Los gobiernos solo piensan en los jóvenes desde la precarización, la represión y los bolsillos empresariales. Más balas y “gatillo fácil” es la salida que les brinda el estado para frenar la inseguridad.
Miércoles 14 de febrero de 2018
Los docentes de contextos de encierro llevamos nuestra memoria cargada de este tipo de experiencias. Hay muchos pibes en Córdoba que desde niños conocen cada rincón del Complejo Esperanza, un lugar de encierro para menores en conflicto con la ley penal. Su primer ingreso es una visita a un hermano o familiar mayor. Luego, se insertan en las profundidades de la única salida que encuentran: hacerse de un “cuero” (cartera/billetera), un celular o asaltar a un desprevenido. Así empiezan a compartir la sombra del cemento. Los ingresos posteriores ya no serán los días de visita, sino que pasarán a engrosar las cifras de los condenados a soportar el “enyugue” (encierro) diario.
Llantos, pedidos desesperados por las madres, intentos de fuga, moretones y cortaduras en el cuerpo: eso les espera a quienes ingresan al Complejo. Pero el candado empezará a calar hondo y hará duros y fuertes a quienes deban pasar meses, tal vez años, entre cuatro paredes. Porque es mentira la creencia popular de que los pibes “entran por una puerta y salen por otra”; para que ocurra hay que tener amparo (ser hijo de un político, de un empresario, de un juez o de alguien cercano al poder), o mucho dinero. La inmensa mayoría de los menores de edad que caen en el Complejo pertenecen a barrios marginales, son pobres y ni siquiera tienen alguien que los defienda.
Poco a poco, estos pibes empezarán a naturalizar lo terrible que les espera y aprenderán a sobrevivir en soledad.
Cuando finalmente llega el día de primer permiso o de la libertad, juran “recatarse” y no volver a delinquir. Prueban trabajar en obras, limpian vidrios, recolectan papas en el cinturón verde o son tomados en los lavaderos de autos. Todos estos trabajos extenuantes, con interminables jornadas de explotación ininterrumpida, dejarán en sus bolsillos unos pocos pesos para llevar a casa.
El encierro está repleto de jóvenes. En la cárcel de mayores, el promedio no supera los 30 años. Llegan sin haber terminado la escuela primaria o secundaria y, con el estímulo de escapar rápido de sus cadenas, comienzan a estudiar o hacen cursos de oficios. Oficios que al salir no encontrarán lugar de trabajo: la marca del “choro” no se quita, y la puerta laboral para quien estuvo preso se cierra con la misma facilidad con la que se abre la del delito.
El dominio de los grandes narcos (que viven en countries y comparten sus negocios con la policía en los barrios), tanto como el peligro constante del “gatillo fácil” y la persecución interminable de la policía (que hará de la gorra la señal de caza en grandes razzias con el discurso de combatir la inseguridad), llevarán a estos jóvenes a darse cuenta de que el estado no es protección sino un instrumento al servicio de la clase dominante.
No ver salida los mueve a retroceder varias casillas. Vuelven al punto de partida sabiendo que el gran delito está guardado para los señores del sistema, pero que al menos con un arma en la mano pueden prolongar su vida.
Bancando el gatillo fácil
“Quiero reconocer tu valentía y expresarte mi apoyo”. Así el presidente Macri alentaba a Chocobar a seguir asesinando pibes pobres por la espalda y a quemarropa, como ocurriera con Pablo Kukoc, de 17 años. El senador del kirchnerismo Sergio Berni se alineó con la postura del Gobierno nacional respaldando el accionar policial.
Quieren invertir la carga de la prueba al hablar de la inocencia policial que asesina cumpliendo funciones y lograr impunidad para el accionar represivo.
La Ministra Patricia Bullrich sale a hablar de un “cambio de doctrina”, retomando la idea de Ruckauf de “meter bala a los delincuentes”, para impulsar junto a Garavano una futura reforma al Código Penal.
¿Por qué cuando la gente siente miedo pide más policía? La idea instalada por la clase dominante es que la policía está para “cuidarnos” (cuando en verdad está para “cuidarlos”) y si los pibes de los barrios son delincuentes y los policías dan seguridad, tiene que haber más policías y menos pibes.
En sintonía, Schiaretti (que cada tanto saca a relucir los pañuelos blancos para lavarse la cara) en la Unicameral expresó "que la inseguridad es hija de la exclusión social”, renglón seguido comenzó a detallar con orgullo el gasto destinado a reforzar las fuerzas represivas. Para el gobernador, en una provincia donde hay más canas que maestras y los pibes de los barrios sufren el acoso diario de la “narcopolicía”, a la exclusión social se la enfrenta con represión.
Mientras se suceden los despidos, la incorporación de policías parece no tener límites. En el 2017 se sumaron 1480 y en el 2018 prometen incorporar 1350 más. Millones invertidos en reforzar a las fuerzas que volcarán a las calles para enfrentar las protestas sociales y los reclamos de los trabajadores.
Hay que organizar la resistencia
La policía es la responsable del crimen organizado. Es un aparato mafioso que organiza las redes de trata, los desarmaderos, el narcotráfico y que hostiga a los pibes en los barrios, obligando en muchos casos que éstos roben para la fuerza, como ocurriera con Luciano Arruga.
Bullrich habla de un “cambio de doctrina”, pero a los pibes se los mata en los barrios hace tiempo. Un paso más en la criminalización de la pobreza y la juventud buscando legalizar la pena de muerte.
Quieren militarizar una sociedad que cada vez cuestiona más al Gobierno.
Pretenden impunidad para el accionar represivo, lo que les garantizaría poder usar las fuerzas de seguridad en las represiones por venir.
Es necesario impedir que se consume la impunidad del accionar, debemos enfrentar los intentos de legalización del gatillo fácil y la violencia del Estado. A este gobierno se lo puede derrotar. La única forma de enfrentar esta avanzada es organizándonos y coordinando acciones para enfrentarlo.
