Así lo afirma un informe emitido por la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA). Los datos fueron obtenidos a partir de una encuesta propia realizada a principios de Septiembre.
Pablo Herón @PhabloHeron
Martes 22 de septiembre de 2020 12:07
Las medidas de aislamiento como respuesta a la pandemia tuvieron entre sus principales afectadas a las trabajadoras de casas particulares. Los datos más recientes del INDEC arrojan que hoy ascenderían a 1,73 millones de las cuales solo 515 mil están registradas en AFIP. El informe relevado toma como base la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS) realizada en 2018, que calculaba 1,5 millones de trabajadoras y un porcentaje de 76,8 % que se desempeñaba de manera informal.
Sobre la base de estas últimas estadísticas es que la UTDA estima que “durante la cuarentena habrían perdido su empleo de manera directa o indirecta, expresa o tácita, unas 277.500 trabajadoras” y “unas 99.000 trabajadoras, en la actualidad no prestan tareas ni perciben sus correspondientes salarios, es decir, que sin haber sido despedidas expresamente, habrían sido tácitamente suspendidas sin goce de haberes”.
La encuesta realizada arroja que “el 72,4 por ciento de las personas encuestadas es Jefa de Hogar (sólo el 32,9 está casada o vive en concubinato) y el 62,6 por ciento tiene menores a cargo”.
Por otro lado, también afirma que el 53,9 % percibió su salario de manera íntegra durante la cuarentena, mientras que el 22,6 % no habría percibido nada, el 13,8 % habría cobrado mensualmente solo una parte de su sueldo y el 9,7 % solo algunos meses.
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Una situación sumamente crítica para un sector social que atraviesa la crisis económica con salarios por debajo de la línea de pobreza. De la encuesta, también surge que “22,9% de las trabajadoras domésticas percibía al momento del inicio de la cuarentena una remuneración mensual inferior a $ 10.000.-, el 25,1% inferior a $ 15.000.-, el 36,1% inferior a $ 20.000.- y el 14,4% inferior a $ 30.000.- pesos”. A lo que sumaba “el 48% percibe un salario inferior a la jubilación mínima y ni siquiera gana lo suficiente para cubrir la denominada Canasta Básica Alimentaria (hoy en $ 14.586.-) que marca la línea debajo de la cual se cae en la indigencia”.
Durante las medidas de aislamiento, muchas denunciaron que sus empleadores no les pagaron con el argumento de que podrían cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el mismo que se les niega por ser inmigrantes y/o falta de actualizaciones registrales.
Mientras el Gobierno les brindó a los empresarios el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para el pago de salarios, a las trabajadoras de casas particulares se las excluyó sin otorgar una medida concreta para paliar la falta de ingresos. Según el informe desde el mes de junio se encuentra vencido el acuerdo “paritario” celebrado en el año 2019, pero hasta el momento la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, por expresa instrucción del Poder Ejecutivo Nacional, se niega a a convocar a las organizaciones que componen ese organismo para fijar un aumento salarial.
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Pablo Herón
Columnista de la sección Género y Sexualidades de La Izquierda Diario.
