A un mes del asesinato de siete presos en una comisaría detuvieron a cinco policías bonaerensea. Pero Alberto Donza, jefe de la “banda”, sigue libre. Exigen que Ritondo actúe contra la impunidad.
Daniel Satur @saturnetroc
Sábado 8 de abril de 2017
Foto Veintitrés
El 4 de marzo, en este sitio, se dijo que los hechos ocurridos en la Comisaría Primera de la localidad bonaerense de Pergamino constituían, lisa y llanamente, una nueva masacre perpetrada por el Estado criminal.
Esa definición no surgía de una adivinanza sino de una constatación empírica, sustentada por una larga historia de violencia institucional donde la Policía de la Provincia de Buenos Aires (como sus pares de otras provincias y las fuerzas represivas federales) es protagonista.
Un mes después la sentencia se vio corroborada por los mismos hechos. El lunes pasado, mientras un millar de personas marchaban por las calles de Pergamino con familiares de las víctimas a la cabeza, eran detenidos los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas.
Son cinco policías que estuvieron de turno durante las horas en las que se produjo el incendio en las celdas donde estaban alojados 19 detenidos, hecho en el cual perdieron la vida Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Carlos, Juan Cabrera, Fernando Latorre.
A los cinco efectivos se los acusa de haber cometido el delito de “abandono de personas seguida de muerte”. Aunque obviamente para los familiares de las víctimas (y de las nueve personas que salvaron sus vidas) esos uniformados son directamente homicidas, las detenciones fueron muy bien recibidas por quienes marcharon exigiendo justicia.
Quien sigue sin ser detenido es uno de los máximos responsables de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, titular de la Comisaría Primera de Pergamino, a quien desde el Poder Judicial aseguran estar buscándolo. Vale dudar de la intención real de encontrarlo, toda vez que quien está encargado de la pesquisa es nada menos que el personal de Asuntos Internos de la Bonaerense.
Maniobras
La tardanza de un mes para detener a los cinco subordinados de Donza y la condición de prófugo del comisario no hacen otra cosa que contribuir a que la verdad y la justicia alrededor del caso se encuentren un poco más lejos de cuando se produjo el hecho. Eso piensan también desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuya delegación estuvo el lunes en Pergamino para conversar con las familias de los fallecidos y marchar junto a ellas.
Ayer viernes la CPM le envió una carta al ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, donde le exigen “medidas urgentes para investigar las acciones policiales que presionan a la justicia y agravian a familiares”.
El pedido se basa en varias cuestiones. Por un lado la ausencia deliberada del comisario Donza, máximo responsable material de la masacre. Por otro lado, “una serie de acciones organizadas y promovidas por policías de Pergamino, con el objetivo de defender a los agentes detenidos”, como marchas a favor de los acusados y hasta la publicación de fotos en las redes sociales de fotografías de la víctimas calcinadas acompañadas de mensajes agraviantes en tono de burla y sorna por lo sucedido.
La denuncia de la CPM y la exigencia a Ritondo se da después de que el organismo defensor de los derechos humanos se reuniera con los familiares de las víctimas, tomara contacto con el expediente y mantuviera reuniones con el intendente y concejales de Pergamino y con el fiscal general del distrito, Mario Daniel Gómez.
Con la información recogida a lo largo del mes y sobre todo de esta última semana, desde la comisión liderada por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) no dudan en que las diferentes maniobras de los imputados y sus socios de la fuerza represiva “se proyectan como parte de una estrategia corporativa de la fuerza que pretende ocultar responsabilidades de los funcionarios policiales que estaban de turno la tarde del incendio”.
Esa estrategia, además de buscar el ocultamiento de las responsabilidades, constituye un claro intento de “amedrentamiento para todos los testigos cuyo testimonio es fundamental para el avance de la causa”.
En la marcha del lunes, a la que asistieron también un nutrido grupo de familiares de víctimas de la violencia institucional de diferentes ciudades de la provincia, Pérez Esquivel declaró ante los presentes que llegaron a Pergamino a expresar su “solidaridad y acompañar la lucha por justicia por los siete jóvenes asesinados en la Comisaría”. Por su parte Nora Cortiñas afirmó que “tenemos que estar en las calles para frenar la violencia policial que sufren nuestros jóvenes”.
De la delegación de la CPM formó parte también su secretario Roberto Cipriano García, para quien es momento de “establecer las responsabilidades políticas por este estado de situación”. En ese marco dijo que es necesario dejar de “alojar personas en comisarías” ya que “esto sólo incrementa las violaciones a los derechos humanos”.
En su análisis de los sucesos de Pergamino, la Comisión por la Memoria incorpora una exigencia más: “que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios políticos y judiciales que, conociendo la situación en que se alojaban los jóvenes, no tomaron medidas para revertir la situación”.
Violencia de clase
La historia de la violencia institucional en Argentina, y por ende en la Provincia de Buenos Aires, demuestra que a la hora de privilegiar los intereses de las clases dominantes y sus agentes armados (como son las policías y los servicios penitenciarios) los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no escatiman en encubrimientos, maniobras distractivas y verdaderos actos de criminalización sobre la población trabajadora y pobre.
Es de esperar entonces que, así como lo hicieron en su momento Daniel Scioli y sus ministros reaccionarios Ricardo Casal y Alejandro Granados, ni María Eugenia Vidal ni Cristian Ritondo se sientan demasiado interpelados por las exigencias de los familiares de las víctimas de la masacre de Pergamino y de la Comisión Provincial por la Memoria.
Mucho menos en un contexto en el que el gobierno bonaerense, siguiendo los pasos de Mauricio Macri, parece estar decidido a meter más balas, palos, cárcel y encierro contra la población trabajadora y, muy particularmente, contra sus sectores organizados que salen a la calle a protestar.
La importante movilización del lunes en Pergamino demuestra que, pese a las maniobras de los criminales de uniforme y sus encubridores, la violencia institucional seguirá siendo combatida por las víctimas, sus familiares y miles de amigos y vecinos de los barrios populares. Allí hay que buscar la razón de las cinco detenciones de esta semana. Y en su persistencia radicará la causa de que al comisario Donza finalmente se lo encuentre.
¿Buscado? Comisario Alberto Donza
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc
