Tucumán. Luis Espinoza: desaparición forzada seguida de muerte y encubrimiento policial

Durante una semana familiares y vecinos de Luis Armando Espinoza emprendieron una búsqueda desesperada en el monte tucumano para encontrarlo con vida, luego de que el joven fuese visto por última vez durante un operativo policial en un paraje de Simoca. Desde un primer momento, el testimonio de Juan Antonio Espinoza, hermano de Luis, fue contundente: “A mi hermano le ha disparado la policía”. Siete días después, con el “pacto de silencio” entre los policías quebrado, el cuerpo de Luis Espinoza fue hallado en un paraje de Catamarca, cerca del límite con Tucumán.

“Mi hermano justo cuando me estaban pegando, se ha bajado del caballo y les dijo que no me peguen. Ahí sacan la pistola y le disparan. No lo ubico al policía pero es un rubio”, relató Juan Antonio. Él no alcanzó a distinguir qué pasó con su hermano. “No alcanzo a ver bien porque justo me pegan en la cabeza y me tiran al piso. Y de ahí él ha desaparecido, no sabemos qué le han hecho”, denunció.

Con la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza se escribe una nueva página que ilustra el carácter de la Policía como brazo armado del Estado.

El plan del encubrimiento

Cómo se ha informado, el cuerpo de Luis Espinoza fue encontrado a unos 100 metros cuesta abajo de la ruta 65 en la zona del paraje Las Banderitas, a 300 metros del límite entre Tucumán y Catamarca. El desenlace está antecedido por un accionar para garantizar el encubrimiento y la impunidad que caracterizan a los crímenes que involucran a policías.

El viernes 15 los hermanos Espinoza iban a caballo para visitar a un familiar mientras se desarrollaba un operativo policial ante una supuesta carrera cuadrera clandestina. No hay registro de la orden del procedimiento, mucho menos de lo que ocurrió allí. El comisario de Monteagudo, Rubén Montenegro, había convocado a nueve policías que fueron al operativo vestidos de civil y en autos particulares. Cuando llegaron comenzaron a disparar. Juan Antonio denunció que estuvo esposado y detenido cerca de una hora, mientras la Policía cercaba la zona e impedía el paso.

Luego, desde la comisaría de Monteagudo, donde revistan todos los policías involucrados, se dio conocimiento a la Fiscalía 24 horas después de lo sucedido. La versión policial sostenía que los disparos habían sido al aire para disuadir y que Luis se había escapado monte adentro, deslizando incluso la posibilidad de que se escapaba porque había robado la recaudación de la carrera clandestina. Al mismo tiempo, el comisario Montenegro le decía a la familia Espinoza que no se lo podía dar como extraviado porque no había pasado el tiempo suficiente para hacer la denuncia.

Los rastrillajes iniciados por los pobladores de la zona de Simoca se concentraba pensando que Luis podría encontrarse en un recorrido que terminaba el embalse de Río Hondo, ubicado en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero. Pero el plan de los policías fue dirigirse hacia el oeste, en la zona de Alpachiri. La razón, creen los investigadores, fue porque el comisario Montenegro desarrolló parte de su carrera en la comisaría de esa localidad.

Para la pesquisa judicial, el cuerpo de Luis Espinoza fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y desde allí partieron hacia territorio catamarqueño. En dos autos particulares pertenecientes a policías se encontraron restos de sangre y biológicos. Mientras que ayer en la comisaría de Monteagudo también se encontraron rastros de sangre, que esperan ser cotejados. También se aguarda los resultados de la autopsia, donde se busca también un proyectil que pueda ser contrastado con las armas secuestradas (una pericia arrojó que 4 armas habían sido disparadas recientemente).

El Estado es responsable

El crimen de Luis Espinoza vuelve a centrar la atención en el Gobierno de Juan Manzur, que viene de ser anfitrión de Alberto Fernández. Con un silenzio stampa en la semana, el gobernador buscó despegarse lo mayor posible de los costos por este nuevo escándalo nacional. Para ello, también, los funcionarios del Ministerio de Seguridad realizaron las trilladas declaraciones de que dejarán actuar a la Justicia y luego aplicarán las sanciones que sean necesarias.

El secretario de Seguridad provincial, Luis Ibáñez, realizó una valoración llamativa sobre lo sucedido. Ante La Gaceta definió todo como una “mala actuación” en un operativo “que había sido normal”; y, contrario a lo que dice el expediente, no habla de policías disparando —que, recordemos, estaban de civil y en autos particulares— sino de una “refriega”, como si los hermanos Espinoza se hubiesen enfrentado a los policías.

El ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley, también se corrió del centro de la escena. Pero lejos de no ser un actor, el comandante mayor retirado de Gendarmería tiene una responsabilidad política. Maley viene de defender la “doctrina Chocobar” en el asesinato de Facundo Ferreira, con un respaldo abierto a los policías implicados.

La metáfora de una manzana podrida dentro de un cajón, sobre la que se apoyan los funcionarios, ocultan dos factores que son importantes para pensar el marco general. Por un lado, una Policía que traza hilos de continuidad entre los oficiales formados en la tortura por Bussi y compañía, el grupo parapolicial del Malevo Ferreyra y los múltiples casos de gatillo fácil como Ismael Lucena o Facundo Ferreira. De hecho, entre los policías acusados, dos ya tenían denuncias por apremios ilegales y por la muerte de un joven producto de los golpes. A nivel encubrimiento, el accionar policial en el femicidio de Paulina Lebbos quizás sea el más elocuente.

Por otro lado, también hay que contemplar el respaldo a las fuerzas de seguridad durante la cuarentena. Los policías habían dicho que el operativo era para que se respete decreto presidencial de la cuarentena y que había ocurrido, como dice el secretario Ibáñez, una refriega. En nombre del aislamiento social, obligatorio y preventivo, la Policía tucumana ya acumulaba denuncia por razzias, golpes y coimas, pero contando al mismo tiempo con una legitimación por parte del poder político y judicial, que exhibe la cifra de 6000 detenidos durante la cuarentena como un parámetro de eficacia.

Esta idea fue expresada de manera muy sincera por Gerónimo Vargas Aignasse, convertido en la principal espada de Manzur en la Legislatura. El parlamentario afirmó que desde el oficialismo buscan aprovechar las “atribuciones extraordinarias” dadas a la policía “en el marco de la emergencia” y sostenerlas más allá de la cuarentena. El sueño de la demagogia punitiva de contar con un cheque blanco para el control policial que golpea sobre los sectores obreros y populares, haya o no aislamiento.

En el crimen de Luis Espinoza coinciden una práctica sistemática de las fuerzas represivas y una legitimación punitiva durante la cuarentena. Más que una falla del Estado, es la consecuencia de su carácter de clase. Esta vez cobrándose la vida de un trabajador rural de 31 años, padre de 6 hijos. Por eso es imprescindible acompañar el reclamo de los familiares por el juicio y castigo, denunciando la responsabilidad estatal.

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