Pasa bastante seguido que la discusión pública deriva hacia las pequeñas cosas, hacia la pequeña política. Llega un momento en el que no se sabe qué se está debatiendo. La lógica de la “grieta” llevada al extremo termina, a veces, en esos lugares. Por eso no está demás, cada tanto volver a los grandes trazos y poner la lupa en los temas gruesos que quedan tapados detrás de todo ese humo en el que cae “la conversación nacional”: ya sean unos tuits impresentables de referentes impresentables entre los jugadores de rugby, ya sean las disputas en el entorno de Maradona o el gran problema que, presuntamente, tenía una expresidenta con sus zapatos. Pablo Anino va a hablar en este programa sobre el favoritismo estatal que logró Paolo Rocca para quedarse con gran parte de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta, a través de su empresa Tecpetrol. Y la continuidad que hay entre el Gobierno de Macri y el de Alberto Fernández en este punto. Pero estos días volvió a ser noticia, ocupando espacios secundarios en los grandes medios, la empresa Vicentin, precisamente porque el juez a cargo de la quiebra, Fabián Lorenzini, emitió una resolución mediante la cual establece la intervención de la agroexportadora por noventa días. Una de las razones fue la sistemática negativa de los directivos de la empresa a dar información para el expediente del concurso. No presentaban los balances o lo hacían tardísimo, tenían unas lagunas tremendas. Recordemos, Vicentin la expropiación que no fue. Esa empresa es parte de un oligopolio privado en la producción y comercialización de productos agroindustriales que conforman una serie de empresas que tienen la capacidad de hacerse con las materias primas, son dueñas de los puertos y en algunos casos tienen ferrocarriles propios. Poseen el poder de especular con el tipo de cambio a través de la no liquidación de divisas, de acordar con los productores que se “sienten” sobre sus silobolsas para presionar por devaluaciones y de empujar el vaciamiento de las arcas del Banco Central. Hablamos de Bunge, Cargill, Molinos, Dreyfus o Aceitera General Dehesa, comercializadoras de cereales y productoras de aceites, en lo que algunos llaman “el sector más dinámico de la economía”. En un artículo de hoy de El Cohete a la Luna, el periodista Sebastian Premici pone luz sobre algunas maniobras y ocultamientos de estas empresas: Por ejemplo: “El transporte de materias primas por operativo ferroviario carece de control ya que nadie certifica la mercadería que se carga en origen ni la que se descarga en destino, por lo general en terminales portuarias. La mercadería almacenada en silos bolsa en el campo muchas veces se sube directamente al camión y se traslada sin ningún tipo de control ni certificación. En definitiva, la liquidación impositiva depende exclusivamente de sus declaraciones juradas, sin tener posibilidad el Estado de auditar la veracidad de las mismas”. El Banco Central tuvo que intimar a varias empresas, entre ellas AGD, propiedad de Roberto Urquía y el actual presidente de la UIA, Miguel Acevedo, la multinacional Bunge, Molinos Agropecuaria SA y Oleaginosa Moreno Hermanos SA., para que liquiden divisas que no venían liquidando en tiempo y forma. En noviembre se liquidó un total de 1734 millones de dólares, apenas un 1% más que en octubre. Sin embargo, en la comparación interanual la merma fue del 20 % y en el acumulado del año se liquidó un 14 % menos que en el mismo período de 2019. Luego de las PASO del año pasado, cuando veían que se podían reinstalar impuestos, las cerealeras adelantaron ventas para saltearse el aumento de las retenciones a la soja, de esa manera, se garantizaron una ganancia extra. Luego de adelantar ventas decidieron sentarse sobre los dólares en medio de la puja cambiaria de septiembre y octubre de este año. Sin embargo, fueron de los sectores a los que mejor trató el Gobierno nacional porque se necesitan esos dólares. Les redujeron –temporalmente– las retenciones a la soja y se estableció un diferencial a favor de la industria. Y ahora avanzan con un proyecto de ley donde se garantizarían estabilidad fiscal por una década. El artículo de Premici también denuncia que quedó al descubierto el rol de ciertas entidades financieras, como el Citi, Santander y Galicia, que juegan a “la desinformación” en connivencia con las propias cerealeras ¿Esto por qué?, porque las cerealeras dicen que los bancos no le dan la información clara y gente de los bancos dicen que las cerealeras no quieren esa información clara. En el medio de eso, ganan tiempo con una especulación por desinformación. Vicentin es el caso paradigmático: triangulación en la exportación, comercialización en negro, manejos discrecionales en los puertos, no liquidación de divisas. La empresa quebrada con métodos fraudulentos tenía sin ingresar al BCRA 500 millones de dólares y el Grupo Olio, que empezó a utilizar sus instalaciones, otros 400 millones. Hay quienes dicen que debería ponerse la mirada en los barcos que llegan para cargar soja en Rosario pero que primero pasan por Uruguay porque algunas sociedades declaran ya vienen cargados con un 30 % de granos, pero en realidad están vacíos ¿Entonces? Lo hacen para no pagar retenciones y declarar menos exportaciones de las que realmente realizan. Maniobras, discreción, ocultamientos, secretos, camuflajes; algunos ilegales, pero la mayoría en una zona gris cubierta por el secreto bancario, comercial, el monopolio privado del comercio exterior y el blindaje mediático que no pone el ojo ahí. No hay escándalo mediático por esto, no hay indignaciones del mainstream periodístico. Ojo eh, no solo en los medios opositores. Sin embargo, los míseros aumentos en los salarios, en las asignaciones universales, en las pensiones o en las jubilaciones están bajo el escrutinio de todo el mundo. Sin un miserable 5 % de aumento a las jubilaciones, AUH y demás asignaciones era a cuenta o no, casi genera una crisis nacional. Con una desfachatez a prueba de balas, Claudio Moroni, el ministro de Trabajo dijo hace poco que el salario digno es “el que podemos pagar” y así se discute si debe seguir el IFE o no etc. En un texto escrito en 1917, un hombre que en ese momento estaba a la cabeza de un proceso revolucionario, llamado Vladimir Lenin escribía: “Generalmente, no nos damos cuenta hasta qué punto han arraigado en nosotros las costumbres y prejuicios antidemocráticos en cuanto a la ‘santidad’ de la propiedad”, decía Lenin. Cuando se “publican los ingresos y los gastos de un obrero, los datos referentes a su salario y a la productividad de su trabajo, eso se considera perfectamente justo y legal. A nadie se le ocurre ver en ello una intromisión en la ‘vida privada’ del obrero. La sociedad burguesa considera el trabajo y los ingresos de un asalariado como su libro abierto, en el que cualquier burgués tiene el derecho de husmear en cualquier momento y de denunciar en cualquier momento el ‘lujo’ del obrero, su supuesta ‘haraganería’.” Una descripción tan válida para aquella Rusia de 1917, como para esta Argentina de 2020. Un foco en las grandes cuestiones, en los grandes intereses en juego a los que hay que volver, para evitar perdernos en los terribles debates sobre pequeñas cosas.
