previo al anuncio de este lunes 20 de Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), del Plan de Desarrollo Integral para el sur de México, El Salvador y Guatemala, junto con el presidente López Obrador, que consiste en megaproyectos como forma de disuadir a la población local de migrar.
Apenas el pasado 15 de mayo, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció que en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en las últimas semanas aumentó mucho el número de personas detenidas, especialmente
en la región de la frontera sur, en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas.
Este centro de detención tiene capacidad para 900 personas, pero aloja a casi 2 mil señaló Jarab. Hacinamiento, servicios de salud deficiente, privación de la libertad, maltrato son la realidad cotidiana de los migrantes, adultos y niños allí detenidos. De acuerdo con el comisionado, esta situación se considera violatoria de derechos humanos.
Lo cierto es que el gobierno mexicano, mientras habla de derechos humanos, en realidad despliega la política de la zanahoria y el garrote. Intenta ilusionar a los sectores más empobrecidos de Centroamérica con el plan de la Cepal, al tiempo que exige la cooperación de Estados Unidos y Canadá para el mismo, pero para quienes no acatan la orden, les espera en México la Guardia Nacional, que ya empezó a operar.
Esta nueva fuerza represiva tendrá, entre otras facultades, funciones como la verificación de documentos, la detención de migrantes que transiten por México, la vigilancia de los centros de detención migratoria y el control de garitas y zonas fronterizas, con la colaboración del Instituto Nacional de Migración (INM). Así lleva a cabo el gobierno mexicano la política antimigratoria ordenada desde Washington.
Ante esto, es necesario que la clase trabajadora de México y en especial los sindicatos que se reivindican democráticos, junto a la juventud y a las comunidades de los pueblos originarios alcen la voz contra el hostigamiento hacia las y los migrantes y por la vuelta de los militares a los cuarteles, que con más de diez años de la guerra contra el narcotráfico hemos visto que la militarización no es la salida para enfrentar la violencia estructural que se vive en la región.
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