La senadora Noelia Barbeito, las legisladoras del FIT Macarena Escudero, Cecilia Soria, Mailé Rodriguez, Melisa Prado y las concejalas electas Jesica Bustos y Micaela Blanco Minoli solicitaron a la ministra de Salud de Mendoza, Nélida Elisabeth Crescitelli, que la provincia adhiera al protocolo del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación.
Jueves 8 de febrero de 2018 16:39
La senadora Noelia Barbeito, las legisladoras del FIT Macarena Escudero, Cecilia Soria, Mailé Rodriguez, Melisa Prado y las concejalas electas Jesica Bustos y Micaela Blanco Minoli solicitaron a la ministra de Salud de Mendoza, Nélida Elisabeth Crescitelli, que la provincia adhiera al protocolo del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación.
Barbeito señaló que "presentamos este pedido al Ministerio para que cumplan con lo que se habían comprometido. La adhesión al protocolo denominado “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado en 2010 y actualizado en 2015, es una necesidad urgente para que las mujeres que son víctimas de una violación tengan el derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en un hospital y no ser judicializadas o depender de la objeción de conciencia del médico. A pesar de estar legislado en el código penal desde 1921, las trabas para poder acceder al aborto no punible son enormes".
Y continuó, "no puede ser que Mendoza sea noticia porque todavía es una de las pocas provincias que no adhiere a este protocolo. En la sociedad y los medios de comunicación incluso se está debatiendo la interrupción voluntaria de cualquier embarazo, pero acá ni siquiera se cumple con lo que establece la ley y la Corte Suprema. Se trata de un problema de salud pública, no podemos sostener más este anacronismo con la realidad y los derechos de las mujeres".
Por su parte la diputada Soria explicó que, "les pedimos que dejen de mirar para otro lado. En la legislatura provincial también tenemos presentado hace varios años un proyecto para esta adhesión, pero ni cuando el peronismo era gobierno ni bajo la actual gestión radical hubo voluntad para debatirlo. Vamos a seguir reclamando por todas las vías posibles que se cumpla con esta demanda por la cual las mujeres nos venimos organizando y luchando desde hace mucho".
"En la sociedad y los medios de comunicación incluso se está debatiendo la interrupción voluntaria de cualquier embarazo, pero acá ni siquiera se cumple con lo que establece la ley y la Corte Suprema. Se trata de un problema de salud pública, no podemos sostener más este anacronismo con la realidad y los derechos de las mujeres"
Y agregó, "también reafirmamos nuestro planteo de fondo por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de formal legal, segura y gratuita; la distribución de anticonceptivos en todos los hospitales y centros de salud y la educación sexual en las escuelas. La interrupción del embarazo es una realidad en nuestro país. Por año en argentina se realizan mas de 500.000 abortos y mueren alrededor de 300 mujeres por las condiciones clandestinas e inseguras de los mismos. Tener una política de salud pública es una herramienta para que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos. Según las estadísticas en los últimos años entre el 70%y 90% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizaron por fuera de los hospitales públicos o privados, solo teniendo en cuenta los casos registrados que son una minoría. La clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad de las mujeres embarazadas en nuestro país, mientras que donde se ha obtenido este derecho la mortalidad ha bajado enormemente. Se trata de que las mujeres que deciden hacerlo, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura".
Para finalizar Barbeito afirmó, "esta vulneración de derechos afecta principalmente a las mujeres trabajadoras y pobres que no cuentan con recursos para acceder de forma segura. La provincia de Mendoza, a pesar de que han pasado 8 años desde la elaboración de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” del Ministerio de Salud de la Nación, aún no cuenta con un sistema público de salud que lo esté aplicando".
La posibilidad de interrumpir un embarazo bajo determinadas circunstancias, es una posibilidad que está contemplada desde 1921 en el Código Penal Argentino, sin embargo, las mujeres mendocinas no pueden acceder a este derecho. Las legisladoras presentaron una nota oficial en la mesa de entrada del Ministerio y señalaron que esperan que el gobierno le de respuesta positiva a este tema que cuenta con el aval mayoritario de la población y hasta se debate en los programas de televisión. Esperamos que Mendoza pueda ser noticia porque se avanzó en reconocer derechos y no por casos como el Próvolo.
