El Senado mendocino busca modificar la ley 8284 mediante la cual se creó el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes.
Viernes 17 de julio de 2020 18:38
Foto: Gobierno de Mendoza
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial emitió despacho respecto al proyecto de ley remitido por el ex gobernador Alfredo Cornejo, para modificar la ley 8284 mediante la cual se creó el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes (CPPT). Desde el Frente de Izquierda, y organismos de Derechos Humanos denuncian que “se busca silenciar al comité provincial para la prevención de la tortura, avasallar la autonomía, excluir a los organismos de Derechos Humanos y coparlo con funcionarios afines al oficialismo”.
En un comunicado del CPPT expresaron que “El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad impulsó la reforma de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión. Las reformas propuestas tienden a generar mayor vulneración de derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Cabe destacar la “contradicción”: justamente la iniciativa es propia del ministerio objeto de control de esta Comisión.”
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Al respecto, el Senador Lautaro Jiménez del FIT declaró en un comunicado de prensa que: “Reemplazan a organismos independientes por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno, que recientemente avaló la represión contra los trabajadores municipales donde se denunciaron golpes y ensañamiento contra los detenidos. No se puede tener un comité contra la tortura con quienes avalan la tortura de las fuerzas de seguridad. Asimismo se integran el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar y el Colegio Público de Abogados de la 1era Circunscripción Judicial”.
La modificación de la ley plantea reemplazar la actual composición de 12 miembros de organizaciones no gubernamentales, por una composición donde solamente podrá haber 1 miembro de organizaciones independientes y de Derechos Humanos.
“Resulta extremadamente preocupante que en el marco de una creciente criminalización de la protesta social y la pobreza y con un historial de denuncias de torturas en las cárceles mendocinas ante organismos internacionales, se busque terminar con la independencia de los organismos que actúan como control de los poderes del Estado. Ante un escenario de creciente conflictividad por la crisis económica y social que atraviesa el país y la provincia, estas medidas sólo buscan generar mayor impunidad”, agregó el Senador Jiménez.
Desde la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (XUMEK), expresaron su rechazo “desde XUMEK decimos NO a la reforma de la Ley 8.284, porque las organizaciones de la sociedad civil somos actores imprescindibles a la hora de garantizar el control al Estado, la implementación de estrategias de prevención de la tortura, prevenir la impunidad en los hechos de violencia institucional y sobretodo velar por el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos. NO A LA REFORMA DE LA LEY 8.284 EN MENDOZA”.
A su vez, el Estado argentino mantendrá una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Será el próximo 23 de julio en Washington y se tratará el Caso 12.532 sobre las Penitenciarías de Mendoza, cuya solución amistosa incluía la conformación de un mecanismo local de prevención de la tortura y la creación de la figura de la procuración de las personas privadas de la libertad. Todo esto bajo estándares internacionales que se verían seriamente comprometidos con la modificación de la ley 8284 que el gobierno de Mendoza envío a la Legislatura para que se apruebe en breve. Por este motivo se hará expresa en esta instancia internacional la oposición a ese proyecto de ley”, señalaron en un comunicado los abogados que acudirán a la audiencia.
Para finalizar, desde el Frente de Izquierda señalaron que “desde nuestra defensa incondicional de los Derechos Humanos, vamos a rechazar este proyecto y convocamos a todos los organismos de derechos humanos independientes, a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, ambientales y estudiantiles a rechazar este proyecto.”
