Constará de la pérdida de puntos sin posibilidad de recuperarlos. Un claro ataque sobre los estudiantes para el acceso a la educación pública
Miércoles 15 de marzo de 2017 10:26
Foto: mendoza.edu.ar
La resolución empezó a regir a partir del comienzo del ciclo lectivo 2017, de la mano del Director General de Escuelas de la gestión Cornejo, Jaime Correas. Esta resolución consta de eliminar las acciones reparadoras, es decir, que los estudiantes que pierdan puntos en el Índice de Convivencia Escolar no podrán recuperarlos.
Quienes se queden sin puntos, serán considerados estudiantes en situación condicional y deberán incorporarse al Sistema de Escolaridad Protegida.
Desde la DGE argumentan que la recuperación de puntos con acciones reparadoras no modificaba la conducta de los estudiantes, que es engorroso para las escuelas controlar que se realizaran las acciones y, además, que el Consejo Escolar de Convivencia pasaba mucho tiempo analizando las faltas, la acción recuperadora a realizar y con ello, demoraba las sanciones.
Sumado a esto, las autoridades de cada escuela, e incluso los preceptores, son quienes deciden sobre la modalidad de la sanción, es decir, con total arbitrariedad y presto a la subjetividad de lo que puede implicar una falta para cada directivo; en esto puede entrar, también, que la crítica desde los estudiantes hacia la institución sea tomada como falta en cualquiera de sus variables.
Se trata de un claro ataque a la Educación Pública, debido a que impide el libre acceso a ella. El Sistema de Escolaridad Protegida es una forma de separar y marginar a aquellos estudiantes “conflictivos” de la comunidad educativa, que nada tiene que ver con ayudarlos a reincorporarse a la institución y también demuestra la poca preocupación por parte del Estado sobre las distintas realidades a las que son sometidos los estudiantes por fuera de la escuela. Además, aumenta la punibilidad, aunque la DGE lo niegue, ya que acelera el proceso de sanción y de expulsión.