A un año de la histórica movilización, miles de mujeres volverán a las calles. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en la lucha contra la violencia machista? ¿Qué pasó con las grandes promesas electorales?
Cecilia Soria @Ceci_Soria_
Lunes 30 de mayo de 2016 14:40
Nos han conmocionado los más de 60 femicidios en lo que va del año, en especial en Mendoza los casos de María José Coni, Marina Menegazzo y la pequeña Melanie Trinidad Rodríguez. Pero el Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de aplicar la Ley 26485 cuenta con la ridícula suma del 0,0055 % del total del presupuesto nacional, que equivale a $ 4,50 por mujer. Y en Mendoza, por diferentes medios de comunicación, se alerta la posibilidad de cierre del único refugio para mujeres que sufren violencia. Transformando la Ley de Protección Integral a las Mujeres en papel mojado. Mientras hay millones para los buitres, no es prioridad del Estado la vida de las mujeres.
A esta ley promulgada en el 2009 por el kirchnerismo, nunca se le destinó el presupuesto necesario para su aplicación integral, con los aires de “cambio” del nuevo gobierno se profundiza esta situación. Sumándose el brutal ajuste en curso, con tarifazos, inflación y despidos, que afecta principalmente a las mujeres pobres y trabajadoras. Cornejo, el mejor alumno de Macri, fue impulsor del “Itém Aula” contra las trabajadoras de la educación que son el 95% del sector. Miles de mujeres que soportaron altos niveles de precarización durante los pasados 12 años ahora son despedidas. Como en el Casino de Mendoza que, de los más de 80 despidos, 60 fueron trabajadoras, entre ellas embarazadas y con licencia por maternidad. Y frente a la resistencia de las y los trabajadores la respuesta es represión, como la que vivimos el pasado martes en la Casa de Gobierno.
Los programas de salud sexual y reproductiva están siendo desfinanciados, como denuncian sus propias trabajadoras. La Universidad Nacional de Cuyo ha dejado de entregar anticonceptivos gratuitos. Desde diferentes lugares de la provincia, se denuncia lo mismo en la salud pública y obras sociales. Gigantesco cinismo si tenemos en cuenta un estudio del “Fondo de Población de las Naciones Unidas” que reveló datos alarmantes sobre el embarazo adolescente, mostrando que en Mendoza el 20% de las ingresadas a las maternidades públicas son menores de 19 años (porcentaje que aumenta en el Valle de Uco y La Paz), y de ese total el 30% lo hace por segunda vez. Mientras tanto el último censo revela que en nuestra provincia hay 147.833 adolescentes mujeres, y la mitad de ellas no tiene obra social, es decir pertenecen a sectores de bajo recursos.
La educación sexual integral y el aborto no punible tampoco son prioridad de Cambiemos.
A principios de este año, María Julia Amodeo, quien es directora de Planificación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, declaró respecto a la aplicación de la Ley de Educación Sexual que “Por ahora, el tema está estacionado” fundamentalmente debido a los “objetores de consciencia”, cediendo a la presión de los sectores más rancios y conservadores de la sociedad mendocina. Entre ellos la jerarquía eclesiástica, que tiene una triste y larga historia de lobby a mujeres y niñas violadas para que no decidan practicarse abortos no punibles. Recordemos que este derecho está tipificado en el Código Penal desde 1921 y aún está pendiente de su aplicación, a pesar de las promesas de campaña de Cornejo.
La condena a la joven tucumana Belén quien fue acusada de practicarse un aborto, en un proceso y un juicio plagado de irregularidades, es muestra clara del lugar que da el Estado a las mujeres pobres. Ante las desapariciones se expresa lo mismo, la justicia mendocina nunca puso foco en buscar a Johana Chacón, Soledad Olivera y Gisela Gutierrez, pero por medio de jueces misóginos como Uliarte dio un mensaje de impunidad para las redes de trata y de explotación sexual.
Este 3 de junio nos sobran los motivos
Desde el PTS en el Frente de Izquierda hemos presentado diversas iniciativas parlamentarias entre las que se encuentran la Ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer, somos firmantes del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, presentamos pedidos de aplicación de la Ley de Trata y del Protocolo para la Atención de Abortos No Punibles, la exigencia de Libertad a Belény anulación de la condena y diversos pedidos de informes y declaraciones por los derechos de las mujeres. Los partidos mayoritarios se niegan a tratarlos en el recinto. Estas iniciativas las ponemos a disposición como herramienta para la lucha porque sabemos que sólo la movilización puede conquistarlas.
Viendo el rol que juegan todos los poderes del Estado, nos demuestra que nuestra organización debe ser independiente. Nuestra fuerza, que ha arrancado a este sistema todos los derechos con los que hoy contamos y sobre los que debemos pararnos, debe ser un grito de guerra en las calles el próximo 3 de junio. Para esto tenemos que organizarnos desde nuestros lugares de estudio, trabajo y barrios porque no queremos #NiUnaMenos por femicidios, por redes de trata, por abortos clandestinos, ni el ajuste, los despidos y la represión. En esta pelea te invitamos a organizarte y marchar con Pan Y Rosas en el Frente de Izquierda.
